XALAPA, VER.- A través de un comunicado, el gobierno del Estado confirmó la creación de un fideicomiso para garantizar el pago de beneficios de seguridad social de los trabajadores y la cobertura de cualquier contingencia derivada de fenómenos meteorológicos o accidentes graves en la entidad.
Lo que antes se planteó como una aseguradora ahora se transformó en un fondo en el que se van a destinar recursos del Estado, que permitirá no solo cumplir con los beneficios de la clase trabajadora, también dará pauta a la atención de afectaciones por fenómenos meteorológicos en Veracruz.
En el comunicado oficial, el Estado reitera que no se contrató el seguro de desastres catastróficos y explica que la pasada administración del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez pagó alrededor de 750 millones en pólizas; sin embargo, el dinero que se entregó al Estado por los daños generados por fenómenos meteorológicos fue de apenas 25 millones de pesos.
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El Estado aclaró que sí tiene dinero para atender la contingencia y la reconstrucción de los daños en los 40 municipios que se vieron afectados por las lluvias del disturbio 90E.
Remediación de los daños
En el comunicado se destaca que la federación aportará a la remediación de los daños, una vez que se cuantifiquen las afectaciones causadas por las inundaciones.
“Lo que debe quedar completamente claro es que el Gobierno del Estado de Veracruz, sin comprometer su equilibrio financiero ni sus calificaciones crediticias, destinará, en conjunto con el Gobierno de la República, los recursos necesarios para la reconstrucción de la zona norte”.
Seguro con el que contaba el gobierno anteriormente
Anteriormente, el Gobierno Federal contaba con el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN); al desaparecer en 2021, debido a que fue utilizado para desviar recursos hacia fines distintos a la atención de desastres, incluso sin rendición de cuentas y con sobrecostos, Veracruz recurrió a la contratación de seguros comerciales con montos de 150 a 170 millones anuales, lo que originó una erogación de 750 millones de pesos en la pasada administración.
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“Dado que en 2021 se presentó el huracán Grace en las costas del Golfo de México y ante el embate que sufrió la población veracruzana, dicho seguro sólo retornó la mínima cantidad de 25 millones de pesos, evidenciando que dicha aseguranza no es redituable ni favorece al Estado”, se argumenta en el comunicado.
Se hace mención que desde el presupuesto para el ejercicio 2025, el Estado planeó la creación de un fideicomiso para garantizar la seguridad social de los trabajadores y la cobertura de cualquier contingencia derivada de fenómenos meteorológicos o accidentes graves.
Según el proyecto de presupuesto del Estado de Veracruz, el Estado etiquetó 175 millones de pesos correspondientes al Seguro de Desastres Naturales.
“En este momento, la administración responsable y eficiente de las finanzas del Estado permite cubrir los gastos derivados de las afectaciones que dejaron las lluvias torrenciales en la zona de la Huasteca, ocurridas hace una semana. Incluso, no está considerado recurrir a préstamos ni aumentar las líneas de crédito."
“El Gobierno del Estado de Veracruz rechaza cualquier campaña de desinformación y desprestigio que busque generar en la población zozobra e inestabilidad, ya que es visible que en estos momentos el Gobierno Federal ha coadyuvado y apoyado de forma incondicional, con recursos económicos y humanos, para proteger a los veracruzanos que sufrieron alguna pérdida material o personal”, dice la versión oficial.
En la exposición recuerdan que en los últimos días se hicieron reformas a la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres y se publicaron las Reglas de Operación del Fideicomiso de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales y Otros Siniestros.
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“Estas acciones le permitirán al Estado de Veracruz: 1) utilizar para emergencias y desastres, en lo inmediato, 10 veces más que si hubiera continuado con el seguro ante desastres naturales; 2) contar con mayor autonomía y disponibilidad inmediata de recursos estatales, sin necesidad de declaratoria de emergencia federal; 3) mayor transparencia en el uso y aplicación de recursos públicos para fines de atención de desastres; 4) enfocarse en la atención inmediata de la emergencia, dado que la cobertura del seguro contratado retornaba el dinero uno o dos años después”.