XALAPA, VER.- A partir del viernes 14 de marzo, jueces y juezas de primera instancia del Poder Judicial ya pueden emitir las órdenes de protección a favor de mujeres y niños en el Estado de Veracruz.
Como parte de las reformas que sancionan la violencia vicaria y la presentación de programas para erradicar la violencia en Veracruz, el Poder Judicial aprobó el Protocolo de Actuación para la Emisión y Ejecución de Ordenes de Protección en el Estado de Veracruz.
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En las acciones que se anunciaron se ordenó crear un sistema en línea para facilitar y acelerar el proceso, por lo que se creará la Plataforma Veracruzana Protegida que permitirá la emisión y ejecución de órdenes de protección que estará alojado en la plataforma veracruzanaprotegida.pjeveracruz.gob.mx o por códigos QR que se van a colocar en tiendas Oxxo.
Las ordenes las emitirán los jueces y juezas de primera instancia de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Poder Judicial con el objetivo de garantizar la seguridad, derechos y prestaciones familiares a mujeres, sus hijos o personas dependientes de ellas.
Serán los elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) los que tiene a su cargo el cumplimiento de las órdenes de protección que emitan los juzgadores. Los policías estatales podrán hacer uso de la fuerza pública para hacer cumplir las medidas de protección.
Las órdenes de protección podrán incluir, no solo que la persona que se considera agresora deba alejarse o desocupar la vivienda de la víctima, un juez podrá determinar los lugares y la distancia a la que tendrá prohibido acceder.
Si se niega a abandonar el domicilio, la SSP podrá auxiliar para el desalojo de la persona agresora; y se podrán determinar la necesidad de recorridos de vigilancia en el domicilio de la víctima.
Si la orden de protección deriva de una situación de peligro o riesgo de violencia en materia familiar, el juez tendrá que determinar el pago de la pensión alimenticia, y los términos para acreditarla, incluso, el embargo preventivo de bienes; y de ser necesario los plazos de devolución de hijos menores o la suspensión del régimen de visita del agresor.
El protocolo detalla que los agresores tendrán prohibido publicar a través de redes sociales como WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Threads, Tic Tok y Youtube, imágenes de la víctima.
El juez podrá ordenar a la persona agresora acudir de manera periódica ante el juzgado y se le podrá colocar un dispositivo electrónico para su localización, incluso, prohibir la salida del país.
Si la persona agresora forma parte del servicio público, el juez podrá ordenar que se inicie un procedimiento administrativo de responsabilidad en la dependencia y órgano donde se desempeñe.
fm