XALAPA, VER.- Ricardo Arturo Lagunes Gasca, un prolífico abogado defensor de derechos humanos con ascendencia veracruzana, está desaparecido desde el 15 de enero.
Junto al activista desapareció también el profesor Antonio Díaz Valencia, luego de que ambos salieran de una junta comunal donde entre otras cosas, se abordaron los logros del abogado para lograr que una empresa minera, Ternium, repartiera de manera equitativa los ingresos por llevarse el oro de la comunidad de San Miguel Aquila, en Michoacán.
Sus desapariciones han movilizado al país entero y ahora su padre, Arturo Lagunes Moreno, veracruzano y radicando en Xalapa, pide la intervención del propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez, asegurando que otros mandatarios lo han ignorado.
Te podría interesar
¿CÓMO DESAPARECIERON?
El día que Ricardo y Antonio desaparecieron, habían llevado buenas noticias a los ejidatarios de la zona de San Miguel, donde busca también renovarse el comisariado ejidal.
Te podría interesar
De acuerdo con la información que poseen las familias de ambos, la mañana del 15 de enero, Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia llegaron hasta el lugar para comunicar una de las determinaciones del Tribunal Agrario.
Y es que, al ser abogado y defensor de derechos humanos, Ricardo Arturo había sido contratado para realizar diversas diligencias y trámites ante la autoridad agraria para, por una parte, obligar a la empresa minera Ternium que cediera parte de sus ganancias a la comunidad, depositándolo en el tribunal y que repartiera otra cantidad de manera directa a los comuneros, pues Ternium se está llevando el oro, el cobre y otros minerales del lugar.
Por otra parte, se buscaba frenar las intenciones de la minera para ampliar aún más sus operaciones en el lugar.
El triunfo sobre la empresa internacional fue notificado a los ejidatarios en una asamblea comunal celebrada ese día por la mañana.
Ahí, Ricardo Arturo comunicó el fallo protector que se dio a los campesinos y cómo se tendría que notificar a la empresa para obligar su cumplimiento.
Arturo y Ricardo ya no pudieron ser testigos de ello, pues ese mismo día por la tarde, cuando volvían a sus casas en Colima, un grupo armado los privó de la libertad en el tramo carretero de Coahuayana-Michoacán y dejó abandonada la camioneta donde se trasladaban, con varios impactos de bala, en otra zona.
“Pensamos que el móvil parte de ahí de esa circunstancia, dada la gestión de mi hijo en ese municipio y por los intereses que hay en esa mina, porque esa mina entrega recursos a los comuneros y lo habían venido haciendo hacia los ‘representantes de ellos’ pero con sus gestiones logró que se fueran depositando parte de esos recursos al tribunal agrario”, dijo el padre del abogado.
PIDEN AYUDA
Y es que cuatro días después de la desaparición de los dos hombres, información publicada por diversos medios revela que el 19 de enero circuló un video donde se ve a Antonio, el líder campesino, quien manifestó que con él estaba un presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En el vídeo se interroga a Díaz, quien habló de una supuesta relación con el alcalde de Aquila, Michoacán; sin embargo según familiares del líder comunal, su padre fue obligado a grabar el video y repartir culpas.
Desde entonces, los familiares de los desaparecidos han llegado a diversas instancias nacionales e internacionales.
Además de pedir la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), se interpondrá una queja ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en contra la empresa minera Ternium y del Estado Mexicano.
En Veracruz, el padre del abogado de 41 años pide la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que interceda con sus homólogos de Michoacán y Colima, puesto que los mandatarios de ambas entidades no les han hecho caso a los familiares de los desaparecidos.
“Esta manifestación lo principal que pedimos es que nos devuelvan a mi hijo y a don Antonio con vida”, dijo Arturo Lagunes Moreno.
Recordó que durante todo el fin de semana se realizan manifestaciones pacíficas en todo el país e incluso fuera de él, con el fin de que no exista impunidad en el caso y, sobre todo, sean devueltos con vida.
“Pensamos que el móvil parte de ahí de esa circunstancia, dada la gestión de mi hijo en ese municipio y por los intereses que hay en esa mina, porque esa mina entrega recursos a los comuneros y lo habían venido haciendo hacia los ‘representantes de ellos’ pero con sus gestiones logró que se fueran depositando parte de esos recursos al tribunal agrario”, dijo.
Indicó que la otra parte del dinero se distribuía por igual a todos, tocando presuntamente intereses de la empresa.
am