La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República abrió un reacomodo político que pocos imaginaban tan pronto y que, sin embargo, estaba cantado desde hace meses. Después de años marcados por controversias, disputas internas y cuestionamientos sobre su conducción, su renuncia abrió la puerta para que Claudia Sheinbaum colocara a una figura plenamente cercana en uno de los cargos más sensibles del Estado mexicano, la Fiscalía. La llegada de Ernestina Godoy, íntima colaboradora de la presidenta desde su paso por la Ciudad de México y también cercana al actual secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se lee no solo como un relevo institucional sino como un golpe sobre la mesa. Un mensaje claro: el proyecto de nación tiene que caminar alineado, y la justicia no será la excepción.
Gertz fue, durante todo el sexenio de López Obrador, un hombre de confianza del expresidente, alguien al que se le permitió moverse con amplios márgenes de libertad y, al mismo tiempo, un fiscal envuelto en polémicas que nunca terminaron de disiparse. Con Sheinbaum, ese pacto político simplemente dejó de tener sentido. La designación de Godoy, más allá de los discursos formales, revela que la presidenta quiere a alguien de casa en la Fiscalía, alguien con quien pueda articular una estrategia de seguridad y de procuración de justicia que camine de la mano del trabajo operativo que encabeza Harfuch, si esta jugada será capaz de traducirse en un combate real al crimen organizado, o si terminará interpretándose como una concentración de poder disfrazada de “autonomía”, aún está por verse pues la experiencia reciente en México demuestra que las buenas intenciones se diluyen pronto cuando las fiscalías se convierten en extensiones del Ejecutivo.
Lo que sucede a nivel federal tiene un espejo inevitable en Veracruz; la renuncia de Verónica Hernández Giadáns a la Fiscalía General del Estado responde, al menos en el papel, a una decisión personal, pero en los hechos coincide con el cambio político en la entidad y con una reforma constitucional que devolvió al Ejecutivo la facultad de nombrar fiscal. Hernández Giadáns llegaba desgastada, con críticas de colectivos, pendientes arrastrados y un desempeño que, para muchos, dejó mucho que desear; su salida recuerda claramente el proceso federal, fiscales cercanos a administraciones anteriores se van, y lo hacen justo cuando el nuevo poder necesita a perfiles alineados con su proyecto. En ambos casos, se trata de transiciones envueltas en la narrativa oficial de “renovación”, pero que para la opinión pública suenan más a un “ya no me eres útil”.
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Es imposible no preguntarse si estamos ante un patrón que busca dar mayor control a los gobiernos en turno, disfrazado de “reingeniería institucional”. Tanto en el país como en Veracruz se están colocando fiscales cercanos al Ejecutivo, personas con vínculos claros con las nuevas administraciones, y aunque esto podría interpretarse como un intento por mejorar la coordinación en materia de seguridad y procuración de justicia, también abre la duda sobre si la autonomía es hoy solo un concepto decorativo ¿es esta una estrategia para fortalecer a las fiscalías en beneficio de la ciudadanía, o simplemente la forma más pulcra de decir “Aquí pongo yo a quienes son de mi confianza”? Porque a pesar de que ambos personajes “renunciaron”, todos saben que en política las renuncias nunca llegan solas, siempre hay razones detrás, presiones, negociaciones o decisiones que se toman desde arriba.
Haciendo zoom… Lo cierto es que México se encuentra en un punto crítico; el país y los estados necesitan fiscalías fuertes, autónomas, efectivas. Si Ernestina Godoy y Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre logran demostrar que su cercanía con el poder sirve para destrabar casos, capturar responsables y combatir la impunidad, la historia podría darles la razón, pero si lo que viene es una Fiscalía sometida a cálculos políticos, usada para castigar adversarios o proteger aliados, entonces este relevo no será más que otro capítulo en la larga novela del control institucional. El tiempo dirá si estos cambios son un golpe de autoridad para mejorar, o simplemente otra muestra de que en México, como siempre, el poder acomoda a los suyos.
vtr