El pasado 30 de agosto fue el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas y me parece de suma importancia tocar un tema tan delicado y relevante en la historia de un país con tan alto número de víctimas de desaparición forzada, pero antes de entrar al fondo del artículo me gustaría explicar primero de qué se trata este delito y mencionar uno de los tantos casos que sacudieron a México.
La desaparición forzada, para la CNDH, es el delito en el cual se arresta, detiene o traslada, en contra de su voluntad, a personas que terminan por ser privadas de su libertad por agentes gubernamentales, de cualquier sector o nivel, o de grupos organizados o por particulares que actúen en nombre del gobierno con la negativa de reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida.
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Los derechos humanos que son vulnerados por este delito son el derecho a la libertad y a la seguridad, a una identidad, a no ser sometidos a torturas o humillaciones, a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, los cuales se encuentran también en la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
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Habiendo explicado esto, vayamos a 1974 en el estado de Guerrero, donde ocurrió uno de los casos más controversiales y conocidos que, además, dio mayor apertura para conocer este delito en México; se trata del caso de Rosendo Radilla Pacheco, un activista y político que fue privado de su libertad por agentes del Ejercito. El caso de Rosendo Radilla fue tan sonado que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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La Corte Interamericana declaró que fueron violados 8 derechos humanos de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, de los cuales algunos son: derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección judicial, a la libertad personal y a la obligación de respetar derechos. La última vez que se le vio con vida, Radilla Pacheco presentaba signos de Tortura.
Al final la corte declaró una reparación del daño, pero jamás se volvió a saber del paradero de Rosendo Radilla Pacheco, lo cual me lleva a arrojar un dato que encontré en la misma página de la CNDH: En México puedes desaparecer a alguien, o puedes ser desaparecido, y existe entre un 94% y un 98% de posibilidades de que tu caso ni siquiera se judicialice.
En la misma página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos encontré en el último informe acerca de las personas desaparecidas en México, la cifra de aproximadamente 88,000 personas que fueron encontradas en fosas clandestinas, cuyo nivel de concentración es más fuerte en los estados de Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Ciudad de México y Estado de México.
Y no podemos olvidar el caso más sonado de nuestra historia reciente; los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, de los cuales hasta la fecha se mantiene una investigación abierta, ya que se demostró que hubo agentes del gobierno implicados. Jamás volveremos a ver o a saber de aquellos estudiantes víctimas de este delito. Esa es la impunidad que tenemos en la historia de México. Históricamente, en nuestro país, las investigaciones no se cierran.
En el informe anual del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (el cual se actualiza todos los días) la tabla hasta el día de hoy menciona que hay un total de 6,864 personas desaparecidas en el estado de Veracruz, entre hombres y mujeres. Recordemos que estamos en el mes de septiembre y que todavía quedan algunos meses para acabar el año. En el 2023 el total de personas desaparecidas fue de 7,407.
El crecimiento es alarmante y cada año la cifra es más alta, pero no es sorprendente, que no se nos olviden todas las fosas clandestinas que encuentran cada año en todo el estado. Cabe mencionar que el municipio de Veracruz tiene, históricamente, el mayor crecimiento de cifras de personas desaparecidas, del 2023 al año actual, se registró un crecimiento de 385 casos.
De las cosas más lamentables que encontré en esta pequeña búsqueda de información ha sido uno de los patrones se utilizan en algunos estados del país para las desapariciones forzadas, me voy a concentrar únicamente en dos ejemplos, ya que, si menciono todos se me acaban las cuartillas y, con cada ejemplo, la situación es más lamentable.
En Campeche, Chiapas, Tabasco y Yucatán hay un alto porcentaje de personas desaparecidas, pero específicamente de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años, en estos estados se concentra el 60% de este grupo de personas desaparecidas del país y los mismos informes de la CNDH mencionan que esas desapariciones suelen relacionarse con abuso y explotación sexual.
Pero no es el único ejemplo; en el caso de comunidades indígenas existe un alto nivel de desaparición forzada por parte del crimen organizado, por situaciones de despojo de terrenos y casas. La información también es sacada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y es impresionante que en pocos estados se concentre un gran número de casos de este delito.
La información podría seguir y seguro hay datos más lamentables, seguro las cifras son más altas y seguro el número de mujeres y niñas sustraídas de sus casas y sus familias es más alto, pero sólo con estos pequeños datos ya podemos darnos una idea de cómo está la situación, porque, tristemente, todos conocemos a alguien que fue, o es, víctima de uno de los delitos más graves en México.
vtr