Hablar del voto de las mujeres en nuestro país significa la lucha por alcanzar una serie de derechos que permanecieron durante muchos años restringidos para el género que representa alrededor del 52% de la población electoral del país. Por ello, es necesario recordar que la lucha por alcanzar una igualdad de derechos entre hombres y mujeres tiene un registro histórico un 6 de abril de 1952, cuando más de 20 mil mujeres congregadas en el Deportivo 18 de marzo en la Ciudad de México exigieron al entonces candidato a la presidencia de la República, Adolfo Ruíz Cortínez integrar en la Constitución Política el derecho de las mexicanas a votar y ser votadas.
En 1953 la lucha de las mujeres alcanzaba un importante escalón cuando el presidente Ruíz Cortínez publicó el decreto respectivo por el que anunció la promulgación de las reformas que dieron el derecho a las mujeres de ser parte integrante al sistema electoral mexicano pudiendo votar y ser votadas.
Desde entonces la participación de la mujer ha registrado diferentes momentos destacando la de 1996 en donde se incorporó en la legislación electoral que las candidaturas a las diputaciones federales no excedieran en un 70% a un mismo género; disposición que en 2008 la fórmula denominada de “cuotas de género” cambiaría a un 60%-40%. El resultado de este camino se vio ensombrecido por las múltiples mañas de actores políticos por darle la vuelta a la legislación electoral.
Un momento histórico lo vivimos en 2014 cuando se eleva a rango constitucional el principio de paridad de género obligando a los partidos políticos, principales actores de las contiendas electorales a postular de forma paritaria sus candidaturas, para lo cual el INE, instrumentó mecanismos que permitieron un equilibrado registro de candidaturas. Para 2019 se alcanza un momento cumbre con la reforma a diversas disposiciones que dieron vida a la llamada “Paridad en Todo” que significa no solo la paridad en candidaturas sino en la conformación de los tres niveles de gobierno, organismos autónomos e incluso en los sistemas normativos indígenas.
Todas estas normativas han permitido, entre otras consideraciones, que el resultado de la elección federal, concurrente con las elecciones locales, se diera la paridad en la Cámara de Diputadas y Diputados, quedando, con una regla de ajuste, en 251 mujeres por 249 hombres; sin lugar a duda, un hecho histórico. En la conformación de los Congresos locales, tenemos una composición mayoritariamente de mujeres, con 597 mujeres por 515 hombres, lo que dio como resultado que los 32 órganos legislativos locales estén integrados paritariamente y 15 de ellos, inclusive, con una mayoría de mujeres. El rubro donde habría que trabajar es en el ámbito municipal en donde sólo poco más del 22% de los municipios son encabezados por mujeres.
Ahora bien, como sabemos la Reforma Electoral conocida como Plan B está suspendida y la Corte entrará a su análisis y estudio a la brevedad, por lo mismo es de destacar el impacto que tendría en la postulación paritaria, ya que la paridad dependería del principio de autodeterminación de los partidos políticos por lo que evidentemente es totalmente regresivo. En el mismo sentido, el Plan B prohíbe al INE intervenir para fijar algún acuerdo para cumplir con el principio de paridad de género en el registro de las candidaturas.
Es por ello, que debemos seguir luchando como mujeres hasta que logremos una igualdad sustantiva que nos coloque y nos de visibilidad en todos los ámbitos, no solo en la política y que, con ello, dé como resultado una sociedad equitativa, justa y democrática para el bien de nuestra nación y de las generaciones que vienen atrás de nosotras.