XALAPA, VER.- El Congreso de Veracruz, con mayoría de diputados de Morena, podría iniciar un juicio político contra la titular de la secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Dorheny García Cayetano.
Dorheny García Cayetano es la actual titular de la Secretaría del Trabajo, fue diputada federal y es de las funcionarias estatales más cercana al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, además de presidenta del Consejo Político de Morena.
La solicitud de enjuiciamiento la presentó el pasado 2 de octubre Fernando Evaristo Arcos Mauricio, exdirector de la Comisión del Agua del ayuntamiento de Banderilla. La solicitud de juicio político no solo incluye a la secretaria del Trabajo del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez; además, incluye al presidente municipal, David Sangabriel Bonilla y a la síndica única, Guadalupe Magaly Márquez.
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“Interpone denuncia de Juicio Político en contra de Dorheny García Cayetano, secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Dorheny García Cayetano”, dice el documento que se leyó en la correspondencia de la sesión ordinaria de la Diputación Permanente este cuatro de octubre.
El documento se turnó a la comisión de Gobernación para analizar si reúne los requisitos para darle cause y remitirlo, posteriormente, a la Comisión Instructora, que es el grupo encargado de dar seguimiento a los juicios políticos y declaración de procedencia.
En el pasado, el promovente del juicio político inició una demanda por despido injustificado en contra del ayuntamiento de Banderilla, por lo que esta solicitud de juicio político, por los funcionarios involucrados, podría tratarse de un tema laboral.
¿Qué es un juicio político?
Según la Constitución: podrán ser sujetos de juicio político, por los actos u omisiones que conforme a la ley afecten a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho: los Diputados, el Gobernador, los Secretarios de Despacho, el Contralor General; el Fiscal General del Estado; los Magistrados; los Presidentes Municipales o de Concejos Municipales y los Síndicos, entre otros.
Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación hasta por diez años para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público del Estado o de los municipios.
Para la aplicación de las sanciones antes mencionadas, el Congreso del Estado procederá a la acusación respectiva ante el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, previa declaración de las dos terceras partes del total de los integrantes del Congreso, después de haber substanciado el procedimiento y con audiencia del inculpado.
mb