XALAPA, VER.- A través de una carta dirigida al gobernador Cuitláhuac García y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, representantes de Cámara Empresariales en Veracruz denunciaron una campaña de acoso, amenazas de clausura y multas millonarias que les impone la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) a cargo de Sergio Rodríguez Cortés.
Es la tercera ocasión en la que el funcionario es señalado de acosar e intimidar a empresarios, en el pasado la empresa Walmart lo señaló directamente, y Latinus presentó un reportaje de cómo el funcionario, antes militante del PRD, acosaba a empresarios para imponer multas millonarias o cobro de moches.
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Los empresarios exigieron al gobernador que se frene el acoso de parte del funcionario estatal, pues opinaron, eso va en detrimento de su economía y ellos son quienes generan fuentes de empleo en la entidad.
El presidente de la Coparmex en Xalapa, Juan Carlos Díaz Morante, señaló que esta situación vulnera sus derechos, por lo que exigen una mesa de diálogo con López Obrador y García Jiménez, a fin de dar frenar los procedimientos administrativos que son valorados como irregulares.
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Los empresarios acusan que han sufrido acosos, amenazas de clausura y multas millonarias aplicadas, el monto mínimo a pagar es de 500 mil pesos, pese a que no existe un tabulador con los criterios establecidos en la Ley Estatal de Protección Ambiental.
“Más de mil 500 empresarios son las víctimas de estas multas aplicadas que van conforme al tamaño de la empresa y trabajadores que en ellas laboran. Esos procedimientos los ha realizado la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, a cargo de Sergio Rodríguez Cortés”.
El procedimiento para sancionarlos es el mismo, explican. Se hace una inspección “obligatoria” luego de que se presenta una denuncia ciudadana, lo cual es indican es falsa; cuando el inspector ingresa a las instalaciones supervisa desde el área de oficinas, almacenes, producción, baños de trabajadores y patios o jardines.
“En todos los casos se encuentra la mínima falla desde el método de separación de residuos o cualquier motivo para amenazar con el cierre de las operaciones si no se presenta el representante legal a las instalaciones de PMA en Veracruz a comparecer en un lapso máximo de 48 horas”.
El empresario, indicó que al acudir a las instalaciones se les muestra un procedimiento en el que se les aplica una sanción mayor a 12,000 UMAS; después de algunas revisiones a la documentación se le comenta que se les puede hacer una rebaja de 10,000 UMAS.
O, en el mejor de los casos, les dicen que el pago puede ser solo de 5,000 UMAS y les dan hasta 30 días para pagar la totalidad o se procederá a la clausura total del negocio, sin posibilidad de ampararse o defenderse.
Por lo anterior, las cámaras empresariales solicitan una mesa de trabajo con las autoridades del estado y los presidentes de cámaras empresariales estatales, dado a que son muchas las empresas afectadas.
“Pedimos que nos escuchen, que se haga una mesa de trabajo con el Presidente de la República y el gobernador para que se dé solución a esta situación en donde decenas de empresarios estamos siendo afectados. Aclaro no estamos en contra de la Ley pero que se aplique de manera correcta”, dijo Díaz Morante.
PMA responde
El procurador del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés atribuyó las acusaciones en su contra al hecho de que están obligando a “regularizarse” a empresas que operan sin permisos medioambientales. Explicó que, en el caso concreto de Juan Carlos Díaz Morante, presidente de Coparmex, le pidió la intervención para evitar al pago de multas que le fueron impuestas a dos empresas que podrían estar ligadas al empresario.
“No he podido atender como el quisiera, a este representante de Coparmex Xalapa, es real que me ha visitado -yo recuerdo a principio de año- (…) el tema de fondo es que ellos tienen un procedimiento administrativo basado en la ley 62."
El funcionario aseguró que los empresarios le han pedido a que les “avise” de las visitas con la idea de poder adecuar las instalaciones para las “inspecciones” lo que es contrario a la ley.
“Nuestras inspecciones son apegadas a derecho, lo que quiere decir, que de acuerdo a la actividad económica que realizan hay una serie de requisitos que se deben cumplir y se supervisa si contaminan agua, si contaminan suelo, si contaminan aire y qué medidas tiene que hacer y cómo manejar tus residuos”. Dijo.
Explicó que todos los empresarios están obligados a tener un Manifiesto de Impacto Ambiental, “es la madre de todos los permisos ambientales” y hay empresas que no la tienen.
El funcionario ofreció sentarse a dialogar para buscar una solución a sus problemas de operación, pues es posible que ellos soliciten certificación y de esa manera se podrá evitar las sanciones punitivas que implica la operación sin tener los permisos necesarios.
Cuestionado por las constantes quejas en su contra, Rodríguez aseguró que todo se debe a la forma en cómo se está trabajando, pues muchas empresas han sido obligadas a operar en el marco de la ley.
Sobre los montos de la multas, que también se quejan los empresarios, planteó que eso se calcula en base al daño que se genera y la ley permite impone multas de hasta dos millones de pesos, por lo que recomendó acudir con los legisladores para revisar los máximos y mínimos de las sanciones.
fm