XALAPA, VER. - La Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite remitió una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por el caso de la jueza Angélica Sánchez, detenida en dos ocasiones por policías estatales de Veracruz y de la Fiscalía General del Estado, los días 5 y 16 de junio de 2023.
En el documento, que se hizo público este lunes 4 de septiembre y en el que se requirió un informe al gobierno federal en un periodo de 60 días, se expone que desde la presidencia del Poder Judicial de Veracruz se determinan las resoluciones que deben tomar los jueces en audiencias.
Incluso, se lee en la misiva que la jueza Angélica Sánchez estuvo retenida por dos días -desde el 5 hasta el 7 de junio- y pudo ser víctima de desaparición forzada de corta duración.
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“El 7 de junio de 2023, la Fiscalía liberó a la jueza sin someter la legalidad de su detención a control judicial, pues pese a haber afirmado que se detuvo a la jueza en flagrancia, determinó que no había elementos para judicializar el asunto por el momento”, expone Margaret Satterthwaite, quien a su vez precisa que las presunciones se aclararán con el informe del gobierno federal.
A ese respecto, la relatora de la ONU destaca: “En particular, me preocupa que la Jueza haya sido detenida sin orden de detención y que dicha detención podría constituir una desaparición forzada de corta duración”.
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“Quisiera señalar a la atención urgente del Gobierno de Su Excelencia la información que he recibido en relación con la detención arbitraria y faltas de debido proceso en el caso de la Jueza Angélica Sánchez Hernández, presuntamente en represalia por su decisión sobre la concesión de un amparo en un caso de alto impacto de Veracruz”, inicia la carta.
En el relato de la representante de la ONU, se menciona que desde un principio la Jueza Angelica Sánchez advirtió la incorrecta integración de la carpeta de investigación por parte del Fiscal Encargado de la Sub-Unidad de Procuración de Justicia de Playa Vicente, Veracruz, perteneciente al Distrito de Cosamaloapan.
La información en manos de la ONU, indica que los jueces en Veracruz, tendrían la instrucción de notificar a sus superiores cuando van a resolver algún asunto que se considera relevante, además cuando son asuntos de relevancia, recibirían llamadas o mensajes desde la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia donde se instruiría el sentido en el que deben resolver.
Previo a acatar la sentencia del juez federal, la jueza Angelica había avisado por WhatsApp a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, que el siguiente sábado se trasladaría desde el distrito de Huatusco a Cosamaloapan a resolver el cumplimiento de amparo.
“El sábado 3 de junio en audiencia, en cumplimiento a ese amparo federal, la jueza local Angélica Sánchez Hernández, determinó no vincular al imputado a proceso en una nueva audiencia inicial que se llevó a cabo por videollamada. La Jueza habría notificado inmediatamente a la Magistrada presidenta, enviando para ello en pdf la Sentencia del Juez de Distrito y la del Tribunal Colegiado y la que acababa de emitir”.
En la carta al presidente, la relatora explica que la presidenta el TSJE habría cuestionado a la Jueza sobre el sentido del fallo y al recibir la repuesta, le habría llamado por misma aplicación y gritado “¿En qué momento me consultaste sobre lo que ibas a resolver, cuándo informaste?, si sabes que este es un asunto de Alto Impacto?”.
Ante la respuesta de la Jueza, Lisbeth Aurelia habría amenazado a Angelica Sánchez con la frase: “Entonces atente a las consecuencias”.
A pesar de que Itiel N habría obtenido su libertad, por medio del amparo, la madrugada del 4 de junio de 2023, fue detenido en las inmediaciones del penal federal de Ramos Arizpe, Coahuila.
El gobernador Cuitláhuac García ofreció una rueda de prensa en la que solicitó una investigación en contra de la jueza local Angélica Sánchez. En lo que interesa, precisó: “Lo que sí voy a decir aquí, es que he solicitado (...) se investigue el presunto soborno por tres millones de pesos, a un juez, en este caso. Tengo indicios que sí sucedió”.
El 5 de junio la jueza Sánchez según fue detenida sobre la calle Loma los Carriles y Lomas de Xalapa, que desemboca en Avenida Arco Sur, por dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, que iban a pie le hicieron el alto y le preguntaron si era Angélica Sánchez. En ese momento la esposaron con las manos detrás de la espalda, le pusieron una capucha sobre la cabeza y a empujones y jalones la subieron a una camioneta de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la habrían trasladado al Cuartel de San José.
La jueza no habría sido informada del motivo de su detención, permaneció por varias horas con la cabeza cubierta, no recibió alimentos y fue forzada a firmar unas hojas que parecían ser un informe de policía homologado, pero con renglones en blanco.
Con la cabeza cubierta la condujeron a un patio del cuartel, donde estaba un medio tambo con arena y la obligaron a disparar un arma que le pusieron en la mano derecha. Después de un tiempo, la habrían llevado a una mesa en la que estaba su bolsa de mano envuelta en plástico y al lado estaba el arma que le habían obligado a agarrar y disparar, y unas bolsitas aparentemente conteniendo alguna droga.
La versión oficial de la detención fue que: estando en el tráfico vieron a un vehículo conducir a exceso de velocidad, que se acercaron al vehículo y la jueza empezó a insultarlos, y les dijo que ella era jueza, cuando quisieron intervenir la jueza empezó a dispararles. Por lo tanto, procedieron a detenerla y también le encontraron “paquetitos”.
Al permanecer incomunicada, su defensa interpuso el juicio de amparo indirecto número 519/2023 ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, presentado e ingresado el 5 de junio de 2023, por incomunicación y detención ilegal.
La jueza Sánchez Hernández, refirió en la diligencia de notificación de 5 de junio, que había sido víctima de maltrato psíquico y de actos constitutivos de tortura, mientras se encontraba detenida en los separos de la policía ministerial, con residencia en Las Trancas, Veracruz. La jueza fue liberada hasta el 7 de junio.
El 16 de junio de 2023, la jueza Sánchez fue detenida nuevamente en la Ciudad de México y habría sido llevada de regreso a Veracruz bajo nuevos cargos por parte de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz. Se le imputaron los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, con número de proceso 297/2023.
La audiencia inicial se llevó a cabo a las 23 horas del mismo 16 de junio, el juez a cargo determinó celebrarla a puerta cerrada y a solicitud 5 del MP impuso prisión preventiva justificada con duración de 1 año.
El 21 de junio del presente año para la continuación de la audiencia inicial, se pidió incorporar a la defensa a abogados designados por el Instituto de la Defensoría Pública Federal, que se permitiera el acceso a público en general y medios de comunicación; y la presencia de los oficiales del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para DDHH, pero el juez lo rechazo.
“Un principio fundamental de la independencia judicial, los jueces no deben estar sujetos a acciones penales o disciplinarias basadas en el contenido de sus decisiones. Mi preocupación ante los hechos descritos se basa en que, de ser ciertos, revelarían la violación de las normas internacionales relativas a la independencia del poder judicial contenidas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y precisadas en la Observación General 32 del Comité de Derechos Humanos”, dice la relatora de la ONU.
La ONU pidió al gobierno federal proporcionar cualquier información o comentario adicional en relación con las alegaciones arriba mencionadas: proporcione información sobre los fundamentos de hecho y de derecho del arresto y la detención de la jueza Sánchez, y explique cómo estas acciones cumplen con las obligaciones de México en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.
Además, pidió proporcionar información sobre el estado y los resultados de una investigación sobre la presunta tortura y malos tratos y pidió indicar las medidas tomadas para garantizar la independencia de jueces y magistrados, en seguimiento de los Principios de Independencia de la Judicatura, descritos en el anexo. Dio un plazo de 60 días para emitir el informe.
mb