XALAPA, VER.- La jueza Angélica Sánchez tenía un amparo que la protegía para no ser detenida por ningún delito grave, según informó Sofía de Robina, secretaria técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP).
La representante del IFDP está acompañando la acción legal que sigue la Fiscalía contra la jueza que, valoró esta situación de riesgo, por lo que se pidieron medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y relatores de la Organización de la Naciones Unidas (ONU).
“Desde el instituto consideramos que hay elementos fundamentales a los que hay que darle seguimiento puntual, como la tortura de la que fue víctima el 5 de junio del 2023, cuando se dio la detención arbitraria”, afirmó en entrevista en un medio nacional.
La jueza Angélica Sánchez fue detenida el viernes 16 de junio del 2023 en la Ciudad de México por elementos de la Guardia Nacional que le señalaron que tenía una carpeta abierta por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.
La abogada explicó que los delitos que se le acusan a la juez se atribuyen a una sentencia que emitió el 27 de agosto, cuando vinculó a proceso a Itiel N, alias el Compa Playa acusado de homicidio de dos personas.
“Un juez de distrito le dio un amparo, en el que señalaba que debía analizarse el caso, dar un nuevo auto, pero se debían excluir pruebas; se promovió un recurso de revisión y se ordenó quitar más pruebas. La jueza, al dar cumplimiento a la orden, una vez que se excluyeron las pruebas, determinó no vincular a proceso”.
En ese momento, cuando la juez pidió a los responsables de la prisión liberar a Itiel N, de manera inmediata, y la fiscalía valoró como gestiones excesivas de parte de Angélica Sánchez, y es por lo que le imputaron el delito de tráfico de influencias. Será este miércoles 21 de junio cuando se defina si la vinculan a proceso o no.
La integrante de la Defensoría Pública explicó que ellos trataron de apoyar a la jueza cuando fue detenida recientemente, y trasladada a la Unidad Antisecuestro, sin embargo, no se les permitió verla, y fue trasladada a Veracruz.
“Se mantuvo incomunicada, lo que es grave, sobretodo de los antecedentes de la violación en su detención y teniendo en cuenta actos de tortura (…) se ejecutó la orden de aprehensión, pese a que contaba con un amparo de un juez de distrito que señalaba que no podía ser detenida a menos que fuera por un delito de prisión preventiva oficiosa”.
La defensora observó que las acusaciones contra la juez se dan en un ambiente de hostigamiento contra ella y el Poder Judicial, desde el gobierno federal y de parte del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
“Es un atentado al Poder Judicial” dijo la entrevistada que señaló que la juez no sólo debe enfrentar las imputaciones de la Fiscalía, sino los señalamientos públicos de parte del gobernador García Jiménez.
Sobre la denuncia de que el fin de semana se dio una reunión entre jueces de control y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) en la que presuntamente se les ordenó informarle sobre el sentido de los amparos federales, Sofía de Robina reconoció que es grave pues limita el actuar de las autoridades locales y la sumisión ante otro poder.
fm