El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó el viernes una demanda presentada por fiscales republicanos de Texas y Luisiana en contra del presidente Joe Biden por su política migratoria que permite priorizar la no deportación de ciertos ciudadanos en función de si representan una amenaza para la seguridad pública.
Con una votación de 8 contra 1, los jueces desestimaron la demanda que buscaba detener la implementación de la guía de prioridades de la administración de Biden, que instruye a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a enfocar sus esfuerzos en detener a migrantes que representen un peligro para la seguridad del país, de acuerdo con información de la agencia Efe.
El Tribunal Supremo argumentó que los estados no tienen la legitimidad para presentar esta demanda, lo cual podría sentar un precedente sobre cuándo un estado puede impugnar una política federal. Texas y Luisiana habían demandado las políticas de deportación de Biden, emitidas en febrero de 2021, que indican que la agencia encargada de hacer cumplir las leyes migratorias debe priorizar el arresto y deportación de migrantes considerados una amenaza para la seguridad nacional, aquellos que hayan cruzado la frontera recientemente de manera irregular o los que hayan cometido delitos graves específicos.
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Los estados demandantes argumentaban que estas directrices eran ilegales, ya que, según la ley, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tiene la obligación de detener a todos los migrantes indocumentados que hayan cometido delitos o tengan órdenes finales de deportación.
El fallo, dictado por el juez conservador Brett Kavanaugh, afirmó que los demandantes no tenían capacidad legal para impugnar el plan y que esta demanda era "extraordinariamente inusual" porque buscaba "ordenar al poder ejecutivo que modifique sus políticas de arresto para realizar más arrestos". Según el fallo, los tribunales federales "normalmente no escuchan este tipo de casos" y existen "otros foros abiertos" para que los estados expresen sus preocupaciones.
Esta es una de las varias acciones legales emprendidas por estados con gobiernos republicanos contra medidas implementadas por la administración Biden en el último año, siendo la más reciente la política de cancelación de la deuda estudiantil.