XALAPA, VER.- A un año de que se planteó la posibilidad de su salida —cuando se presentó una reforma a la Constitución para modificar el periodo y el mecanismo de nombramiento del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE)— este lunes 8 de diciembre del 2025 el Congreso de Veracruz aprobó por mayoría la renuncia de Verónica Hernández Giadáns como fiscal.
Verónica Hernández Giadáns, con solo un par de cargos previos en la función pública, llegó a la fiscalía mediante una determinación impulsada por la mayoría de los diputados de Morena y PRI -8 de 10 que integraban la Diputación Permanente- en septiembre de 2019. En esa fecha, el Congreso removió a su antecesor Jorge Winckler Ortiz, bajo el argumento de que no acreditó los exámenes de control y confianza.
Para que Hernández Giadáns —considerada cercana al entonces secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos— asumiera el control del órgano autónomo elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cercaron el edificio de la FGE y contuvieron a diputados del PAN que intentaban impedir el acceso de la encargada de despacho. La movilización de los efectivos derivó en la recomendación 180/2020 de la CEDH, por el uso excesivo de la fuerza.
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El proceso legal para validar la destitución formal de Winckler se prolongó hasta marzo de 2020, cuando se inició el procedimiento legal para designar al titular definitivo de la fiscalía. Fue el 28 de mayo de 2020 cuando Hernández Giadáns fue nombrada -con el voto de la mayoría de las y los diputados locales- para un periodo de nueve años, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar la Fiscalía General de Veracruz.
Este lunes 8 de diciembre del 2025, la abogada y notaria pública, argumentó que dejaba el cargo para permitir que la gobernadora Rocío Nahle estuviera en la posibilidad de designar a una nueva persona al frente del organismo responsable de la procuración de justicia, luego de que se modificó la ley para cambiar el periodo y mecanismo de designación del titular de la FGE.
“Como es público y notorio recientemente el procedimiento reformador de la Constitución del estado, establece nuevas bases para la designación y la temporalidad de la persona titulada de la Fiscalía General del Estado. Coincido con la bondad de la reforma, además de contribuir a incrementar la eficacia y la eficiencia de la justicia, presento ante usted y ante este honorable congreso mi renuncia al cargo de fiscal general del estado de Veracruz”, planteó.
Nahle criticó que el periodo de nombramiento del fiscal
Hay que mencionar que en junio del 2024, Rocío Nahle García, entonces gobernadora electa criticó el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Verónica Hernández Giadáns, al considerar que “se tardó” en investigar a Miguel Ángel Yunes Márquez, senador de Veracruz, quien fue citado a comparecer en junio de este año, por un hecho denunciado en 2021.
En esa fecha, adelantó que se revisaría la Constitución del Estado en lo que respecta la permanencia de la persona titular de la Fiscalía General del Estado, “La fiscalía tiene un periodo de estancia de 9 años que hay que revisar, tiene un periodo de 9 años que también se cambió esa ley en el gobierno de Miguel Ángel Yunes, hay que revisar qué tan conveniente es que duren los fiscales tantos años”.
El pasado 3 de diciembre del 2025 cobró vigencia constitucional la reforma a la ley que permite a la gobernadora Rocío Nahle García nombrar y remover al fiscal General del Estado, y que establece que el periodo del abogado de los veracruzanos es solo de 4 años, con posibilidad a reelegirse por un periodo similar.
Giadáns destaca grandes logros en su periodo al frente de la FGE
En el escrito que envió al Congreso de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, afirmó que en su periodo como fiscal impulsó la tecnificación, homologación salarial, profesionalización del personal y el fortalecimiento de áreas operativas.
Además, se avanzó en la construcción y mejora de infraestructura como la Unidad Integrada de Servicios Médicos Forenses de Nogales, el laboratorio de antropología forense, edificios administrativos y diversas rehabilitaciones en sedes regionales.
No obstante, deja pendientes significativos, entre ellos el cumplimiento de recomendaciones por violaciones a derechos humanos; el esclarecimiento de asesinatos de actores políticos —el caso más reciente fue el de Juan Carlos Mezhua, acribillado en una calera de su propiedad—; y la construcción de una osteoteca, infraestructura clave para acelerar la identificación de restos humanos, un rezago heredado por varias administraciones atrás. La Silla Rota presenta los temas pendientes de la exfiscal:
1. Dejó recomendaciones de la CEDH pendientes de atender
El pasado viernes 5 de diciembre, la encargada de despacho de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Minerva Regina Pérez López, informó que —hasta el 30 de noviembre— el organismo había emitido 78 recomendaciones, de las cuales la Fiscalía General del Estado (FGE) encabeza la lista de autoridades con mayor número de señalamientos por violaciones a derechos humanos.
Pérez López recordó que, durante varios años, la fiscalía fue la institución que menos aceptó las recomendaciones emitidas por la CEDH, lo que obligó a numerosas víctimas a acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para solicitar que se exigiera a la FGE el cumplimiento de las medidas ordenadas.
“Ha tenido reconsideración en algunas y las últimas las ha aceptado; no han aceptado nueve. (La mayoría de las recomendaciones) son por la falta de debida diligencia en la integración de las carpetas de investigación; no han cumplido con los estándares de sus protocolos o las leyes”, detalló.
De acuerdo con el portal institucional de la CEDH, existen versiones públicas de 72 recomendaciones; de ellas, 22 corresponden a la Fiscalía General del Estado. Del total:
- 11 han sido aceptadas por la autoridad
- 5 fueron rechazadas (08/2025, 11/2025, 15/2025, 16/2025 y 30/2025)
- 6 más permanecen únicamente como notificadas (36/2025, 41/2025, 43/2025, 44/2025, 46/2025 y 47/2025), sin que la FGE haya definido si las acepta o no.
2.- Asesinatos de políticos en 2025 siguen sin resolverse
A lo largo de 2025 se registraron al menos una docena de asesinatos de actores políticos y una comunicadora en Veracruz, sin que hasta ahora se conozcan avances públicos de las investigaciones ni personas detenidas por la mayoría de los hechos.
El caso más reciente es el del exalcalde de Zongolica y exmilitante del PRD, Juan Carlos Mezhua Campos, asesinado el 23 de noviembre en una calera de su propiedad. La Fiscalía General del Estado informó únicamente de la apertura de una carpeta de investigación, sin precisar el móvil ni líneas de indagación.
A la muerte de Mezhua se suman otros homicidios ocurridos durante todo el año que tampoco han sido esclarecidos. Entre ellos, el de Manuel Andrei Gamboa Soto, exdirector de Gobernación en Camerino Z. Mendoza, atacado a balazos el 8 de enero; así como el de Carlos Ransés Neri Rodríguez, aspirante del PVEM en Paso del Macho, hallado muerto junto con su hermano en febrero.
En abril, fue asesinado Germán Anuar Valencia, candidato de Morena-PVEM en Coxquihui.
Para mayo, se reportó la ejecución de Bladimir García Soriano, funcionario del ayuntamiento de Ixtaczoquitlán; de Martes Bárbaro Hernández Canuto, exaspirante a la alcaldía de Oluta; y de Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec.
Ese mismo mes murió la comunicadora Avisak Douglas, alcanzada por disparos en un ataque dirigido a la casa de campaña de la candidata de Movimiento Ciudadano, Xóchitl Tress.
La violencia continuó en septiembre, con el secuestro y asesinato de Ramón Valencia Pérez, excandidato de Morena en Coxquihui e hijo de Germán Anuar Valencia; así como el homicidio de Ignacio “Nacho” Pablo Sánchez, exalcalde de Santiago Sochiapan.
En octubre, fue acribillada Jessica Flor Luna Aguilera, excandidata del PT en Yanga, mientras viajaba con su hija. Días después, Lauro Becerra Tirzo, padre del alcalde electo de Coxquihui (PAN), fue asesinado en su rancho.
Finalmente, en noviembre se contabilizaron dos casos: el de Lázaro Francisco Luria, exalcalde suplente de Chinameca, y el ya mencionado Juan Carlos Mezhua Campos, excandidato independiente y representante de la asociación política Cruzada Ciudadana Alterna (Crucial).
A pesar de la gravedad y continuidad de estos hechos, la Fiscalía no ha informado de detenciones relevantes ni de avances concretos en las investigaciones.
3.- Restos humanos sin identificar continúan acumulándose
La identificación de restos humanos sigue siendo uno de los mayores rezagos de la Fiscalía General del Estado (FGE). De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, Veracruz mantiene dos mil 773 restos humanos almacenados en los Servicios Médicos Forenses, cifra que se ha incrementado en las últimas tres administraciones sin que exista un avance sustancial.
El informe señala que tan solo en 2024 ingresaron 4 mil 784 cadáveres a los Semefo del estado, entre ellos 21 restos fetales, lo que refleja la saturación y el colapso operativo de las áreas encargadas de la identificación humana.
Para atender esta crisis, la FGE recibió un incremento presupuestal de 50 millones de pesos destinados a la construcción de un laboratorio forense y una osteoteca en las instalaciones de Servicios Periciales en Xalapa. Sin embargo, ambas obras continúan en fase inicial y no han contribuido a reducir el rezago histórico.
4.- Pierde decenas de amparos por carpetas abiertas contra políticos
Durante la gestión de Verónica Hernández Giadáns, la fiscalía fue señalada en reiteradas ocasiones como el “brazo ejecutor” del entonces secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, al abrir carpetas de investigación contra políticos de todas las filiaciones partidistas. Aunque algunos casos derivaron en procesos que continúan vigentes —como los de Javier Duarte o Jorge Winckler—, un número importante de expedientes fueron cerrados por orden de jueces federales debido a investigaciones deficientes o sin sustento jurídico.
Uno de los casos más relevantes es el del presunto fraude específico por 114 millones de pesos en agravio del DIF estatal, vinculado a la gestión de Karime Macías, expresidenta del Patronato. La Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia revocó la sentencia condenatoria dictada contra dos excolaboradores dentro del Proceso Penal 45/2022 y el Toca Penal 145/2023, al determinar que la fiscalía no acreditó la simulación de contratos mediante la cual habrían sido desviados los recursos.
Otro asunto clave es el que está por resolverse en abril de 2026, cuando será revisado el caso del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, preso por delitos de corrupción. La FGE le imputó el delito de desaparición forzada, pero no logró sostener sus señalamientos, por lo que su situación jurídica podría modificarse.
Otros personajes políticos que lograron revertir procesos promovidos por la fiscalía son:
- Rogelio Franco Castán, exsecretario de Gobierno.
- Juan Manuel del Río Virgen, exsecretario técnico de la Jucopo en el Senado.
- Yolli Álvarez, excomisionada del extinto IVAI.
- Pasiano Rueda, alcalde de Jesús Carranza, quien ganó la elección extraordinaria desde prisión.
- Tito Delfín Cano, excandidato a la dirigencia estatal del PAN.
- Eric Iván Aguilar, exdiputado local desaforado en la 65 Legislatura.
La recurrencia de amparos ganados y carpetas judiciales desechadas exhibe otro de los grandes pendientes de la fiscalía durante la administración de Hernández Giadáns.
vtr