La iniciativa nacional conocida como 3 de 3 contra la violencia de género fue puesta a prueba esta semana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al revisar la constitucionalidad de las reformas electorales hechas ya en Nuevo León y Yucatán.
Tales reformas consisten, básicamente, en añadir a los llamados requisitos electorales negativos -los que quien se postula no debería ser o tener- tres condiciones indispensables: (1) no ser una persona que violente mujeres en el ámbito político por razón de género, (2) no ser una persona con una sentencia por violencia familiar o por haber cometidos delitos sexuales, y (3) no ser una persona deudora de alimentos a sus hijas e hijos.
Es cierto que en la conversación pública el tema ha destacado dos lecturas a favor de los derechos humanos, por un lado de las mujeres, y por otro, de las infancias y desde ahí se juzga o se prejuzga. Pero en la discusión de la Corte en el caso de Nuevo León, la ministra Margarita Ríos Farjat destacó un tercer punto que me parece fundamental para comprender la importancia de la reforma de manera integral.
Se trata también de mejorar la ética del servicio público.
La ministra lo explicó de esta forma: “los estados cuentan con libre configuración legislativa para procurar un perfil ideal de servidores públicos, y en este caso el Congreso de Nuevo León -de lo que puede observarse en la reforma- está procurando establecer una sociedad más cívica, cumplida y respetuosa por la vía de restringir el acceso a cargos públicos de personas violentas en contra de las mujeres o de su propia familia. Si bien la restricción que imponen aquí los artículos impugnados no erradicará por sí misma la violencia, sí tiene la clara incidencia en la educación cívica necesaria para acabar con esas conductas antisociales y procurar una mayor armonía social precisamente fincada en el respeto a la familia y a las mujeres.”
Es decir, que la reforma se constituye en un incentivo positivo para mejorar el servicio público porque se relaciona directamente con las aptitudes de cualquier persona para desempeñar los cargos de elección popular.
Por ello, la resolución de la Corte determinó que la medida es idónea para lograr el fin que se propone porque todas las acciones a las que refiere se relacionan con la comisión de delitos ya previstos por el Código Penal, es decir, que ya estamos de acuerdo como sociedad en que las conductas son reprochables, por más normalizadas que se encuentren en los hechos, lamentablemente.
Además, la medida es necesaria y proporcional, pues no debería permitirse que una persona que haya sido sentenciada por haber afectado los derechos de las mujeres y las infancias pueda ocupar espacios de poder y decisión pública. Lo que desde luego, es obvio. Así hemos construido el marco normativo aplicable a los perfiles del servicio público y aquí no cabe la excepción.
En la discusión del caso relativo a Yucatán, también el ministro Javier Laynez Potisek le dio este matiz a su argumentación, señalando que la reforma tiene una finalidad constitucionalmente válida relacionada con la profesionalización, efectividad y eficiencia del cargo público al que se aspira.
Pero es cierto también que en la conversación pública, los inconformes con la iniciativa destacan de la reforma solo el aspecto feminista y al parecer lo que significa para determinados aspirantes. Extraña, por ejemplo, que haya sido la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos la promovente de las acciones de inconstitucionalidad que llegaron a la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué?
Aunque, por cierto, en Guanajuato es perfectamente justificable la reforma.
En nuestro Estado el 68% de las mujeres reporta haber sufrido algún tipo de violencia y de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Tan solo de enero a noviembre de 2022 se registraron 8 mil 118 llamadas de emergencia relacionadas con estas violencias.
Según los datos de la Fiscalía General del Estado el 88% de los casos de violencia de género habían tenido lugar en el ámbito familiar, mientras que el Secretariado Ejecutivo registra 13 mil 274 denuncias específicas sobre violencia familiar.
De acuerdo con datos de las investigadoras Góngora, Vázquez y Flores (IEEG, 2021), en el pasado proceso electoral 6 de cada 10 candidatas padeció violencia en algún momento de su vida y 4 de cada 10 en la búsqueda de su candidatura en precampaña o ya en campaña.
Durante el 2022 se registraron 2 mil 881 denuncias de los tipos de violencia cometidos conta la libertad sexual de las mujeres en Guanajuato, un 16% más que el año anterior. Sin considerar la cifra negra, desde luego.
Y desde la perspectiva de derechos de las infancias, a pesar de que solo 6 personas han sido inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios, las cifras del Secretariado Ejecutivo indican que en Guanajuato el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar de los padres es mucho mayor y va al alza, llegando a 2 mil 200 casos el año pasado. En la realidad, si hacemos una estadística honesta tan solo de familiares, amigas y conocidas, tendríamos una aproximación más dura a la cifra.
Ninguna las 3 nuevas cualidades pedidas para acceder al poder público y político en Guanajuato es menor ni es injustificada.
Desde marzo de 2022 en Guanajuato fue presentada esta iniciativa 3 de 3, que impulsamos desde la #BancadaFeminista y por supuesto que beneficiará a las mujeres guanajuatenses en general, a las hijas e hijos de los morosos alimentarios, pues para postularse deberán cubrir sus obligaciones -que por principio ni siquiera deberían haber llegado a tribunales-.
Pero también mejoraría el servicio público y la ética del funcionariado dedicado a empatizar con las problemáticas ciudadanas para poner soluciones a sus demandas y al reconocimiento de sus derechos. Y por eso me pregunto ¿quién podría negarse a ello?