XALAPA, VER.- Diputados de Veracruz, de todas las fracciones parlamentarias, determinaron no aprobar el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 2021. Su principal argumento fue la queja de alcaldes que les exigen una revisión a fondo y no acuerdos en lo “oscurito”.
Previo a la entrega del Informe, se denunciaron una serie de irregularidades en la revisión del manejo de los recursos del año 2021, y se cambió al presidente de la Comisión de Vigilancia, llegó al relevo el diputado de San Andrés Tuxtla, Rafael Fararoni Magaña.
Al hacer uso de la voz en tribuna, el presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, Rafael Fararoni Magaña, señaló que como representantes populares deben mantener la confianza del pueblo.
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“Nosotros representamos al pueblo y se nos exige mayor claridad. Anteriormente, muchos asuntos de orden público se resolvían por mero trámite porque así se acostumbraba y aceptaba. Hoy en Veracruz, el pueblo está representado por un Congreso comprometido con la transparencia; no tenemos por qué ocultar hechos o resultados, cuando existe duda en el cumplimiento de las funciones que nos corresponden”, expresó.
Su postura, la sustentó en las discrepancias entre aclaraciones, documentación justificatoria y comprobatoria presentadas por los entes fiscalizables, se confrontaron con los pliegos de observaciones y montos solventados en las correspondientes revisiones.
Además de las irregularidades en los procesos de entrega- recepción que se expusieron, fueron un fuerte factor para la toma de decisiones.
“Todo esto se expuso con libertad en las reuniones de comisión y con la titular del ORFIS, a quién agradecemos su esfuerzo, pero nosotros representamos al pueblo y se nos pide mayor claridad. Nos debemos a los habitantes que padecen obras inconclusas y de mala calidad, por la deshonestidad de quienes debieron ejecutarlas y las omisiones de quienes debieron vigilarles”, destacó.
El diputado local señaló que se debe utilizar todos los medios legales del que dispone el Poder Legislativo para lograr una rendición de cuentas apegada a la realidad debidamente probada, porque omitir también es condenable.
El morenista expuso que el ORFIS aumentó el presupuesto destinado a servicios personales en 26.07 millones de pesos, lo que representa un 35% más de lo autorizado, de acuerdo a datos publicados en su portal de transparencia “y hoy el trabajo entregado presenta deficiencia”.
El dictamen propuesto por la Comisión Permanente de Vigilancia se aprobó con 45 votos a favor, con el apoyo de todas las bancadas legislativas. De acuerdo al dictamen, el Orfis tendrá un plazo de 90 días para presentar un nuevo informe.
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