XALAPA, VER.- Un grupo de maestras y maestros jubilados y pensionados se manifestaban este viernes 3 de octubre en el Centro de Xalapa cuando fueron desalojados por policías antimontines. Los inconformes fueron obligados a liberar la calle Enríquez, a las afueras del Palacio de Gobierno, y los replegaron a la antigua Plaza Lerdo.
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El contingente arribó al primer para exigir el cumplimiento del pago del Seguro de Vida Institucional que se les adeuda desde hace más de 15 años. Los docentes recordaron que durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez solían protestar cada jueves en el centro, y que antes de concluir su gobierno —el 30 de noviembre de 2024— se entregaron al menos 400 cheques retrasados a igual número de beneficiarios.
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Sin embargo, denunciaron que el cobro de los cheques no se concretó: algunos carecían de fondos y, posteriormente, les informaron que tenían errores. Por ello, los documentos fueron devueltos al gobierno sin que se cumpliera con el pago de la prestación.
Ante esta situación, las y los jubilados retomaron su manifestación en Xalapa para pedir la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García y exigir que se cumpla con el beneficio laboral.
La protesta coincidió con la concentración de estudiantes de Humanidades y colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes conmemoraban el 2 de octubre y la matanza de Tlatelolco. En ese contexto, un grupo de policías antimotines llegó para resguardar el Palacio de Gobierno, que continúa en remodelación.
Los trabajadores mantuvieron cerrada la vialidad hasta poco después de las 9:00 de la mañana de este viernes 3 de octubre, cuando nuevamente arribaron los policías, armados con toletes y escudos. El número de uniformados superaba por mucho a los manifestantes, y como medida de intimidación se colocaron detrás de ellos, avanzando hasta obligarlos a liberar la avenida Enríquez.
Aunque la circulación ya había sido restablecida, los policías encapsularon a los maestros en Plaza Lerdo. La acción también alcanzó a los medios de comunicación que daban cobertura al evento. Los docentes, en su mayoría adultos mayores, cuestionaron el despliegue policiaco.
“¿¡Qué hacen aquí los granaderos, si ya nos quitaron!? Ya hubo el desalojo a cómo ellos quisieron, nos están invitando a desalojar inmediatamente, ¿de qué se trata? Les pregunto a los policías, ¿qué hacen ustedes aquí? Estamos nosotros sin armas, los delincuentes andan en la calle, allá deberían estar ustedes”, reprochó una maestra.
La docente acusó que los elementos respondían a un “capricho” de un mal gobierno, cuando su función debería ser la prevención de delitos y evitar secuestros. “No tiene porqué encapsularnos, ¿qué más quieren?”, insistió mientras permanecían sobre la banqueta de la calle Lucio.
El operativo fue documentado por personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que acudió para dar seguimiento a lo ocurrido y evitó pronunciarse por el actuar de los policías frente a los adultos mayores.
Se repite la historia
El operativo de este viernes recordó lo ocurrido el 24 de diciembre de 2015, cuando elementos de la Fuerza Civil y de la Policía Estatal Acreditable replegaron con toletazos y escudos a un centenar de pensionados que por tercer día consecutivo bloqueaban calles del centro histórico de Xalapa para exigir al entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa (2010-2016) el pago de sus prestaciones, el retroactivo salarial y sus quincenas de diciembre.
Aquel operativo fue dirigido a distancia por el director de la Fuerza Civil, Roberto Meza, quien acudió sin uniforme para evadir a la prensa. La represión, ocurrida en vísperas de Navidad, fue recordada como uno de los episodios más violentos contra el movimiento de pensionados agrupados en el Colectivo de Pensionados y Jubilados del Estado de Veracruz (Copipev).
“Hoy no hay pavo, ni pastel, ni velitas por los cinco años del Copipev; hoy hay palos, hay represión, nos pega, nos manda a pegar quien tiene su vida asegurada y la de cinco generaciones”, expresó entonces una de las manifestantes, enardecida tras el segundo repliegue.
Días después del operativo, el entonces secretario de gobierno, Flavino Ríos asumió la responsabilidad de haber ordenado el desalojo, para liberar la vialidad en la capital del Estado.
fm