XALAPA, VER.– La inhabilitación por cuatro meses impuesta al exdirector administrativo de la Secretaría de Salud de Veracruz, Jorge Eduardo Sisniega Fernández, aún puede ser impugnada ante instancias administrativas y judiciales, por lo que la sanción no es definitiva.
La presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz, Leticia Aguilar Jiménez, explicó que la resolución emitida por el Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) puede recurrirse ante ese tribunal y posteriormente escalar al ámbito federal.
De acuerdo con la magistrada, si el exfuncionario decide impugnar la sanción, el proceso podría prolongarse alrededor de un año hasta que la resolución quede firme.
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“Para que cause estado depende de si se impugna. Primero se tiene que acudir al juicio contencioso ante el Trijaev, posteriormente a la Sala Superior y después en el ámbito federal”, explicó.
Sisniega Fernández se desempeñó como director administrativo de la Secretaría de Salud durante la administración estatal de Cuitláhuac García Jiménez y es uno de los exfuncionarios señalados por la actual administración por el presunto mal manejo de 200 millones de pesos.
Desde septiembre de 2025 se informó que se había iniciado un procedimiento administrativo en su contra.
En la primera semana de marzo de este año se dio a conocer que Sesver determinó la inhabilitación temporal de cinco exfuncionarios por incurrir en responsabilidades administrativas. Entre los sancionados se encuentra Sisniega Fernández, quien ocupó el cargo de director administrativo de 2018 a 2024.
De acuerdo con la resolución del procedimiento administrativo 031/2025, emitida por el Órgano Interno de Control de Sesver, también se acreditó responsabilidad administrativa de Facundo Valdivia Cadena, Juan Javier Montero Andrade, Hanri Silva Domínguez e Israel Martínez Angulo.
La magistrada Aguilar Jiménez añadió que actualmente el tribunal ha recibido al menos 100 juicios contenciosos relacionados con resoluciones emitidas por la Contraloría General del Estado contra exfuncionarios públicos.
fm