XALAPA, VER.- Con el voto mayoritario de Morena, diputados avalaron la intervención directa de la tesorería del municipio de San Andrés Tuxtla por un periodo de dos años. Actualmente la demarcación es gobernada por la morenista María Elena Solano.
La alcaldesa María Elena Solano, lo mismo que el diputado del distrito de los Tuxtlas, Juan Javier Gómez Cazarín estuvieron involucrados en una polémica en medios de comunicación, por la supuesta exigencia de la asignación de contratos de obra pública a empresas, presuntamente, relacionadas con el legislador.
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El mes pasado, se ordenó practicar una auditoría ante la queja de obras de mala calidad, sin embargo, este jueves se determinó quitar el control del presupuesto de la alcaldesa, a través de un auditor externo que nombrará el Congreso de Veracruz.
Los diputados del PRI y el PAN, subieron a la máxima tribuna para plantear que la medida no tiene sustento, pues la “intervención” se dará en base a denuncias en medios de comunicación y la percepción de que hay irregularidades en el manejo financiero, sin prueba plena, lo que es violatorio del derecho.
En la justificación para la intervención se argumenta que la Comisión de Vigilancia “recibió datos” en el sentido que el Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla “puede encontrarse en una situación atípica, inusual y particular” en cuanto al uso de los recursos públicos.
Señalando, incluso, opacidad en su manejo y el incumplimiento de obligaciones específicas, por lo que, para prevenir un posible daño patrimonial, la comisión valoró imperante y urgente que la Secretaría de Fiscalización del Congreso realice actos de fiscalización de la Cuenta Pública, lo anterior, sin haber concluido el primer año de ejercicio fiscal.
Los diputados se quejaron de que, en primer momento, se buscó realizar una auditoría, sin embargo, el municipio se negó a proporcionarles información sobre el manejo de los recursos de los primeros 10 meses de la administración.
Para los legisladores, esa conducta “abona” a los elementos que sugieren que el Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla se conduce con opacidad en el manejo de los recursos, el incumplimiento de sus obligaciones, sumado, a que opera con procesos irregularidades y actos que afectan directamente los servicios que recibe la población.
El Congreso argumentó que “encontraron” que el actual director de Obras Públicas no cumple con los requisitos para ocupar el cargo, “siendo una cuestión que agrava la situación”, pues dicho servidos, es el encargo de elaborar, avalar y firmar documentación y gasto en obra, por lo que la falta de título conlleva a razonar que no se garantiza el correcto desempeño de las obligaciones de ley.
Es por lo anterior, que se ordenó la intervención de la tesorería a través de un interventor que hará trabajos de control, vigilancia, y fincamiento de responsabilidades, permitiendo, primero, concretar una auditoría, determinar la omisión y el incumplimiento de las obligaciones a la que haya lugar, así como evaluar y regularizar el gasto público del municipio.
mb