XALAPA, VER.- En el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 2023, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) observó el trabajo que ha realizado el Instituto de Espacios Educativos de Veracruz (IEEV), organismo dependiente de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), en la construcción de diversas obras públicas.
El IEEV realizó un total de 258 obras y servicios en el año 2023, con una inversión de mil 781 millones 261 mil 350 pesos. 174 obras y servicios fueron contratados a través del procedimiento de adjudicación directa; 81 obras y servicios se asignaron por invitación a cuando menos tres personas; y solo 3 obras y servicios contratados a través del procedimiento de Licitación Pública.
Este miércoles 2 de octubre, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez recordó que están en proceso de solventación, es decir, las ejecutoras de obra, como el Instituto de Espacios Educativos están en posibilidad de justiciar el manejo financiero.
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“Recuerden que ahorita no estamos en etapa donde se declare el daño al patrimonio, todavía nos dan opción para hacer las declaraciones. Sí, observaciones, todos los gobiernos tienen. No somos impecables”, dijo.
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Datos que observó el Orfis al Instituto de Espacios Educativos, expone que se los 258 contratos se adjudicaron directamente en 2023: 40 se entregaron a dos empresas y cinco personas físicas contratistas, sin respetar los criterios normativos de imparcialidad y transparencia, lo que resulta, según el ORFIS, irregular.
Las empresas y empresarios consentidos de Espacios Educativos son: Grupo Constructor Topcan, S.A. de C.V, que se creó un mes antes del inicio de la actual administración; Construcciones y Caminos Zulak SA de CV con domicilio fiscal en Chiapas; y las personas físicas: Edgar Omar Simbron Ortega, Jocavet Dolores Méndez García, Reymundo Amador Soto, María Guadalupe Simbron Reséndiz, y Emigdio Moran Medorio.
En la auditoría que se practicó al contrato 02082023090272, referente a la Construcción del complejo deportivo "Nido Halcón" Segunda Etapa, se observó que el anticipo del Segundo Convenio Modificatorio se realizó en el año 2023 y el plazo de ejecución se encuentra vigente, pues se suspendieron los trabajos del 24 de junio al 24 de agosto de 2024.
En la revisión de la obra se confirmó que los trabajos pagados y ejecutados corresponden a una primera etapa, por lo que aún no se encuentra brindando el servicio; también se observó material, equipo y fuerza de trabajo ejecutando las labores de construcción correspondientes a etapas posteriores, es decir, que la obra estaba retrasada.
La segunda etapa considera los trabajos de suministro y colocación de estructura metálica, montaje y cubierta, entre otros trabajos complementarios, por ello el costo es de 428 millones 121 mil 800 pesos que se entregaron a la empresa Checa SA de CV., de la familia Chedraui.
Se identificó que el proyecto ejecutivo carece de los croquis de ubicación de los volúmenes de obra y bancos de desperdicio; el registro de alta de la obra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue tramitado posteriormente a los cinco días hábiles siguientes a la fecha de inicio de los trabajos.
Respecto de la obra: 02082023000297, que incluye la rehabilitación y ampliación del Estadio “Beto Ávila” ubicada en la localidad de Boca del Rio, Municipio de Boca del Río, el Orfis, detalló que tras la visita domiciliaria a las obras de la muestra que se revisó, encontraron una deficiente operación de la obra, toda vez que se constató que en áreas correspondientes a la zona de pasillos, club house de visitante y local, presenta deformaciones en el piso de caucho a base de loseta de 50 x 50 cm.
Respecto a la supervisión de la rehabilitación y reconstrucción del estadio Luis Pirata Fuentes, se verificó que la obra se terminó de acuerdo al alcalde del contrato, no obstante, se observó material, equipo y fuerza de trabajo ejecutando las labores de construcción correspondientes a etapas posteriores, lo que se asentó en actas.
Las tres obras que fueron observadas por el Orfis se construyen con recursos del estado, sin embargo, el Congreso de Veracruz autorizó, o está en proceso de, para que la operación este a cargo de particulares a quienes se les entregaron por cinco años, con posibilidad de ampliar la autorización por un periodo similar.