VERACRUZ, VER.- Keren Selsy Ordóñez Hernández, una joven de 19 años originaria de Veracruz, vivió una pesadilla que comenzó en diciembre de 2015 cuando fue detenida por un secuestro en el que no participó y que, tras nueve años de lucha, culminó con su liberación el 16 abril de 2025.
En Xalapa, Keren Ordóñez fue detenida arbitrariamente junto a su hija de apenas 29 días de nacida por agentes de la Policía Ministerial de Tlaxcala y la extinta Policía Federal, sin una orden de aprehensión. Lo que comenzó como una visita para pedir ayuda a su ex pareja por necesidades básicas para su bebé, terminó en un calvario de tortura física y psicológica.
“Me arrebataron a mi hija, me taparon la boca y empecé a sufrir golpes”, relató Keren en un testimonio desgarrador. Durante su detención, fue amenazada con la vida de su hija, lo que la obligó a firmar una confesión falsa que la incriminaba en un supuesto secuestro orquestado por su ex pareja.
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Trasladada a Tlaxcala, Keren enfrentó condiciones inhumanas: golpes que reabrieron su cesárea reciente, asfixia y la constante separación de su hija, quien incluso aparecía en dictámenes médicos como “detenida”. Las autoridades la coaccionaron con amenazas explícitas: “Si no firmaba, mi hija la iban a matar. Le ponían una pistola en la cabeza”. Sin pruebas sólidas y con un proceso plagado de irregularidades, en 2019 fue condenada a 50 años de prisión.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) acompañaron su defensa, documentando las graves violaciones a sus derechos humanos.
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Su trabajo, junto con la perseverancia de Keren Ordóñez y el apoyo de quienes creyeron en su inocencia, llevó a que el Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala revocara su sentencia en abril de 2025, ordenando su liberación inmediata por violaciones al debido proceso y el uso de tortura para obtener pruebas.
Contexto: Lucha legal para exigir justicia por caso Kerem
El Centro Prodh presentó las pruebas para mantener abiertas dos investigaciones ministeriales por las violaciones a los derechos humanos de Keren Ordóñez: una iniciada en 2017 en la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala por tortura y otra por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desde 2022.
Ambos casos, tendrán seguimiento para garantizar que el caso de Kerem no quede impune, ya que su liberación es el primer paso en la exigencia de justicia por los 9 años que permaneció encarcelada por un delito que no cometió, sometida a tortura y alejada de su hija.
“Fueron nueve años de mucha injusticia”, afirmó Keren, quien durante su reclusión conoció a otras mujeres en situaciones similares, algunas enfrentando hasta 15 años de prisión sin sentencia.
“A veces, por la necesidad o la ilusión, como yo que tenía 19 años y creía en el amor, perdí mi libertad y el estar con mi hija”, lamentó. “La lucha debe continuar. No dejaré de hablar por mí y por ellas”, aseguró Keren, haciendo un llamado a la equidad de género y a la reforma del sistema penal.
vtr