XALAPA, VER.– El próximo martes 7 de abril se presentará ante el Pleno de la Cámara de Diputados la propuesta de reforma que busca blindar las pensiones de adultos mayores y programas sociales, para evitar que puedan ser embargados por deudas con financieras e instituciones bancarias.
La iniciativa plantea modificaciones al Código Civil, al Código de Comercio y a la Ley de Instituciones de Crédito, con el objetivo de establecer que apoyos como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, las Becas Benito Juárez y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tengan carácter alimentario y, por tanto, sean inembargables, intransferibles e irrenunciables.
El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Adrián González Naveda, explicó que con esta reforma se busca cerrar la puerta a prácticas que actualmente permiten el congelamiento de cuentas donde se depositan estos recursos, lo que deja en estado de vulnerabilidad a los beneficiarios.
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Detalló que, de aprobarse, los apoyos sociales no podrán ser embargados, salvo en casos relacionados con el incumplimiento del pago de pensión alimentaria, particularmente cuando se trate de obligaciones hacia menores de edad.
La propuesta no solo busca proteger directamente los recursos económicos, sino que también obligaría a las instituciones bancarias a establecer mecanismos específicos para identificar y blindar las cuentas donde se depositan estos apoyos, evitando retenciones automáticas o bloqueos derivados de adeudos.
La iniciativa surge ante una problemática creciente: la desproporción entre las deudas reclamadas por instituciones financieras y la capacidad real de pago de las personas adultas mayores, así como prácticas abusivas en el otorgamiento de créditos, donde en muchos casos se generan intereses no pactados o condiciones poco claras.
Al respecto, el legislador señaló que el Estado tiene la obligación de garantizar que los recursos destinados a la subsistencia de sectores vulnerables cumplan su propósito y no sean utilizados para cubrir deudas que comprometan su bienestar.
Por su parte, Teresa Carvajal, representante del Barzón de Resistencia Civil, advirtió que actualmente existe un escenario de indefensión para los adultos mayores, ya que sus cuentas pueden ser bloqueadas por instituciones financieras para el cobro de adeudos.
“Y eso es injusto porque lo sitúa obviamente en una situación de vulnerabilidad alimentaria y lo puede poner por debajo incluso de la línea de pobreza extrema. De financieras, particularmente, de las SOFOMES”, señaló.
Explicó que han documentado múltiples casos en los que personas de la tercera edad son afectadas por estas prácticas, como el de Mirna, una adulta mayor a quien le fueron embargadas sus cuentas por mandato de un juez en Veracruz, a pesar de residir en Xalapa.
Añadió que se han detectado situaciones similares en otras entidades como la Ciudad de México y Puebla, donde una misma financiera ha promovido el congelamiento de cuentas, lo que evidencia un patrón de actuación.
“Tenemos una evidente falta de regulación, de transparencia y de ordenamiento en la colocación de créditos. Actualmente las personas, principalmente los adultos mayores, que acuden con financieras, con cajas de ahorro, con Sofomes, son engañados para fabricarles deudas, que después, a través de un título de crédito o pagarés, llevan ante un tribunal para hacerles embargos precautorios”.
Carvajal explicó que, mediante la figura del embargo precautorio, se ordena el congelamiento de cuentas bancarias, incluyendo aquellas donde se deposita la pensión del bienestar, lo que deja a las personas en una situación crítica.
“Con el embargo precautorio se da una orden de congelamiento de cuentas y dineros… a las personas se les deja prácticamente en estado de indefensión y en absoluta vulnerabilidad, porque no pueden retirar un solo peso de sus cuentas bancarias”.
De avanzar la reforma, se busca no solo frenar estas prácticas, sino también garantizar que los programas sociales cumplan su función de proteger a los sectores más vulnerables, evitando que caigan en condiciones de pobreza extrema derivadas de adeudos financieros.
fm