Las quejas y las protestas por deficiencias en el servicio eléctrico, a la par con los reclamos por una tarifa justa en los recibos, han escalado a grado tal que miles se suman diariamente a la resistencia de pagos del servicio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en varios estados.
Son varias las reuniones que desde hace más de quince años se han llevado a cabo en la Secretaría de Gobernación entre integrantes de la red nacional de Resistencia Civil contra las altas tarifas, funcionarios del gobierno federal y de la CFE. La última de estas reuniones se llevó a cabo el lunes de la semana pasada.
En todos y cada uno de esos encuentros se han renovado acuerdos que solo quedan registrados en los oficios, pero que en los hechos son dejados al olvido.
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Sin embargo, como apuntamos al principio, las inconformidades escalan y actualmente va aumentando el número de usuarios que van teniendo la imperiosa necesidad de sumarse a la resistencia de pagos.
Francisco Jiménez Alejandro y Salvador Tenorio, dos integrantes de la organización Fuerza Social Choapense, que forman parte de dicha red nacional nos han planteado que son tres los principales reclamos para la zona sur del estado de Veracruz:
1.- Que el suministro de energía eléctrica a los hogares se respete como un derecho humano -por lo que no debería de “cortarse” el servicio por ningún motivo-.
2.- La reclasificación de las tarifas eléctricas bajo consideración de que en algunos casos regionales se aplican arbitrariamente sin respetar los parámetros climáticos que son muy altos en algunas zonas -como por ejemplo en el sur de Veracruz, particularmente los municipios de Las Choapas. Moloacán, Ixhuatlán y Agua Dulce, donde irresponsablemente la Conagua ha presentado mediciones irreales en cuanto al promedio en la temperatura.
3.- El “borrón y cuenta nueva”, como se concedió en Tabasco, sea parejo para todos los usuarios que se encuentran en resistencia de pago por los abusos antes enumerados.
Pese a la pared de negligencia con la que chocan constantemente, Francisco Jiménez y Salvador Tenorio nos aseguran que la red nacional no se detendrá en su lucha, sobre todo porque la inconformidad social crece día a día.
Una revisión a fondo del tema permite señalar que hay registros de que el asunto se ha ventilado en diversos ámbitos gubernamentales y legislativos, aunque no se han concretado las medidas para llegar a una solución.
En Veracruz, durante años, la sociedad civil ha levantado la voz por ajustes en las tarifas de energía eléctrica, motivada por condiciones socioeconómicas, climáticas y geográficas específicas en la región. El cambio climático ha exacerbado las temperaturas, especialmente en estados del norte y sureste, generando un incremento en el consumo eléctrico y, por ende, en los costos para las familias veracruzanas.
A inicios de mayo de 2024, en regiones como donde se ubican los municipios de Isla, Las Choapas y Coatzacoalcos enfrentaron temperaturas extremas que superaron los 45 grados, con una sensación térmica aún mayor. Este aumento en el consumo de electricidad ha contribuido a reclamaciones generalizadas por tarifas excesivas, especialmente en comunidades rurales que luchan por tarifas más equitativas.
En el periodo 2021-2023, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) registró -oficialmente- 311 inconformidades por cobros excesivos en el consumo de energía eléctrica provenientes de 52 municipios veracruzanos, con un aumento notable en 2023. Las quejas correspondieron principalmente a las tarifas de uso general PDBT (Pequeña Demanda en Baja Tensión), seguidas por las tarifas de uso doméstico: 1, 1B y 1A.
A pesar de ser un importante productor de energía, Veracruz no ha logrado implementar tarifas que beneficien adecuadamente a su población. En contraste, otras entidades como han implementado programas para reducir deudas y subsidiar consumos domésticos, respondiendo directamente a las necesidades de sus habitantes.
En 2019, el gobierno de Tabasco suscribió un convenio de colaboración con la CFE para controlar y reducir la cartera vencida de los usuarios domésticos por consumo de energía eléctrica, bajo el esquema del programa “Adiós a tu Deuda”, destinado a regularizar los pagos pendientes por el consumo eléctrico.
En 2020, el gobierno de Campeche y la CFE firmaron un acuerdo para reclasificar la tarifa eléctrica de 1C a 1F, siendo esta última la más baja que cobra la CFE, aplicándose en Palizada, Ciudad del Carmen y Candelaria. Además, se subsidió en un 50 por ciento el consumo doméstico en el resto del estado, dentro del rango de 350 a 800 kilovatios/hora bimestralmente según el municipio correspondiente.
En agosto de 2023, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, acordaron iniciar negociaciones para establecer una tarifa eléctrica de verano más accesible. Argumentaron que debido a las altas temperaturas, Tamaulipas debería contar con una tarifa preferencial durante los meses más cálidos del año.
La diputada federal del partido Morena, Raquel Bonilla Herrera, ha abogado por la revisión de tarifas eléctricas y la instalación de estaciones meteorológicas precisas en Veracruz desde 2021, destacando la importancia de medir la temperatura real en los hogares para ajustar las tarifas.
Bonilla Herrera, próxima Senadora de la República por el estado de Veracruz, también solicitó al gobierno federal y a la CFE la implementación de un programa para la regularización de adeudos por consumo de energía eléctrica, así como la creación de tarifas eléctricas especiales y condonaciones destinadas al estado de Veracruz. Esto permitiría que los habitantes accedan a los beneficios de reclasificación de tarifas eléctricas y condonación de adeudos.
Han pasado tres años desde que la legisladora presentó su punto de acuerdo en la Máxima Tribuna del Pa??s. En la actual administración estatal de Veracruz, no se han promovido acciones específicas para apoyar esta solicitud, que es una demanda ciudadana.
En ese contexto, el panorama pudiera parecer alentador cuando la nueva gobernadora electa, Rocío Nahle García, conoce el problema y proviene de la Secretaría de Energía. Ella de alguna manera ha reconocido ante los demandantes que es un tema pendiente de su agenda personal, por lo que esperan ahora como ejecutiva estatal atienda y resuelva.
En conclusión, la reclasificación de las tarifas eléctricas en Veracruz debe ser una prioridad gubernamental, adaptándose a las realidades climáticas y económicas de la región. Esto no solo beneficiaría a los hogares veracruzanos, sino que también sentaría un precedente importante para la equidad tarifaria en todo México, asegurando un acceso más justo y económico a la electricidad.