En el Congreso de Guanajuato se aprobaron dos modificaciones sustanciales al Presupuesto 2023 enviado por el Gobernador: (1) reconstituir el Anexo 14 a favor de las mujeres para visibilizar el gasto con perspectiva de género de todas las dependencias y entidades y (2) una partida para la realización de un diagnóstico cuyo resultado será el inicio de una política pública a favor de las poblaciones de la diversidad sexual y de género.
Hubo otros cambios que -sin ser una revelación- solo son traspasos entre partidas existentes con cargo a la -al parecer infinita- QC3037. Al final, no se discutieron temas de fondo como ¿por qué solo el 4.4% del total del presupuesto se destina a obra pública? ¿por qué solo el 12.5% del total es gasto de inversión? O lo que es lo mismo ¿por qué el 87.5% de los más de 113 mil millones de pesos es gasto corriente, transferencias y deuda pública?
Si pensamos que tan solo el Despacho del Titular de la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con un presupuesto total de 568,938,491.36 pesos, una asignación de 7 millones de pesos es 80 veces menor que ese gasto. Con 105 millones para compra de equipo de cómputo y 420 millones para acciones construcción o remodelación -solo de la oficina del Secretario como unidad administrativa- en el nivel presupuestario actual alcanzaría para 13 años de refugios para mujeres víctimas de violencia, o 26 años de atención especializada en violencia en contra de las mujeres con asistencia jurídica, médica y psicológica, respectivamente.
Ahí se gasta sin discusión. El dinero está en donde no hay pelea. Y la pelea está en donde hay menos dinero.
En mi equipo observamos este par de cifras bajo la lógica comparativa inspiradas en el análisis de los recursos militares del país contra los disponibles para reducir las violencias en contra de las mujeres, que en el marco del 25 de noviembre de 2022 publicó la organización Intersecta. Lectura recomendada.
Si el presupuesto no se aborda de manera aislada sino global y también con una mirada creativa de “imaginación redistributiva” entendida -en palabras de Intersecta- como aquella capaz de responder no solo cuánto dinero disponible hay para atender las problemáticas limitantes, sino hacia dónde podrían ir los recursos, y cómo podrían redistribuirse ¿cuáles otros datos podría arrojarnos un escrutinio riguroso del erario? ¿en dónde están puestas las prioridades del gobierno en un año en el que hasta deuda pública para inversión decidió contratar? Y por cierto ¿qué pasó con el ejercicio presupuestal base cero que al inicio del sexenio se prometió para corregir la inercia y las desproporciones?
Los 45 días para reconstituir el Anexo 14 vencen precisamente el día del inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, el 15 de febrero. Atención con la nueva propuesta porque el cambio obedece al hallazgo de algunas inconsistencias que deben corregirse.
Para este ejercicio 2023 el anexo había cambiado su nombre y estaba destinado de manera global a acciones no diferenciadas en razón de género bajo el nombre “Anexo 14. Igualdad de oportunidades y derechos humanos”. Desde el año 2016 la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato incluye un apartado espejo del Anexo 13 Federal denominado “Erogaciones para la Igualdad entre Hombres y Mujeres” que surgió de la Cámara de Diputados en el 2008. Ocho años después, un “gasto destinado en materia de mujeres e igualdad de oportunidades” surgió en el Estado y aunque ha evolucionado en nombres, las fallas de diseño permanecen.
En el 2022 fue publicado en el sitio web del IPLANEG, el documento denominado “Informe de la Evaluación del Gasto Destinado en Materia de Mujeres e Igualdad de Oportunidades del Estado de Guanajuato” elaborado en 2021 con un análisis preciso de los ejercicios 2019 y 2020. En sus conclusiones resalta que: (1) los proyectos y programas no cuentan con un diagnóstico inicial ni una línea base para su evaluación; (2) no se integra la perspectiva de género en la identificación de los problemas públicos y (3) los proyectos no son claros en su estrategia de cobertura.
Las metas son indeterminadas y no hay certeza de cuántas mujeres se pretende beneficiar o atender, como sucede con el programa PB070 “Administración de Sistema Estatal de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (SSP)” cuyo costo total de $830,089,262.00 se asume beneficiaría solo a mujeres.
Este es un claro ejemplo de que los costos totales de proyectos se agregan al Anexo sin datos que permitan saber sobre su estrategia y cobertura a favor de las mujeres, y contrario a lo que nos han venido señalando equivocadamente funcionarios de alto nivel del Gobierno del Estado, identificar grupos de atención prioritaria diferenciados por género no implica un criterio de discriminación. Es justo al revés.
Pero por esa lógica inversa, la propuesta que hice de contar con anexos transversales para la observación del gasto público a favor de distintos grupos sociales en riesgo de vulnerabilidad no se aprobó. Pretendía que el gasto sobre esas poblaciones fuera visible de manera concreta y tuviera un diagnóstico en el que se identificaran y desarrollaran sus problemáticas y necesidades estableciendo indicadores para su seguimiento y evaluación en una plataforma de observación pública en tiempo real y datos abiertos.
Para los cambios en el anexo de mujeres -lo celebro- encontramos eco. Para los recursos a favor de la diversidad sexogenérica hubo respuesta luego del histórico amparo de representantes de las poblaciones LGBTIQ+
Pero hay que preguntarse todavía si cumplir con un recurso focalizado pero insuficiente y mantener gastos administrativos y gubernamentales desproporcionados no significa también una violación de derechos. En Guanajuato dinero hay, y mucho se gasta sin observación y sin discusión.