Xalapa, Ver.- Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), aseguró que la nueva administración estatal encabezada por Rocío Nahle García, que inicia el próximo 1 de diciembre, no encontrará “sorpresas” en el manejo de los recursos públicos del Estado.
En entrevista en las oficinas del Orfis, en Xalapa, aseguró que como parte de la revisión de la Cuenta Pública se ha hecho un trabajo exhaustivo en la revisión del manejo financiero, incluso, el ejecutivo del estado sigue solventado observaciones de la Cuenta Pública 2023 y de años anteriores.
“Garantizarla a ella, que pueda tener sorpresas o no, creo que el trabajo que veníamos realizando puede darle idea de cómo está la situación en el gobierno en general. Los números están ahí a la vista y el hecho de que esté ahí el secretario de Finanzas, y que él vaya a continuar, eso le da certeza al manejo que ha tenido este gobierno a las finanzas”, dijo González Cobos.
“No creo que haya sorpresas para la gobernadora electa, teniendo ya un panorama de la situación del estado, yo creo que ella conoce ya como está la situación y está ahí el secretario de Finanzas para dar respuesta a todo, pero estoy segura de que, ella conoce bien la situación”, planteó.
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Sin embargo, reconoció que aun no conoce el resultado de la cuenta pública del 2023, donde el estado tiene observaciones por 280 millones de pesos por obra pública realizada por diferentes ejecutoras como la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Espacios Educativos, Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y Procuraduría del Medio Ambiente (PMA), entre otras.
De acuerdo a datos del Orfis en 2018 - que en su mayoría correspondió al último año de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares - se observó el manejo de 2 mil 783 millones de pesos, de esa cantidad quedó como daño patrimonial mil 933 millones de pesos; en 2019, el monto observado, fue de 2 mil 171 millones de pesos y queda pendiente de solventar 171 millones de pesos.
En 2021, el monto que se pidió justificar fue de 655 millones de pesos, y estaba pendiente de solventar 189 millones de pesos; en 2022, el monto que se pidió aclarar fue de 733 millones y cuando se aprobó el monto la Cuenta Pública quedó en 166 millones de pesos.
En 2023, el monto que se había observado fue de 611 millones de pesos, y de acuerdo al informe que se entregó al Congreso el monto a justificar es de 280 millones de pesos.