La reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador, bajo el «framing» de austeridad, es realmente una maniobra de reingeniería electoral para beneficiar al Morena, partido en el poder. Al eliminar las representaciones plurinominales y ajustar el Congreso de la Unión a 300 diputados y 64 senadores elegidos solo por mayoría relativa, se beneficia a partidos con fuerte presencia regional, como Morena, mientras relega a un segundo plano a las minorías políticas.
La imposición de topes a los diputados locales, basados en población, y la restricción a un máximo de 9 regidores y concejales por municipio, centralizan el poder en manos de Morena, especialmente en regiones y municipios donde ya domina. Esto simplifica su control a nivel local y estatal, reduciendo la diversidad política y la representación de la oposición.
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La centralización del proceso electoral a través del INEC y la absorción de competencias locales por el Tribunal Electoral, junto con la reducción de consejeros del INEC y la nueva forma de elección de magistrados, potencialmente sesga la administración electoral hacia Morena. Esto compromete la independencia del proceso electoral y abre puertas para influir en la composición de estos órganos críticos.
Reducir a la mitad el financiamiento público a los partidos impacta menos a Morena, debido a su robustez financiera y apoyo popular, dejando en desventaja a los partidos menores. Además, el registro de nuevos partidos cada tres años limita la competencia, favoreciendo al statu quo existente y dificultando la emergencia de nuevas fuerzas.
Facilitar las consultas populares y la revocación de mandato con un umbral de participación del 30% permite a Morena legitimar su agenda política mediante la movilización de su base, fortaleciendo su dominio. En esencia, esta reforma, lejos de ser una mera medida de ahorro, estratégicamente refuerza el poder de Morena, remodelando el sistema electoral mexicano para consolidar su hegemonía.
vtr