Esta semana me he dedicado a leer algunos argumentos y teorías de feministas como a Marcela Lagarde y de los Ríos, una antropóloga feminista mexicana que ha analizado con profundidad el pacto patriarcal como una estructura que protege los privilegios masculinos y perpetúa las violencias contra las mujeres. En su obra “Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas” desarrolla esta idea con claridad.
También leí las aportaciones de Rita Laura Segato, antropóloga argentina de reconocimiento internacional, quien entiende la violencia como un ejercicio de poder simbólico que el Estado reproduce al encubrir a sus agresores. Su libro “La guerra contra las mujeres” es clave para comprender su visión. En esta misma línea, la politóloga y jurista Ana Laura Magaloni ha señalado cómo la élite política mexicana opera con complicidades que generan impunidad, incluso en casos de violencia de género.
Todas ellas comparten una teoría en común: las tres han abordado de forma exhaustiva el pacto patriarcal en la política y cómo el Estado se ha encargado de encubrir a agresores en los altos mandos de poder.
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Qué es el Pacto Patriarcal
Me gustaría aclarar primero que el “pacto patriarcal” es una forma simbólica de describir cómo los hombres (y algunas mujeres) en posiciones de poder se protegen mutuamente incluso cuando se trata de casos de acoso, abuso sexual, nepotismo, corrupción o la obstaculización del avance de mujeres en cargos de decisión, como ocurrió hace unos meses con el caso de Cuauhtémoc Blanco, que ya mencionaré más adelante.
En la política mexicana el pacto patriarcal se manifiesta en la constante protección de agresores. Por ejemplo, muchas carpetas de investigación se “congelan” y no se esclarecen los hechos. Incluso cuando ya existen denuncias ante las fiscalías, los agresores siguen en funciones o son promovidos a cargos aún más altos. Tal es el caso de Félix Salgado Macedonio, cuya carpeta continúa “congelada” hasta la fecha.
Otra forma clara de evidenciar el pacto patriarcal en la política mexicana es la violencia política de género. Muchas mujeres que denuncian a sus agresores —usualmente se trata de sus jefes o de sus superiores— durante campañas son luego acosadas, amenazadas, invisibilizadas o deslegitimadas por el propio entorno político, en lugar de recibir justicia.
Casos
Tras contextualizar las teorías feministas que abordan el pacto patriarcal, me gustaría hablar de algunos casos recientes que muestran cómo opera este pacto entre los políticos actuales. Hace unos días recordé el caso del senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, y justo pensé en lo que estoy escribiendo ahora.
Sentí mucha impotencia al investigar su caso, cuya carpeta, iniciada en 2020, fue cerrada en 2022 tras su exoneración por parte de un juez. Como siempre pasa con el órgano descentralizado responsable de su investigación, su carpeta quedó parada como por arte de magia, sin que se hayan esclarecido al público los hechos por los que se le acusaron, es decir, por el delito de violación.
A pesar de su presunta responsabilidad en ese delito, hoy ocupa uno de cargos políticos más altos del país. Otro caso igualmente grave es el del diputado plurinominal Cuauhtémoc Blanco, denunciado en 2019 por tentativa de violencia sexual. En febrero de este año se intentó retirarle el fuero, y presenciamos uno de los momentos más decepcionantes e indignantes en la política mexicana.
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Ver a sus compañeras del congreso posicionándose junto a él para defenderlo fue una clara muestra de cómo se protege el pacto patriarcal. Personalmente, fue uno de los actos más dolorosos que he presenciado. En un contexto donde la sororidad y la hermandad han cobrado fuerza, resulta indignante que aún haya mujeres que impidan siquiera investigar si un político es culpable, o no, de un delito.
Otro caso emblemático es el de Félix Salgado Macedonio, quien enfrenta dos carpetas de investigación por el delito de violación. Hasta la fecha ninguna ha sido resuelta. Él también ocupa uno de los cargos políticos más altos del país. A estas alturas, resulta irrelevante mencionar si están en un partido político o en otro. Todos ellos son un claro ejemplo de lo que muchas veces el país trata de encubrir.
Tampoco voy a decir que son culpables del delito que se les acusa, pero sí es importante destacar que el simple hecho de que ni siquiera se les investigue por esas denuncias y de que muchos de ellos se escuden y no den la cara, deja mucho que desear. El Estado es quien debería ser el primero en tratar de llegar al fondo del asunto, el que debería proteger también a la víctima y el que no debería perpetuar el pacto que tanto daño le ha hecho a la equidad de género.
En un país en el cual solamente el 0.9% de las denuncias llegan a resolverse y en el cual según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares en 2021 el 49.7% de las mujeres mayores de 15 años han experimentado algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida, me parece de suma importancia que se empiece a cuestionar lo que pasa con nuestros mandatarios y con las personas encargadas de resolver la justicia.
Tal como lo es para Rita Laura Segato “Donde el Estado no llega, llega el crimen. Y allí, el cuerpo de las mujeres es el primer blanco”
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