XALAPA, VER.- Alma Aleida Sosa Jiménez, jueza de Veracruz que fue acusada de resolver juicios contra exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa de forma extralimitada, presentó su renuncia al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
En una carta firmada el 25 de julio de 2023, y dirigida a la presidenta del TSJE, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, la togada informa que su decisión de renunciar -de manera voluntaria- como juez de Primera Instancia obedece a intereses personales y de salud.
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“Vengo a presentar mi renuncia voluntaria con carácter de irrevocable, a partir del día 28 de julio de 2023, al cargo de funcionaria judicial de Juez de Primera Instancia, el cual obtuve a través de concurso de oposición libre, el 9 de diciembre de 2009, y posteriormente nombrada en 3 de diciembre de 2016, como juez de control y enjuiciamiento, con una antigüedad en la carrera judicial de 20 años con 2 meses, con el que me he conducido a lo largo de mi trayectoria judicial, con al debida probidad, objetividad, imparcialidad, profesionalismo y ética”, expone Sosa Jiménez en la misiva de la cual LA SILLA ROTA posee una copia.
Hasta el día de hoy, viernes 28 de julio, Alma Aleida Sosa Jiménez laboró como jueza de Control y Enjuiciamiento, adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Tuxpan, Veracruz. El 25 de abril de 2023 promovió un amparo para saber si existían órdenes de aprehensión en su contra y, de ser así, para que la ley federal la blindara contra alguna detención.
Tras dicha promoción, a la jueza Sosa Jiménez le fue concedida una suspensión provisional ante una posible orden de aprehensión hasta que no haya una suspensión definitiva en el juicio de amparo. Sin embargo, eso no la protege de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, si hubiera investigaciones contra ella por delitos graves considerados en el artículo 16, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí podría ser privada de la libertad.
Los fantasmas de Alma Aleida
El 3 de diciembre de 2016, durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, la carrera de Alma Aleida Sosa Jiménez se encumbró cuando fue nombrada jueza de enjuiciamiento. Desde ese puesto resolvió juicios contra exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte por delitos de corrupción y desaparición forzada.
Pero dichos juicios terminaron por caerse en tribunales por faltas de pruebas aportadas por fiscales a cargo de Jorge Winckler Ortiz, cercano al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, y que actualmente está preso por el delito de desaparición forzada. Jueces federales concluyeron, que el actuar de Alma Aleida Sosa Jiménez fue extralimitado al conceder medidas cautelares de prisión preventiva justificada.
Las actuaciones de la Fiscalía de Jorge Winckler y las decisiones de Sosa Jiménez fueron calificados por el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, como parte de una estrategia de su antecesor, Miguel Ángel Yunes Linares, para mantener la impunidad en los casos contra duartistas y culpar a su administración como la responsable de quedar en libertad.
Alma Aleida Sosa Jiménez resolvió juicios contra Arturo Bermúdez, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por desaparición forzada. También estuvo al frente de audiencias contra el extitular de Salud, Juan Antonio Nemi Dib; el extitular de la Secretaría de Finanzas, Mauricio Audirac Murillo, Flavino Ríos Alvarado, exgobernador interino y el exfiscal general, Luis Ángel Bravo Contreras, por desaparición forzada. Hoy todos ellos están en libertad.
Luis Ángel Bravo Contreras busca su inhabilitación ante Consejo de la Judicatura
La renuncia de Alma Aleida Sosa Jiménez ocurre cuando, a la par, consejeros del Consejo de la Judicatura del Estado estudian una solicitud de inhabilitación de la hoy exjueza, promovida por el exfiscal de Veracruz en el gobierno de Javier Duarte, Luis Ángel Bravo Contreras.
El exfiscal acusa a Sosa Jiménez por conceder una orden de aprehensión en su contra a pesar de que, como ella, contaba con una suspensión de amparo para no ser detenido. La ex togada, además, concedió la media cautelar de prisión preventiva justificada contra Bravo Contreras y determinó vincularlo a proceso. En los próximos el Consejo de la Judicatura determinará la inhabilitación o no inhabilitación de la exservidora pública.
fm