XALAPA, VER,- La mañana de este sábado 31 de enero, xalapeños marcharon del Teatro del Estado al centro de la ciudad para rechazar el alza y, al mismo tiempo, plantearon propuestas concretas para repensar la movilidad en la capital veracruzana.
Bajo consignas como “ni un peso más” y “el tarifazo es un robo”, estudiantes, trabajadores y ciudadanos caminaron hacia el centro de Xalapa. Además, portaban cartulinas con leyendas como: “No al aumento del transporte”, “Tus unidades no justifican el aumento”, “Moverse no es un lujo”.
Los participantes, mencionaron que el aumento afecta a toda la población, pero golpea con mayor fuerza a quienes dependen diariamente del transporte público. “La mayoría de la población xalapeña, especialmente estudiantes, vive con el transporte público todos los días. Aunque esté concesionado, por su propio nombre debe ser público, y eso significa accesible”, se expresaron.
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Al llegar a la plaza Lerdo, los participantes leyeron un par de posicionamientos, se menciona que el incremento a la tarifa del transporte público urbano en Xalapa, que elevó el costo del pasaje a 12 pesos, afecta de manera desproporcionada a la población que vive de la informalidad y no cuenta con ingresos fijos.
En el documento, los participantes señalaron que en Veracruz una parte mayoritaria de la población obtiene sus ingresos al día, sin aumentos automáticos ni margen para absorber incrementos repentinos en gastos básicos. En ese contexto, afirmaron que un aumento del 33 por ciento en un gasto cotidiano como el transporte obliga a ajustes inmediatos en rubros esenciales, como alimentación, salud o tiempos de traslado.
Los ciudadanos cuestionaron que el aumento al pasaje se haya aplicado sin anuncio previo ni una autorización oficial visible, lo que, señalaron, impidió a las familias reorganizar su gasto. De acuerdo con el posicionamiento, esta forma de implementar el incremento no solo afecta la economía de los usuarios, sino que rompe la confianza en las autoridades y evidencia una forma de tomar decisiones que excluye a quienes utilizan el transporte público todos los días.
Durante la lectura del texto, se subrayó que el problema no se limita al monto de la tarifa, sino al método con el que se impuso el alza. Los manifestantes criticaron que primero se cobre y después se intente explicar la decisión, lo que cancela cualquier posibilidad de diálogo con trabajadores, estudiantes y personas que dependen del transporte público para realizar sus actividades diarias.
El posicionamiento también hizo referencia al papel del sector transportista en el incremento, señalando que el aumento fue impulsado por concesionarios, entre ellos Carlos Demuner, exdirector de Tránsito durante el gobierno de Javier Duarte. Para los ciudadanos, este hecho evidencia la continuidad de grupos de poder que influyen en decisiones sobre servicios públicos, mientras que la actuación de la autoridad resulta tardía o poco clara.
Asimismo, cuestionaron que los transportistas argumenten el aumento con base en costos acumulados, como el precio del diésel o las refacciones, sin que existan auditorías públicas, balances abiertos o información transparente que permita a los usuarios conocer la situación real del sistema. En el texto se advirtió que se pide comprensión a la ciudadanía sin ofrecer datos claros ni rendición de cuentas.
“Cuando pagar se vuelve obligatorio, pero opinar queda fuera del proceso, lo que está en juego no es solo el costo del pasaje, sino el derecho a la movilidad en Xalapa.
No solo protesta: una agenda ciudadana
Los manifestantes pidieron una movilidad justa en Xalapa, plantearon que ningún aumento debería caer de un día para otro, por lo que exigieron que cualquier modificación a la tarifa sea informada, explicada y discutida previamente con la ciudadanía.
“Decidir a escondidas no es gobernar. Gobernar es dar la cara antes, no justificar después”, afirmaron.
En segundo lugar, subrayaron que la movilidad es un derecho social, no un favor ni una mercancía. Cuando moverse se vuelve inaccesible, la ciudad se vuelve más pequeña para quienes menos tienen. “Una ciudad que expulsa no es una ciudad justa”.
También demandaron transparencia. Antes de pedir comprensión a los usuarios, plantearon, las autoridades y concesionarios deben mostrar números claros y públicos: ingresos reales, costos de operación y el destino de aumentos anteriores. “La confianza no se exige, se construye”, enfatizaron.
Otro eje central fue la desigualdad. Los manifestantes advirtieron que no todas las personas viven ni ganan lo mismo, por lo que cobrar una tarifa uniforme profundiza las brechas sociales. Propusieron tarifas diferenciadas y apoyos reales para estudiantes, adultos mayores y personas que viven en condiciones de precariedad. “Cobrar parejo en una ciudad desigual no es neutral, es injusto”, señalaron.
Mejoras reales o no al aumento
El documento también dejó en claro que un aumento solo podría justificarse si se refleja en mejoras visibles. Unidades dignas, rutas que sí pasen, tiempos definidos, trato respetuoso y condiciones laborales justas para los trabajadores del transporte fueron algunas de las exigencias. “Cobrar más sin mejorar el servicio no es un ajuste, es un abuso”, advirtieron.
Más allá del corto plazo, los ciudadanos plantearon la necesidad de organizarse. Propusieron la creación de asambleas barriales y estudiantiles de usuarios del transporte, observatorios ciudadanos y auditorías sociales a las concesiones. También sugirieron construir un archivo ciudadano que documente tarifas, rutas, fallas, abusos y accidentes, así como redes de cuidado entre usuarios para alertar sobre unidades en mal estado o rutas peligrosas.
En ese mismo sentido, rechazaron la concentración de vocerías y llamaron a decisiones colectivas y rotativas, para evitar que la inconformidad sea capturada o se desgaste. Plantearon alianzas con universidades, colectivos, sindicatos, comerciantes y barrios, al considerar que la precariedad se vive de manera transversal.
El fondo del conflicto
En el cierre del pronunciamiento, los manifestantes advirtieron que el problema no es solo el camión, sino el modelo de ciudad. Una ciudad pensada para el dinero y no para la gente —dijeron— termina cobrando caro lo que debería garantizar. Por ello, llamaron a construir una movilidad integrada, segura y accesible, pensada para la vida cotidiana y no solo para cumplir expedientes administrativos.
Tras permanecer algunos minutos en la calle Enríquez, los manifestantes se retiraron de manera pacífica. Antes de dispersarse, insistieron en que no piden imposibles, sino respeto, claridad y justicia. “Moverse no debe ser una forma cotidiana de precariedad. Moverse debe ser un derecho compartido”, concluyeron.
fm