VERACRUZ, VER. - El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, anunció este martes 26 de marzo durante su conferencia de prensa que enviará al Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de ley para modificar la actual Ley de Prevención, Atención y Asistencia a la Violencia Familiar.
El mandatario explicó que su administración ha trabajado con esta ley, donde actúan a través de una comisión interinstitucional, integrada por el DIF y otras dependencias. Fue publicada por primera vez en la Gaceta Oficial del Estado en septiembre de 1998, cuando el gobernador de Veracruz era Patricio Chirinos Calero. La última reforma que tuvo fue el 19 de julio de 2007 y tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia mediante la elaboración de mecanismos técnicos especializados.
¿Cuáles son los cambios?
García Jiménez explicó que en esta nueva iniciativa planean crear una plataforma donde se lleve un registro oficial de los casos de violencia familiar que se reporten en todo el estado de Veracruz o que puedan constituirse como hechos de agresiones familiares.
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“Esto le hemos venido dando seguimiento y vimos la gran utilidad de hacer esta plataforma y de coincidir las acciones de todas las dependencias. Por eso nos animamos a que está comisión sea llevada a un nivel oficial y legal. Que pudiéramos tener un sustento legal para actuar, lo hacemos bajo la ley anterior, pero hicimos unas pequeñas modificaciones”, aclaró.
Alan Jesús Campos López, coordinador del Sistema de Alerta Temprana, explicó que esta iniciativa busca fortalecer el sistema de alerta temprana para casos de violencia familiar. También se busca la participación de 17 dependencias estatales y de los municipios para que contribuyan a la lucha contra este delito, pues con la actual solo los organismos del estado tenían la obligación de ayudar.
“Existen tres tipos fundamentales para reportar o establecer cualquier tipo de violencia en el estado. La primera es la modalidad presencial, en la que cualquier persona podrá asistir a una dependencia pública a establecer una queja. La otra es por vía de un buzón, vamos a establecer buzones en estas dependencias, donde las personas puedan presentar de manera escrita y anónima alguna queja que conozcan sobre violencia familias y la otra mediante una línea telefónica que es el número 070”, explicó Alan Jesús Campos.
También obliga a las dependencias estatales y ayuntamientos a tener dentro de sus planes de desarrollo iniciativas integrales a efectos de proteger y tener medidas que erradiquen la violencia familiar en el estado.
Así como faculta a las autoridades de establecer medidas emergentes cuando una persona esté en un riesgo inminente o afecte su integridad. Lo que quiere decir que, cualquier dependencia del estado o municipal podrán salvaguardar la vida de una persona, siempre y cuando esté debidamente fundamentada.
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Esta iniciativa de ley se encuentra fundamentada para ayudar no solo a mujeres, sino que también niñas, niños, jóvenes, hombres y adultos mayores que se encuentren en riesgo. Lo que permitirá dar una atención integral a las y los veracruzanos.
“El estado se compromete también, dentro del articulado de esta ley, a prestar atención especializada a las personas que son receptoras de violencia. Procurando la integridad física y mental, esto se hace mediante asesorías, acompañamientos que las dependencias van a prestar a las víctimas”, dijo.
Alan Jesús Campos añadió que la nueva ley deroga la actual, ya que la iniciativa incorpora elementos y principios en materias de derechos humanos que son más acordes a la realidad social y se encuentran adaptados a los casos que suceden en las casas de las familias veracruzanas.
De acuerdo con el gobernador, para implementar esta iniciativa implementaron capacitaciones y cursos entre los empleados de las dependencias para así iniciar el Sistema de Alerta Temprana. Otro de los cambios será en la Comisión Interinstitucional de este sistema, pues va a pasar a ser el Consejo Estatal Interinstitucional de prevención a la violencia familiar. Así como incluye la participación de la Fiscalía General del Estado.
mb