La mañana del domingo 23 de noviembre Veracruz recibió una noticia que no porque sea habitual no quiere decir que no nos sorprenda: el cobarde asesinato del exalcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua.
El líder indígena y político, fue atacado a tiros a unos metros de un cuartel de la Guardia Nacional el mismo día en que la presidenta de la República haría una visita a la entidad; es la segunda ocasión en que se da un hecho violento que coincide con la presencia de la mandataria en la entidad, y aunque hay quien lo quiere negar, es el día a día de un estado que, como muchos otros del país, carece de un gobierno que trabaje en lo más básico: garantizar la seguridad de sus ciudadanos y proporcionarles una buena calidad de vida.
Primero; nuestras condolencias más sentidas a la familia y amigos de Juan Carlos, segundo; otra vez Veracruz. Otra vez nuestro amado estado siendo noticia por un crimen, uno que es mediático y se sabe, pero el estado tiene años viviendo en esta ola de violencia criminal que no ha cesado y que viven todas y todos los veracruzanos. Por más que el gobierno estatal y federal intenten repetir, como un mantra, que el estado “está en paz”, todas y todos los que viven acá saben que la realidad no cabe en sus informes por tan cruda que resulta.
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Veracruz vive una crisis profunda, sostenida y lamentablemente normalizada de violencia, y la administración que inició con Cuitláhuac García y continuó bajo la misma línea de partido nunca encontró, o no ha querido encontrar, una estrategia efectiva contra la delincuencia. El resultado de esos siete años es un estado donde la muerte dejó de conmocionar y la impunidad se ha vuelto parte del paisaje.
Casos como el de Juan Carlos; el de la profesora y taxista, Irma Hernández; el ex candidato del PAN a la alcaldía de Chinameca, Lázaro Francisco Luría; el excandidato a la alcaldía de San Andrés Tuxtla, Pedro González Rodríguez; y el diputado federal y exalcalde también de Zongolica, Benito Aguas Atlahua, son solo algunas de las personas que han sido víctimas mortales de una delincuencia que no distingue.
En el presente año ha habido al menos 14 asesinatos de actores políticos en el estado, sí, pero también están las historias del ciudadano que no lo son, en este caso, ciudadana, la profesora Irma Hernández, cuyo asesinato nos estremeció a todos en el país. Ella representaba todo lo que los veracruzanos valoramos: trabajo, esfuerzo, arraigo. Su muerte no solo dejó dolor, dejó rabia, porque encarnó el reclamo constante y sostenido desde hace años de todas y todos los veracruzanos: ¿quién nos cuida cuando ni el gobierno ni los cuerpos de seguridad funcionan?
Hace una semana el rancho de Gildardo Maldonado Guzmán, alcalde electo de Movimiento Ciudadano en Jáltipan de Morelos fue baleado, una semana después los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz determinan que el proceso electoral en el municipio debe repetirse y anula la elección. Y aquí, además de la violencia cotidiana, se suma la otra violencia en el estado que, aunque es menos visible es igual de corrosiva: la política.
La disputa por el poder se ha convertido en una extensión del clima de inseguridad. El proceso electoral reciente solo ha dejado heridas serias a la democracia, Morena se impuso y en complicidad con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos robaron la elección en Poza Rica y Papantla; no solo tenemos un problema de inseguridad en el estado, también de legitimidad institucional.
Combinar impunidad, criminalidad y tensiones políticas, dirían por ahí: ¿qué puede salir mal?
En Veracruz la gente se siente abandonada, no tienen soluciones tangibles a los problemas que les aquejan, así se notó en las recientes inundaciones, son malos para gobernar y son malos para reaccionar ante las tragedias.
En siete años Veracruz está perdiendo todo, desde su tranquilidad hasta su democracia. El gobierno estatal –y también el federal– optaron por la comodidad del discurso triunfalista. Presumen “coordinación” y “estrategia”, aunque comunidades enteras vivan en la zozobra, los homicidios no cesan y las instituciones electorales ven comprometida su credibilidad.
Veracruz no necesita más declaraciones: necesita gobierno real. Necesita instituciones que no respondan a un partido sino al interés público. Veracruz necesita un gobierno de hechos, un gobierno que dé resultados.
Agustín Torres Delgado
Secretario General de Acuerdos