“Usted debe de saber muy bien que los acuerdos se respetan, nosotros ya no queremos ni siquiera dirigirnos con su hijo, queremos dirigirnos directamente con usted”, se escucha en un audio en el que presuntamente Juan Javier Gómez Cazarín se dirige a María Solana Calzada, alcaldesa de San Andrés Tuxtla, para exigirle que respete la asignación de obras públicas que se realizarán en el municipio.
La circulación del audio en redes sociales, principalmente en WhatsApp, comenzó la mañana del viernes 21 de octubre de 2022. Días antes, la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso de Veracruz, que preside el diputado tuxtleco Rafael Fararoni Magaña, anunció que intervendría la tesorería del ayuntamiento que encabeza su correligionaria morenista, María Elena Solana Calzada, mejor conocida como La Doctora Remedios.
Juan Javier Gómez Cazarín, quien es diputado plurinominal del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, aseguró en una entrevista el pasado 23 de octubre que la voz que se escucha en el audio no es suya y que no tiene ningún problema personal con la alcaldesa sanandresina.
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“Si les da miedo que se les estén revisando bien las cuentas, como debe de ser, yo ya lo dije una y otra vez, no somos tapadera, yo ya lo dije y lo repito una y otra vez, de parte de Juan Javier Gómez Cazarín no se va a votar a favor de una cuenta pública que, para mí, hay mucho malestar del pueblo”, comentó.
María Elena Solana Calzada aseveró el pasado lunes 24 de octubre a un medio de comunicación de la ciudad de Xalapa que el ayuntamiento de San Andrés Tuxtla está abierto a las auditorías que solicite el Congreso del Estado. La Silla Rota Veracruz solicitó una entrevista al equipo de comunicación de la alcaldesa, sin embargo, la edil contestó que no dará más declaraciones al respecto.
Ambos funcionarios, Cazarín y La Doctora Remedios, niegan que exista una ruptura, pese a que la Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz mantiene intervenida la tesorería del ayuntamiento sanandresino. Fuentes cercanas a la administración aseguraron que los auditores ya se encuentran trabajando en las instalaciones del Palacio Municipal.
La Cuenta Pública 2021: El origen de la presunta ruptura
De acuerdo con los resultados de la Cuenta Pública 2021 que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) de Veracruz presentó al Congreso del Estado, el ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, que encabezó de 2018 a 2021 Octavio Pérez Garay, tuvo un presunto daño patrimonial de 33 millones 711 mil pesos en el último año de su administración.
Juan Javier Gómez Cazarín aseguró que existe “mucho malestar del pueblo” sobre la Cuenta Pública de 2021 del ayuntamiento de San Andrés como en la de otros municipios del estado de Veracruz, motivo por lo que los diputados locales rechazaron el informe con 45 votos a favor la tarde del pasado martes 24 de octubre. El ORFIS tendrá 90 días para presentar los resultados de una nueva revisión.
El presunto daño patrimonial que el ORFIS detectó en el ayuntamiento de San Andrés Tuxtla derivó en una auditoría ordenada por la Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz debido a que, según Gómez Cazarín, existen trabajadores que colaboraron con el exalcalde Octavio Pérez Garay que bloquean la revisión de las cuentas públicas.
“No hay ninguna ruptura, simplemente que tiene funcionarios que estuvieron en la administración pasada, que son los que están bloqueando para que no se observen bien las cuentas. Yo desde aquí le mando un abrazo y un saludo a la alcaldesa, pero ella sabe que yo no me presto a ninguna situación que vaya en contra del pueblo”, declaró el líder de la Jucopo.
El diputado plurinominal originario del municipio de Hueyapan de Ocampo se refirió concretamente a Salvador Domínguez Aguirre, subdirector de Obras Públicas de la administración sanandresina encabezada por María Elena Solana Calzada. El funcionario fue director del mismo departamento durante la administración de Tavo Pérez Garay.
Aunque Juan Javier Gómez Cazarín señaló directamente a Salvador Domínguez Aguirre como excolaborador de Pérez Garay, el actual subdirector de Obras Públicas comenzó su trayectoria como funcionario en el ayuntamiento sanandresino en 2011, año en que inició la administración del expriista Rafael Fararoni Mortera, padre del actual diputado local del distrito 25 con cabecera en San Andrés Tuxtla, Rafael Fararoni Magaña.
Salvador Domínguez Aguirre no solo colaboró con Rafael Fararoni Magaña de 2011 a 2013. También lo hizo con el expriista Manuel Rosendo Pelayo de 2014 a 2017 y en el gobierno independiente de Octavio Pérez Garay de 2018 a 2021.
El discurso de Gómez Cazarín, líder de los morenistas en el Congreso de Veracruz, hace alusión a que la auditoría que la Comisión Permanente de Vigilancia ordenó al ayuntamiento de San Andrés Tuxtla es para que se revisen las cuentas públicas del gobierno anterior. Fuentes cercanas a la administración tuxtleca afirmaron que en realidad la evaluación se realiza al gasto público del ejercicio de 2022, que ya corresponde a la alcaldesa María Elena Solana Calzada.
Cazarín, de levantarle la mano a la doctora a realizarle una auditoría
María Elena Solana Calzada, mejor conocida como La Doctora Remedios debido al nombre de su farmacia, por años ubicada en la calle 5 de mayo, frente al mercado municipal 5 de febrero, en San Andrés Tuxtla, fue designada como candidata a la alcaldía en San Andrés. Su candidatura fue definida por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sin embargo, la médica representó también a MORENA y al Partido del Trabajo, que conformaron la alianza “Juntos Hacemos Historia”.
La Doctora Remedios obtuvo la candidatura como la aspirante que encabezaba las preferencias electorales en el municipio, arropada por el entonces diputado local del distrito 25, con cabecera en San Andrés, Juan Javier Gómez Cazarín, y su ahora sucesor Rafael Fararoni Magaña, quien representó a la coalición en la búsqueda de la diputación local. Solana Calzada arrastraba un pasado priista en el que fue suplente del exalcalde Manuel Rosendo Pelayo, denunciado por un presunto desfalco a la tesorería municipal.
Junto con Gómez Cazarín y Rafael Fararoni Magaña, María Solana Calzada cerró campaña el 2 de junio de 2021 en el centro de San Andrés Tuxtla frente a una cifra aproximada de 10 mil ciudadanos. En la elección del 6 de junio posterior, La Doctora Remedios ganó la contienda con 25 mil 507 votos, más de 10 mil más que Alejandro Tom Linares, de Movimiento Ciudadano (MC), su más cercano competidor.
Solana Calzada fue afiliada a MORENA el 25 de octubre de 2021 durante una visita que el entonces delegado con funciones de presidente estatal del partido, Esteban Ramírez Zepeta, quien forma parte del equipo político de Juan Javier Gómez Cazarín, realizó a San Andrés Tuxtla. En ese momento también fue afiliado al instituto político el ahora diputado local Rafael Fararoni Magaña.
En su toma de protesta como alcaldesa, el 31 de diciembre de 2021, La Doctora Remedios estuvo acompañada por el diputado plurinominal hueyapense. Desde entonces la relación de Gómez Cazarín con María Elena Solana Calzada se sostuvo en un ambiente de cordialidad. El líder de la Jucopo no solamente mantuvo una relación cercana con la presidenta municipal de San Andrés Tuxtla, sino también con los alcaldes morenistas Juan José Rosario Morales, de Catemaco, y su padre Juan Gómez Martínez, de Hueyapan de Ocampo, así como la perredista Kristel Hernández Topete, de Santiago Tuxtla.
Pese a su relación cercana con el líder de la Jucopo y con Rafael Fararoni Magaña, la imagen pública de la alcaldesa se desgastó a lo largo de su administración, debido a conflictos como el que causó el proyecto federal de la obra de reconstrucción del mercado municipal, al que locatarios se opusieron. Aunque la inversión es de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano(SEDATU), los comerciantes responsabilizaron a la presidenta municipal de querer desalojarlos sin un diálogo previo. Funcionarios como el delegado de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, la respaldaron y afirmaron que la reconstrucción de la central de abastos se llevaría a cabo.
A 10 meses del inicio de la administración, la alcaldesa de San Andrés Tuxtla enfrenta una auditoría de la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado, que revisa y hace un análisis financiero y técnico del ejercicio de los recursos que se asignaron al municipio para el período 2022. El propio Gómez Cazarín confirmó que la auditoría es consecuencia de un acuerdo de la Comisión de Vigilancia y de diputados locales que rechazaron la Cuenta Pública 2021.
La Silla Rota Veracruz solicitó una entrevista con el diputado local Rafael Fararoni Magaña, cercano a Juan Javier Gómez Cazarín, para conocer su postura acerca de la auditoría que se le practica al ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, sin embargo, no hubo respuesta. El legislador preside la Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz desde el 6 de septiembre de 2022, en sustitución de su homólogo Luis Arturo Santiago Martínez.
A su arribo a la comisión, el diputado sanandresino aseguró que no se solaría a ningún exalcalde por las irregularidades de la Cuenta Pública 2021, que motivó la fiscalización de la tesorería del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, y que, si fuera necesario, se presentarían las denuncias penales pertinentes. La tarde del pasado lunes 24 de octubre, el Congreso del Estado rechazó la cuenta pública.
“Nosotros representamos al pueblo y se nos exige mayor claridad. Anteriormente, muchos asuntos de orden público se resolvían por mero trámite porque así se acostumbraba y aceptaba. Hoy en Veracruz, el pueblo está representado por un congreso comprometido con la transparencia; no tenemos por qué ocultar hechos o resultados, cuando existe duda en el cumplimiento de las funciones que nos corresponden”, declaró el legislador durante su intervención.
Horas antes, María Elena Solana Calzada declaró que su administración entregó toda la documentación solicitada por Rafael Fararoni Magaña, quien desde ahora es señalado como el potencial candidato de MORENA a la alcaldía de San Andrés Tuxtla en 2025.
La actual alcaldesa asegura que desconoce los presuntos pactos por la asignación de obras públicas que se menciona en el audio en el que Gómez Cazarín le habría enviado una advertencia y que no tiene temor de las revisiones que la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado le haga a su municipio.
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