XALAPA, VER.- José Gregorio Lastra Hermida, alias “El Lastra”, presunto reclutador de jóvenes en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, es originario de Ignacio de la Llave, Veracruz. El hombre de 51 años de edad fue detenido el pasado viernes 21 de marzo y desde 2020 estaba reportado como desaparecido. Incluso autoridades veracruzanas replicaron su ficha de búsqueda durante casi cinco años.
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Datos que son públicos refieren que la concubina de “El Lastra” lo reportó como desaparecido desde el 25 de julio de 2020 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La mujer refirió que José Gregorio avisó que acudiría a un domicilio en la colonia Club Campestre, en esa entidad, y que después perdió comunicación con él.
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Su ficha de desaparecido fue publicada por la Fiscalía general de Chiapas y la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Veracruz compartió esa información a lo largo de casi 5 años, por ser originario de esta entidad. Hoy “El Lastra” es considerado un excomandante del CJNG, encargado de reclutar y adiestrar a jóvenes en el rancho Izaguirre; además autoridades federales destacan su cercanía con Gonzalo Mendoza Gaytán, El Sapo, líder regional del CJNG en Jalisco y de un grupo de sicarios identificado como Grupo Élite Delictivo de Reacción Inmediata (Geddri) para esa organización delictiva.
El rancho Izaguirre ha cobrado fama internacional y es señalado por madres de desaparecidos del estado de Jalisco como un presunto campo de reclutamiento y exterminio. El predio, según autoridades jalisciences, fue descubierto el 18 de septiembre de 2024, donde se detuvo a 10 personas; otras dos privadas de la libertad fueron rescatadas, ademas de un cadáver envuelto en plástico.
De acuerdo con la Fiscalía General de Jalisco, la primera búsqueda de restos humanos en el rancho Izaguirre comenzó el 19 de septiembre de 2024; allí se localizaron decenas de prendas e identificaciones oficiales de personas que estuvieron en el lugar y que ahora se desconoce su paradero. Además una libreta con anotaciones, donde se refiere al “Comandante Lastra” como el encargado de entrenar a los miembros del CJNG en actividades de pista, capacitación en “arma y desarma” y adiestramiento.
Según la ficha de desaparecido de “El Lastra”, nació el 4 de diciembre de 1973. Mide un metro con 83 centímetros, de tez morena clara, con un tatuaje con la inicial “A” en su brazo izquierdo y otro con la imagen de San Judas Tadeo en la espalda.
José Gregorio Lastra Hermida es originario de Ignacio de la Llave, un municipio ubicado a 70 kilómetros del puerto de Veracruz, que también cobró relevancia nacional por dos eventos ligados al Cartel de Jalisco en el año de 2019, cuando él aún no era reportado como desaparecido.
Ignacio de la Llave, municipio que albergó escándalos ligados al CJNG
El 22 de marzo de 2019 se difundió en redes y medios de comunicación un video donde se aprecia a un convoy de 28 camionetas blindadas, con rótulos del CJNG, desfilar en el carnaval de La Mixtequilla, perteneciente al municipio de Ignacio de la Llave. Los vehículos eran tripulados por hombres armados sobre la avenida principal de ese pueblo, ante la mirada de ciudadanos y policías.
Una semana previa, el 14 de marzo, dos grupos de policías de la extinta Fuerza Civil, fueron emboscados sobre el kilómetro 17 de la carretera federal 145, en la comunidad de Joachín, Tierra Blanca. De acuerdo con autoridades locales, 20 de esas camionetas fueron las mismas que desfilaron en el carnaval de La Mixtequilla.
De ese ataque se divulgaron audios de policías estatales pidiendo refuerzos. “Nos vienen siguiendo, ¡hey!, dejen sus mamadas. Nos están detonando (…) Van rumbo a Coatzacoalcos, nos van bloqueando estos hijos de su puta madre. Son como 15 o 20 camionetas del Cartel de Jalisco, son Suburban blancas con logotipos”, gritaban los oficiales.
A las 02:07 horas, del 15 de marzo, la SSP confirmó en su cuenta de Twitter la muerte de uno de sus elementos durante la emboscada en Joachín, donde además varias unidades de patrullaje fueron calcinadas con bombas molotov.
Tras la primera agresión, el convoy avanzó otros 30 kilómetros hasta la entrada de Tierra Blanca, municipio colindante con Ignacio de la Llave. En la delegación regional de la SSP criminales y policías intercambiaron disparos durante unos 10 minutos. El enfrentamiento paralizó a los habitantes de esa ciudad. En ese segundo evento solo un civil fue herido de bala pero sus compañeros lo rescataron y se dieron a la fuga con él a bordo de un vehículo.
Casi un año después, el 17 de marzo de 2020, fue asegurado un rancho que autoridades anunciaron como propiedad del Cartel de Jalisco, el cual también se ubicó en los límites de los municipios de Ignacio de la Llave y Tierra Blanca. Durante ese operativo dos presuntos criminales fueron abatidos, además fueron aseguradas dos armas M4 calibre 5.56 mm con cargadores, un Volkswagen Jetta azul y una camioneta Chevrolet Tornado blanca.
Sin embargo, el hallazgo que más ha conmocionado a esa región se registró en enero de 2016. A raíz de la desaparición forzada de cinco jóvenes originarios del municipio de Playa Vicente, el 11 de enero de ese año, se localizó el rancho El Limón, en el municipio de Tlalixcoyan, colindante con Ignacio de la Llave y Tierra Blanca.
En febrero de 2016, Roberto Campa Cifrián, exsubsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció que en el rancho El Limón -vinculado al entonces jefe de plaza del CJNG en Tierra Blanca, Francisco Navarrete Serna- fueron exhumados cerca de tres mil fragmentos óseos: restos de mandíbula, costillas, fémur y sacro.
Lo que ocurrió en el rancho El Limón también fue incluido en la recomendación 5VG/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por la desaparición forzada de Susana Tapia Garibo, José Benítez de la O, Bernardo Benítez Arroniz, José Alfredo González Díaz y Mario Arturo Orozco Sánchez.
En el documento firmado por Luis Raúl González Pérez, expresidente de la CNDH, se muestran dictámenes en criminalística realizados por la Procuraduría General de la República (PGR) que indican que en El Limón se encontraron herramientas de tortura como una macana de madera con la frase de “No mientas” y un hacha con la leyenda “Te estoy esperando” en letras cursivas.
La CNDH advirtió sobre “violaciones al derecho humano a la integridad personal, con motivo de los actos de tortura cometidos en agravio de las víctimas”, ello apoyado en la declaración de ocho ex policías estatales y algunos de los civiles detenidos que reconocieron formar parte del Cartel Jalisco Nueva Generación; que a la fecha no han sido sentenciados.
LA SILLA ROTA tuvo acceso a documentos oficiales con extractos de la declaración de Rubén Pérez Hernández -uno de los 8 policías de la SSP detenido-, quien aceptó que su grupo detuvo ilegalmente, torturó y finalmente entregó a los cinco jóvenes de Playa Vicente con integrantes del CJNG.
También se exponen confesiones de presuntos delincuentes que describen la manera en que, con la anuncia de policías, recibían a más personas marcadas como “efectivos”, “becerros” o “paquetes” para interrogarlos, “hacerles mucho daño” en un cuarto dedicado a la tortura, asesinarlos y finalmente fundirlos en tambos con diésel.
Por la desaparición forzada de los cinco jóvenes de Playa Vicente, 13 presuntos integrantes del CJNG fueron detenidos por autoridades federales. Algunos confesaron que en el rancho El Limón torturaron y asesinaron a más personas que eran entregados con ellos por elementos de la SSP.
“Llegué a Tierra Blanca el día catorce de febrero del año dos mil quince […] cuando estuve ahí ya supe que era DELINCUENCIA ORGANIZADA, y que pertenecíamos al [Cártel Jalisco] […] me consta que el rancho ´El Limón´ era utilizado para ejecutar, desmembrar y calcinar con diésel a las personas y también servía como taller para realizar alteraciones y modificaciones a vehículos”, esta declaración corresponde a PR1, del 14 de marzo de 2016.
El mismo detenido refiere que la indicación de sus superiores para con recibían a las víctimas que entregaban los policías era: “hacerlos pedazos y los echaban en unos tambos de fierro, para cocerlos con diésel”.
A esta confesión se agregan las declaraciones de tres detenidos – contenidas en la carpeta de investigación 27/2016 a las que este medio tuvo acceso- que describen una presunta alianza de la delincuencia organizada con “Los Estuches”, como se referían a los policías estatales.
“Al rancho El Limón, llegaba a quien le apodaban ‘Conde’ acompañado de cinco o seis policías estatales que se trasladaban en patrullas de la SSP. Había ocasiones que llegaban en vehículos particulares. Nos llevaban a personas que ellos mismos levantaban; nos decían que eran 'efectivos', ‘becerros’ o ‘paquetes ’y ya después eran ejecutados por ‘El Flaco’”, se lee en el documento.
El segundo testimonio detalla la operación: “‘El Kuini’ era el encargado del grupo, él nos avisaba cuando íbamos a tener visita de ‘Los Estuches’, quienes llevaban a ‘los becerros’ (las víctimas). La Estatal la lleva con el Cártel de Jalisco Nuevo Generación, al que yo pertenezco”.
El tercer detenido reitera la relación con la policía a cargo de Conde: “yo nunca conocí a quienes le hacían de halcones, lo que sé es que con la Policía Estatal de Tierra Blanca no había problema alguno; los llamábamos ‘Los Estuches’”.
Otra declaración disponible en la recomendación 5VG/2017 es la de PR3, quien aseguró participar en dos ejecuciones en el año de 2015. “[…] Me comentaron que llevaron a dos motociclistas […], los llevaron los policías estatales quienes los entregaron al grupo, los agarraron a tablazos para que soltaran información de donde llevaban las motos, si las habían robado y para matarlos primero los tablearon y se los rolaban entre todos, con la misma tabla les pegaron en la nuca […] los echaron al tambo y los cocinaron, es decir los quemaron con diésel. Para que cupieran en el tambo los cortaron en pedazos, […] todo esto lo hacía [PR1], ya que él era el encargado […]”.
Del análisis de las evidencias expuestas, la CNDH advirtió que varias personas fueron torturadas y privadas de la vida en el rancho “El Limón”, por ello sugirió que los detenidos, incluidos los ocho policías de la delegación de Tierra Blanca sean investigados por el delito de tortura y homicidio agravado