En los últimos tres años y 10 meses, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) obtuvo ganancias por más de 194 millones de pesos por sanciones administrativas a empresas radicadas en el estado de Veracruz.
De acuerdo con la solicitud de información 301153022000079, el monto recaudado por la dependencia, a cargo de Sergio Rodríguez, es mayor al presupuesto de 4 años al Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), que fue de 98 millones 500 mil 171 pesos.
El documento también señala que fue durante la emergencia sanitaria por la pandemia de la covid-19 cuando la dependencia más castigó con multas al sector empresarial. El pico más alto se registró en 2020, con 61 millones de pesos.
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Los montos que le siguen son del 2022 con casi 59 millones de pesos y 2021 con 55 millones. Para el periodo de julio del 2021 a julio del 2022, la dependencia acumuló 159 sanciones.
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Entre las clausuras y sanciones por incumplir las leyes ambientales, destaca una el 7 de mayo de 2020, donde la dependencia, a cargo de Sergio Rodríguez Cortés, clausuró una de las sucursales de la tienda Sam´s Club, en la zona norte de la ciudad de Veracruz, por depositar sus desechos en un basurero a cielo abierto en el municipio de José Azueta, ubicado a 180 kilómetros de distancia, que opera de manera irregular.
Por estos hechos, la PMA multó al grupo Wal-Mart con 5 millones de pesos. Un mes antes, el supermercado Soriana en Boca del Río también fue clausurado, por manejo inadecuado de cubrebocas utilizados por empleados.
Entre estas multas estaban las 10 empresas que fueron sancionadas en julio de este año, por incumplir con leyes ambientales durante la extracción de roca basáltica en la región de Los Tuxtlas. De acuerdo con Rodríguez Cortés, se aplicaron multas de entre 300 mil y un millón de pesos.
Empresas denuncian irregularidades en procedimientos de la PMA
En 2020 otra clausura levantó polémica, pues en el mes de julio elementos de la PMA clausuraron la funeraria La Luz, ubicada en el fraccionamiento Floresta del puerto de Veracruz, el cierre fue por el presunto incumplimiento de permisos y licencias de operación de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedena).
Mediante un vídeo que circuló en redes sociales, se puede ver la discusión que sostuvieron los trabajadores de la PMA con los encargados de la funeraria, pues aseguraron que este procedimiento fue irregular, ya que argumentaron que personal de la PMA se negó a recibir la documentación.
Alfredo Sánchez López, representante legal de la funeraria, informó que la medida tomada por los funcionarios fue un acto ilegal, por lo que procedería por abuso de autoridad contra los funcionarios.
A esta denuncia se le sumaron otras de empresarios de la zona conurbada, quienes presuntamente declararon que los funcionarios de la PMA pedían dinero para no multar o clausurar los negocios, de acuerdo con un reportaje publicado por el medio Latinus, en julio de 2022, donde una empresaria acusa a la dependencia de estos actos.
En el vídeo, la empresaria narra que trabajadores de la PMA acudieron al domicilio de su empresa para realizar una inspección y que derivado de ello clausuraron su negocio; no obstante, aseguraba que no le informaron el motivo del cierre o cuál era la falta que cometió.
También acusó al procurador de presuntamente pedirle una “mordida” a cambio de reabrir su empresa. De acuerdo con la denunciante, el modus operandi de los trabajadores de la PMA es inspeccionar el lugar y después realizar multas exorbitantes bajo el incumpliendo de normas ambientales.
Al momento de que los empresarios van a dialogar con el procurador, dijo, se muestra amable y les comenta que logró hacer que el monto de la multa se reduzca, para que paguen la sanción. Otra manera de operar es que revisan las documentaciones de los negocios para después decir que hacen faltan algunos trámites y entonces ofrecen los servicios de una empresa que se encarga de regularizarlos. Una de ellas es Operadora Churk, quien se encarga de la asesoría de manejos de residuos.
Hace cuatro meses, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Veracruz, Alberto Aja Cantero, dijo que en los últimos años han visto un incremento en cuanto a la recaudación, clausuras y visitas por parte de algunos órganos del gobierno actual a empresas.
“Hemos venido advirtiendo desde la clausura del crematorio La Luz, cuando en pleno proceso de cremación de los cuerpos se clausuró esta empresa, se ha incurrido en excesos que están inhibiendo la llegada de las inversiones”, dijo.
Aja Cantero, aseguró que en los últimos 10 años Veracruz creció tres por ciento, a comparación de otros estados, al igual que no lograba recuperar los empleos que se perdieron durante la pandemia.
De acuerdo con el empresario, estás acciones lastiman al sector empresarial y que después de dos años de la pandemia entorpecen su proceso de recuperación económica.
“No hay un acompañamiento de la autoridad, sino una persecución y creemos que esto es un tema que se debe de atender, para que el ánimo cambie y las inversiones lleguen de manera más rápida”, puntualizó.
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