XALAPA, VER.- Este miércoles 24 de abril Joana Bautista Flores, exadministradora del Poder Judicial de Veracruz, fue citada a comparecer ante un juez local para ser imputada por la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de incumplimiento de un deber legal.
Además de Joana Bautista Flores, también fue requerida en audiencia inicial Manuela Saldaña Ríos, subdirectora de recursos financieros del Poder Judicial. Ambas exfuncionarias fueron destituidas el 26 de septiembre de 2023 en medio de señalamientos de corrupción.
La audiencia contra las dos ex servidoras públicas forma parte del proceso penal 448/2024 y deriva de una carpeta de investigación radicada en la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales de la FGE. La audiencia comenzaría a las 15:00 horas de este 24 de abril en los juzgados de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, sin embargo, fue suspendida debido a un justificante médico presentado por Bautista Flores.
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En marzo de 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que el Poder Judicial de Veracruz no logró solventar una observación por el probable mal manejo de 82 millones de pesos detectados en la cuenta pública de 2021. Lo anterior, cuando Joana Marlen Bautista Flores fungió como administradora del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
Joana Bautista Flores fue designada como titular de la Dirección general de administración del Poder Judicial el 6 de agosto de 2020. Antes de ello, fungió como secretaria particular del subsecretario de administración y presupuesto, Eleazar Guerrero Pérez, quien a su vez es primo político del gobernador Cuitláhuac García.
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El pasado 9 de febrero de 2024, la presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó la existencia de 4 denuncias penales por presuntos actos de corrupción cometidos al interior del organismo. Aunque dichas querellas se presentaron contra quienes resulten responsables, los hechos corresponden a 2023, el último año que Joana Marlen Bautista Flores a cargo de la administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
Jiménez Aguirre refirió que las 4 denuncias están soportadas con una auditoría realizada por la Contraloría Interna del Poder Judicial. Entre los posibles actos constitutivos de delito, destaca la probable existencia de una red de empresas fantasma mediante las cuales el Poder Judicial contrató servicios por casi 50 millones de pesos.
De acuerdo con la también presidenta del Consejo de la Judicatura, las denuncias se presentaron desde octubre de 2023 ante la Fiscalía de investigaciones Ministeriales (FIM) y serán las autoridades encargadas de procurar justicia quienes delimiten responsabilidades.
mb