Los hechos violentos no mienten. Son la radiografía más cruda del abandono institucional, de la descomposición social y del oportunismo político. El caso del asesinato de Alexia, una mujer trans reportada como desaparecida a finales de junio y hallada sin vida el 2 de julio en Veracruz, pone al descubierto el rostro real de un estado que simula actuar, que presume políticas públicas pero ignora lo esencial: salvar vidas.
Según testimonios cercanos, Alexia fue vista por última vez al ingresar a una vivienda para reclamar un objeto robado por un hombre joven. Dos hombres y una mujer de la tercera edad están presuntamente implicados. La Fiscalía actuó rápidamente... pero solo cuando ya había un cuerpo sin vida y el caso se había viralizado en redes sociales por presión de activistas y organizaciones. ¿Por qué no esa misma urgencia cuando aún había posibilidad de hallarla con vida? ¿Por qué no se activaron los protocolos de búsqueda en las primeras 48 horas, como establece la ley?
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La Comisión Estatal de Búsqueda publicó la ficha casi dos días después de su desaparición, y la Fiscalía del Estado no inició ninguna búsqueda formal en ese lapso. Este patrón no es nuevo. Lo conocen bien las familias, las colectivas y los activismos: el sello de la Fiscalía de Veracruz es la simulación, el desinterés y la ineficacia.
En lo que va de 2025, se tiene registro de al menos nueve asesinatos de personas LGBTIQ+ en el estado. Solo en un caso hay personas detenidas: el de Alexia. ¿Justicia? Solo cuando hay presión, sólo cuando hay escándalo, sólo cuando hay cámaras.
Y mientras esto ocurre, los legisladores estatales se llenan la boca aprobando iniciativas con enfoque de diversidad sexual y de género. Pero, ¿de qué sirven las leyes si no se asignan presupuestos, si no hay indicadores de evaluación, si no se implementan mecanismos reales de aplicación? Lo esencial se les olvida: sin ejecución, no hay política pública, sólo simulación.
Veracruz cuenta con un marco jurídico que presume ser inclusivo y antidiscriminatorio, pero en la calle se sigue asesinando, violando y excluyendo a personas LGBTIQ+. Políticos y funcionariado posan en las marchas del orgullo, celebran “su trabajo” como si no se les pagara por ello, mientras activistas críticos son ignorados, censurados o incluso amenazados. Se premia la palmadita institucional, se silencia al que incomoda.
¿No es acaso responsabilidad del Congreso local generar líneas de acción para monitorear y evaluar la implementación de las leyes que aprueban? ¿Por qué no existen mecanismos de vigilancia ciudadana obligatorios en estas materias? ¿Dónde están los observatorios autónomos? ¿Dónde la rendición de cuentas? ( los legisladores olvidan esto que es esencial)
La verdadera lucha por los derechos no está en la selfie del funcionario bajo una bandera multicolor. Está en garantizar justicia para todas las personas LGBTIQ+ y no solo casos mediáticos, en exigir verdad para las víctimas, en denunciar la simulación y exigir la aplicación real del marco jurídico.
No basta con legislar. No basta con marchar. Hay que exigir, incomodar y señalar. Porque en Veracruz, la vida de una persona LGBTIQ+ sigue sin importar... hasta que se vuelve tendencia y a veces aun siendo tendencia la justicia nunca llega y la IMPUNIDAD es la respuesta.
Por: Jazz Bustamante
Dudas y contacto: jazzamor88@gmail.com