XALAPA, VER.- La comparecencia del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Miguel Reyes Hernández, se realizó en medio de descalificaciones. El funcionario público fue omiso en responder si habrá un aumento salarial para la gobernadora Rocío Nahle García y si se aplicarán dos nuevos impuestos en el estado a partir de 2026.
Durante la tercera comparecencia del gabinete de Rocío Nahle, no se contestó la totalidad de las preguntas de los diputados locales. El funcionario —originario de Puebla— se limitó a señalar la existencia de una supuesta campaña de desprestigio contra la gobernadora, atribuida a “oligarcas” a nivel nacional.
En su intervención, denostó a la diputada panista Indira Rosales San Román al insinuar que no entendía —o no le explicaron bien sus asesores— por qué no se contrató el seguro catastrófico para atender desastres provocados por fenómenos naturales.
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El intento del secretario por minimizar las preguntas generó molestias entre los legisladores, quienes se solidarizaron con la diputada del PAN. El priista Héctor Yunes exigió respeto para sus compañeras, mientras que Rosales San Román lo llamó a “tener los pantalones” para responder y a no tener la piel tan delgada, recordándole que su obligación, como secretario de despacho, es rendir cuentas a los veracruzanos.
La situación escaló cuando el diputado priista se paró de su asiento para enfrentar al titular de la Sefiplan, luego de reclamar a la presidenta de la Comisión de Hacienda, Tanya Carola Viveros, por no permitirle hacer uso del micrófono para expresar su malestar.
Héctor Yunes se retiró del pleno del Congreso del Estado ante la invitación de la legisladora morenista; sin embargo, el tema no terminó ahí. En los pasillos fue grabado mientras reclamaba a uno de los asesores legislativos de la fracción parlamentaria de Morena, a quien empujó en un par de ocasiones, amenazó con golpearlo y lo acusó de fotografiarlo sin su autorización para provocarlo.
La Federación pagó 75 de cada 100 pesos de los créditos fiscales
Reyes Hernández destacó la reducción de la deuda pública estatal tras liquidar créditos fiscales pendientes. No obstante, confirmó que 75 de cada 100 pesos para cubrir ese primer pasivo los aportó la Federación, mientras que el estado solo cubrió 25 pesos.
Al informar sobre el trabajo del primer año de gobierno, explicó que la reducción de la deuda se logró al liberar pasivos con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y al reducir a la mitad la deuda por aportaciones al ISSSTE.
Nahle ajustó la deuda, que era mayor a la reportada por Cuitláhuac
El funcionario afirmó que el actual gobierno registró un monto total de deuda de 119 mil 388 millones de pesos, y culpó a administraciones anteriores de no haber registrado correctamente todos los compromisos financieros del estado, lo que generó pasivos no transparentados.
Entre estas omisiones se encontraba la deuda con instituciones como el SAT y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
“De toda la deuda y pasivo que nosotros identificamos al llegar al gobierno fue de 119 mil 388 millones de pesos; hoy estamos teniendo una deuda de 69 mil 645 millones de pesos”, aseguró.
Al desglosar los compromisos, explicó:
- Deuda bancaria: 45 mil 971 millones de pesos
- Pasivos de largo plazo (SAT, ISSSTE y SAR): 13 mil 086 millones de pesos
- Pasivos contingentes: 10 mil 588 millones de pesos
Reyes Hernández afirmó que Veracruz era el estado más endeudado con el SAT por créditos fiscales. Sobre el ISSSTE, afirmó que se logró reducir la deuda a la mitad gracias a un transitorio impulsado por el presidente López Obrador que permitió condonaciones de accesorios.
Detalló que, por cada 100 pesos pagados a la Tesorería federal, 75 regresaban al estado: “Al SAT le hacíamos pagos de 2 mil 800 millones de pesos el día 14, y el último día del mes nos regresaban 2 mil 100 millones de pesos; lo usábamos como fondo revolvente”.
Respecto a la deuda ante el ISSSTE, insistió en que la reducción se logró gracias a los acuerdos federales, y reiteró que el origen del problema se remonta al gobierno de Javier Duarte (2010–2015), cuando dejaron de pagarse impuestos y seguridad social, principalmente de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), convirtiendo a Veracruz en la entidad con la mayor deuda por créditos fiscales.
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En la sesión de preguntas y respuestas, el secretario afirmó que se han presentado denuncias contra exfuncionarios por el presunto fraude cometido contra las arcas estatales.
¿Reestructuraron deuda pública?
Comentó que, para reducir el porcentaje de las participaciones federales comprometidas para el pago de deuda con la banca privada y de desarrollo, liquidaron un crédito de bono cupón cero (Profise): “tenía un saldo de mil 200 millones y nos descontaban 744 millones de participaciones, de tal manera que el saldo de la deuda es un entelequia si no conocemos las letras chiquitas”.
De igual forma, señaló que se vendieron dos créditos a una institución bancaria —los más caros por sobretasa y descuento al dinero del estado—, lo que permitirá liberar 2 mil 400 millones de pesos en 2026.
Agregó que tenían otro crédito adicional con la misma institución, al que se le hizo una mejora de sobretasa. Solo se modificaron las condiciones: no se movió ni el saldo ni el plazo, únicamente se ajustaron los términos para reducir el dinero que quedaba comprometido para cubrir los pasivos.
“Y eso mismo hicimos con los otros cinco créditos, y aquí suman más de 30 mil millones de ahorro. Todo este resultado, como dijimos, se reflejó en la mejora de la calificación crediticia de Veracruz”.
El funcionario agregó que la deuda per cápita —por habitante— pasó de 11 mil 997 a 7 mil 272 pesos, una reducción del 40 por ciento.
Denosta a diputada del PAN; dijo que no comprende el tema del seguro catastrófico
Al ser cuestionado sobre la decisión del estado de no contratar un seguro catastrófico para desastres naturales, acusó a la oligarquía nacional de emprender una campaña contra la gobernadora Rocío Nahle, únicamente porque “se vieron afectados sus intereses”.
“No es una campaña, con todo respeto, para la diputada. O sea, no es una campaña que dependa de ella; a lo mejor ella se suma, pero no es ella en sí. Son grandes intereses, es un tema de lo que llamamos y conocemos como la oligarquía nacional, y también están grupos económicos insertos en los estados, en este caso, en Veracruz”.
Añadió que esa oligarquía “tiene muchos intereses” y que ha mostrado resistencia para que la Cuarta Transformación tenga éxito. Afirmó que quienes se oponen no recurren a datos duros, sino a la descalificación.
Aseguró que no es obligación del estado contratar el seguro, y sostuvo que el deducible para poder cobrar era muy alto, lo que volvía el producto poco rentable para el gobierno estatal.
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Dijo que, pese a la desinformación, los electores de la gobernadora y de la Cuarta Transformación “saben que se están dando resultados”, mientras que la oposición y los oligarcas “generan ignorancia y división”.
El funcionario exoneró al gobierno de Cuitláhuac García al señalar que, como en administraciones previas, también ellos debían cubrir un deducible superior a 300 millones para recibir un pago máximo de 28 millones para atender daños.
“Si no lo contratamos es porque era un robo. Nos iban a dar veintiocho millones máximo, y además lo iban a dar dos años después. Esa mentira de que lo íbamos a disponer de inmediato… es mentira. Hoy sí disponemos de inmediato de los recursos y tenemos mil treinta millones para disponer”, presumió.
Para cerrar su participación, puso en duda la capacidad de la diputada panista para comprender el tema: “A lo mejor la diputada no lo entiende, o no le explicaron, o no tiene buenos asesores (…) yo sí creo que aquí hay un problema de comprensión básica”.
En su segunda intervención, la diputada Indira Rosales San Román respondió que, cuando no se tienen elementos técnicos para contestar, “lo más fácil es denostar y menospreciar el trabajo”.
“Dedicó tres minutos a minimizar mi trabajo. Yo sé que es incómodo estar hablando tanto tiempo, pero usted tiene la obligación de venir una vez al año, y su obligación no es denostarnos: es responder cada una de las preguntas. Lo que le hace falta es tener la piel más gruesa. No sé cómo se manejen en Puebla, pero aquí en Veracruz somos muy directos; no somos foquitas aplaudidoras”.
Aseguradora estatal está en proceso de constitución
Una de las preguntas más reiteradas, además del posible incremento salarial para la gobernadora, fue sobre la operatividad de la aseguradora estatal creada por decreto este año.
En ese sentido, explicó que consolidarla llevaría al menos tres años, debido a múltiples requisitos regulatorios, entre ellos abrir una cuenta bancaria en Suiza, según la asesoría de la Comisión Nacional de Fianzas y Valores.
“Hicimos la aseguradora pensando en cubrir los riesgos que tuvimos con aseguradoras anteriores. En la época del COVID, la aseguradora le informó a las autoridades que ya se había agotado su límite de responsabilidad. Los maestros y maestras falleciendo, y la aseguradora dijo: ya no te voy a pagar nada más”.
Ante ello, precisó, se determinó crear un fideicomiso para cubrir los pagos a los trabajadores, el cual ofrece mayor cobertura:
- 60 meses de salario por fallecimiento o invalidez
- 45 meses por muerte accidental
- 35 mil pesos para gastos funerarios
El fideicomiso cuenta con 390 millones de pesos, que permitirán pagar adeudos a maestros desde 2010 hasta 2024 (90 millones), y el resto se destinará a trabajadores activos y burócratas que no contaban con esta prestación.
Reconstrucción costará 10 mil millones de pesos
Sobre el costo de la reconstrucción en el norte del estado por las inundaciones del 10 de octubre, señaló que se han invertido poco más de 4 mil millones de pesos, recursos entregados por el gobierno federal para empleos temporales.
“Pero viene todavía el presupuesto para la reconstrucción, tanto federal como estatal. En nuestro caso, ya lo tienen ustedes: es el incremento a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Y el gobierno federal, mediante la SICT, no ha proporcionado el total.
La gobernadora ha mencionado que serán entre 8 y 10 mil millones. Ahorita, con el fideicomiso (mil millones) y el gobierno federal (4 mil millones), vamos a la mitad”.
Ofrece disculpas por coyotaje en oficinas de Hacienda
Reconoció que persisten malas condiciones en las oficinas de Hacienda y explicó que se trabaja en la actualización del padrón vehicular, pues algunos vehículos se utilizan para delinquir.
Indicó que el padrón recibido era de 500 mil motocicletas; hoy se tienen registradas 550 mil, de las cuales 148 mil ya realizaron el reemplacamiento.
“Se hará el canje gratis a los que ya reemplacaron, y a los nuevos se les va a cobrar 980 pesos. No buscamos un tema recaudatorio”.
Reconoció que en todas las oficinas había “gestores” que acaparaban turnos: “Fue difícil al principio, es cierto. Había molestia por el tema de las fichas; gente que se quedaba afuera, gente que llegaba a las dos de la mañana para hacer el trámite. Mil disculpas a quienes vivieron esa etapa”.
Aseguró que ya puede realizarse el trámite en línea, lo que agilizará el proceso. Sin embargo, omitió informar cuánto costará el nuevo programa de reemplacamiento vehicular anunciado para 2026.
lm