XALAPA, VER. - El hecho de que actores políticos como el presidente Andrés Manuel López Obrador, o el gobernador Cuitláhuac García Jiménez usen las instituciones, la palestra pública y el recurso público para denostar a los medios de comunicación y a sus representantes, aumenta el riesgo de violencia contra los periodistas.
Luis Eduardo Moreno, coordinador de defensa de Artículo 19, oficina Centroamérica, estuvo de visita en Xalapa y señaló que, de acuerdo a datos históricos, prevén que este mes de abril y mayo se incrementen las agresiones y los ataques contra los comunicadores y periodistas, por el proceso electoral y el periodo de campañas.
Reconoció que Veracruz es un foco rojo por las agresiones a los trabajadores de los medios de comunicación, siempre se han mantenido en los primeros cinco lugares, por los atentados o asesinatos contra los comunicadores y periodistas.
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“Si de por sí en un entorno normal, fuera de lo electoral, hay violencia contra la prensa ahora en elecciones, hay que agarrarse porque viene todavía la violencia más fuerte, violencia física y también violencia a través de la palabra, la estigmatización.
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“Y lo vemos también aquí con el gobernador de Veracruz, así como con el presidente de la República, que hay que decirlo con todas sus letras, son funcionarios de alto nivel que se dedican a denostar, a estigmatizar, a descalificar a la prensa desde la palestra pública, desde las oficinas públicas con utilización de recursos públicos. Eso todavía ha aumentado más la violencia y todavía coloca en mayor riesgo (a los comunicadores)”, lamentó.
Desde el 2019, dijo, se han reportado más de 100 agresiones a comunicadores, y Veracruz esta entre el 98 por ciento de los estados donde no hay sanción a los responsables, y aunque hay detenidos, salen en libertad y no hay justicia para las familias.
“El caso de María Elena Ferral no encuentran justicia y cuando empiezan a encontrar justicia, empiezan a liberar a personas como sucedió recientemente en este caso. Y eso por la mala actuación de las autoridades de investigación, de las fiscalías, que muchas veces hacen su trabajo de manera desaseada o no respetan el debido proceso.
"Y cuando llegan esos casos ante un juzgado, el juez libera a las personas. Entonces, las víctimas regresan a donde empezaron, es un retorno al cero y una revictimización enorme como ocurrió en este caso”.
mb