VERACRUZ, VER.- El Gobierno de México fijó su postura tras la notificación de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena de la sierra de Zongolica fallecida en 2007.
A través de un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, el Estado mexicano informó que durante la audiencia del caso aceptó su responsabilidad por la vulneración de los derechos humanos a la vida y a la salud de Ernestina Ascencio, derivada de la falta de servicios médicos oportunos y adecuados.
Asimismo, reconoció violaciones a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, tanto de la víctima como de sus familiares, así como afectaciones al derecho a la integridad personal de estos últimos.
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El Gobierno de México señaló que su posición es ser solidario con las víctimas para conocer la verdad, garantizar justicia, la reparación del daño y la no repetición de los hechos. En ese sentido, indicó que analizará “con todo detenimiento” los razonamientos y elementos de convicción contenidos en la sentencia, para actuar conforme a lo que determine el fallo internacional.
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De acuerdo con el comunicado, las acciones que se adopten se realizarán con perspectiva de género y enfoque interseccional, además de reiterar el compromiso del Estado mexicano en el combate a la violencia contra las mujeres y en la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Sentencia de la Corte Internacional
La sentencia fue notificada este martes 16 de diciembre por la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del caso Ascencio Rosario y otros Vs. México, en el que el tribunal internacional concluyó que el Estado incumplió su obligación de investigar con debida diligencia y garantizar el acceso a la justicia.
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El caso de Ernestina Ascencio Rosario permaneció más de 15 años bajo una versión oficial que atribuyó su muerte a causas naturales, versión que fue desestimada por la Corte IDH, la cual ordenó al Estado mexicano reabrir las investigaciones, ofrecer una reparación integral a los familiares y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad.
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