XALAPA, VER.- Como medida provisional, jueces federales ordenaron suspender las 24 concesiones mineras que permitían a particulares hacer trabajos de exploración en Actopan y Alto Lucero. La autorización más antigua corresponde al año 2000.
La suspensión de la concesión la otorgó un juez, como medida cautelar, en tanto se resuelve de fondo un amparo que se presentó de parte de colectivos ambientalistas, que buscan revertir la minería tóxica en Veracruz.
El principal argumento del amparo es que la minera atenta con la vida digna en su dimensión colectiva, a un medio ambiente sano, al agua y a la participación en la toma de decisiones ambientales.
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En el mes de septiembre del 2022 se dio un primer amparo contra cuatro autorizaciones, sin embargo, en los últimos días de diciembre del 2022, se dio pidió suspender 20 permisos más. Las concesiones son para explorar 50 años y se pueden renovar por un periodo similar.
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En un boletín se expone que, tras la resolución emitida por un juzgado de distrito en Veracruz, en diciembre del 2022, habitantes de Actopan y Alto Lucero, en el estado de Veracruz, cuentan con la suspensión definitiva para todo el distrito minero consistente en 24 concesiones ubicadas en ambos municipios.
Por lo anterior, se informó, no se podrá ejecutar ninguna de las 24 concesiones mineras, es decir, que durante el trámite del juicio las autoridades no podrán expedir autorización alguna y que las empresas deberán abstenerse de realizar cualquier actividad tendiente al proyecto minero.
Esa medida, se tomó como resultado del amparo interpuesto el 25 de agosto del 2022 por habitantes de los municipios de Actopan y Alto Lucero. Plantearon que con la entrega de los títulos de concesión la autoridad incurrió en la omisión de garantizar sus derechos humanos, a la vida digna en su dimensión colectiva, a un medio ambiente sano, al agua y a la participación en la toma de decisiones ambientales.
El juez determinó que “es posible advertir que, al margen del interés particular que pudiera existir para el aprovechamiento de la concesión minera, lo cierto es que el derecho a la salud y protección de la vida del que gozan los seres humanos prevalece como derecho preponderante, reconocido en la Constitución.
Además, considera la dimensión colectiva de la protección del derecho a un medio ambiente sano, al señalar que esta resulta indispensable para el ejercicio de los demás derechos fundamentales de los quejosos y del resto de la población”.
Por lo anterior, planteó que “la continuación de operaciones de actividad minera en la zona de Actopan, Veracruz, reclamada, podría vulnerar, en perjuicio de los peticionarios de amparo, su derecho a la salud y a un medio ambiente sano”.
El juez plantea que la falta de pruebas científicas o técnicas que confirmen los riesgos de la minería en el medio ambiente sano no es motivo para no tomar las medidas necesarias para salvaguardarlo.
Las comunidades han planteado que la actividad minera supone graves afectaciones para su modo de vida, así como para el patrimonio natural de la región, incluso, es una amenaza al derecho al agua, ya que debido a la explotación de los recursos hídricos que requiere, deja a las comunidades en una situación de extrema vulnerabilidad ante la crisis hídrica y climática existente.
Otro riesgo, que se ha comentado en el caso de la minería, es la cercanía con la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, así como el paso de líneas eléctricas de alta tensión, los ductos que transportan hidrocarburos y los eventos meteorológicos típicos de las zonas costeras.
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