VERACRUZ, VER.- Por problemas internos en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Veracruz, desde el mes de mayo el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) intervino las finanzas del comité estatal. La dirigencia empezó a recibir el dinero que entrega el Organismo Público Local Electoral (OPLE) como prerrogativa al instituto, al que ya se le inició el proceso de liquidación por no alcanzar el 3 por ciento de la votación en la elección del 2 de junio.
En la actualidad, los trabajadores del comité directivo de Veracruz explicaron que tiene retraso en el pago de sus quincenas, esto debido a que los cheques se deben firmar desde el CEN.
El lunes pasado, el comité estatal remitió al Organismo Público Local Electoral (OPLE) un escrito por el que pide que se restablezca la ministración de las prerrogativas a la dirigencia en Veracruz y se nombre un interventor local, ante la potencial pérdida de registro.
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Sergio Cadena, informó al OPLE que, persiste la omisión del CEN de destinar el financiamiento local público ordinario de los meses de junio y julio al pago de los salarios de las y los trabajadores de la dirección estatal ejecutiva, pago de impuestos y servicios básicos.
El dinero del PRD está a cargo de Aldo Jonathan Dávila, Coordinador de Patrimonio y Recursos Financieros del comité nacional; Alma Rosa Arámbula Reyes, enlace financiero para el estado de Veracruz; y Ricardo Badin Sucar, interventor encargado del proceso de liquidación del partido de la Revolución Democrática del INE.
La historia de la intervención
El 27 de abril, en pleno proceso electoral, el comité nacional designó a Alma Rosa Arámbula Reyes como nueva tesorera estatal, luego de que Roberto Peña González, en su calidad de Secretario General; Edith Cruz Pérez, Secretaria de Gobiernos Asuntos Legislativos; Yolanda Rendón Hernández, Secretaria de Comunicación Política; Myriam Lagunes Marín, Secretaria de Agendas de Igualdad de Género, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, de la Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología, acudieron al comité a quejarse por el manejo de las prerrogativas, que prevalecía en Veracruz.
Dos días después, el 29 de abril, se emitió el acuerdo 165/PRD/DNE/2024 de la Dirección Nacional Ejecutiva, mediante el cual, se atraen las funciones y atribuciones de la coordinación de patrimonio y recursos financieros estatal de la Dirección Estatal Ejecutiva, del Partido de la Revolución Democrática en Veracruz.
Para el mes de mayo, Alma Rosa Arámbula Reyes, enlace financiera, se tomó atribuciones como las de cambiar chapas de las oficinas estatales y designar aumentos de sueldos a secretarios, así como omitir el pago a otros trabajadores.
En consecuencia, el 12 de junio, ante la falta de pago de los salarios a personal del PRD comenzaron a llegar citatorios para audiencias de conciliación prejudicial ante la Delegación Regional de Conciliación Laboral número cinco Xalapa, del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz.
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La petición al OPLE, de parte del comité estatal, se sustenta en que los responsables, apartándose de sus facultades, han utilizado el financiamiento local público ordinario correspondiente a los meses de junio y julio para fines distintos al pago de nóminas e impuestos.
Por lo que pidió: se suspenda la ministración de la prerrogativa ordinaria correspondiente al mes de agosto, evitando con ello un manejo indebido de los recursos y patrimonio del PRD en Veracruz.
Se autorice la apertura de una cuenta bancaria en donde se depositarán de manera subsecuente las prerrogativas a partir del mes de agosto, misma que será reportada a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para los efectos legales correspondientes y se pueda realizar la comprobación del gasto, así como los pagos que resulten procedentes.
Se vincule a la Tesorería Nacional reintegre las cuentas y claves de acceso para realizar el registro de las operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización.
Se designe a un interventor por parte de ese Organismo Público Local Electoral de Veracruz, para que coordine los trabajos y se pueda garantizar el respeto pleno a los derechos de los trabajadores.
mb