El estado de Guanajuato y sus autoridades estatales, se han caracterizado a lo largo de 30 largos años, en hacer grandes cambios a las políticas públicas de la entidad. Desde luego que, la marca GTO, se ha distinguido en ser diferente, en las formas de hacer gobierno y que, las buenas prácticas, en el ámbito del poder legislativo y judicial, han sido motivo para que muchas entidades federativas copien el modelo guanajuatense. Nuestra entidad, ha sido y sigue siendo, modelo en el contexto nacional de excelentes políticas gubernamentales.
Sin embargo, no quiere decir, que todo ha sido perfecto o impecable. ¡De ninguna manera! Hemos tenido malas prácticas de gobierno en el ámbito estatal, ni que decir en los gobiernos municipales, donde la corrupción ha permeado y sigue permeando, ante la indiferencia de las autoridades estatales y municipales, encargadas de combatir la corrupción. No se diga, de aquellos gobiernos municipales, del mismo partido político que gobierna en el estado. No tenemos, a ningún político en la cárcel, derivado de su conducta ilícita, a lo máximo, inhabilitaciones administrativas de funcionarios públicos menores y listo.
Pero bueno, siempre vinculamos la corrupción y las conductas delictivas con los funcionarios públicos, de cualquiera de los niveles de gobierno (municipal, estatal o federal). Y casi nunca hablamos, de la corrupción que practica la iniciativa privada, cuando busca un contrato de servicios o de obra pública en el ámbito de gobierno. Parecería que siempre los malos, son los funcionarios públicos y los empresarios son los buenos. ¡No! No es así. Tan corruptos son unos, cómo otros.
La corrupción es la acción y efecto de corromper, esto es, el proceso de quebrar intencionalmente el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente, para beneficio personal. Por lo que, es un tema de DOS partes. Siempre, siempre se necesita la participación y colaboración de dos partes (público-privado) y (privado-privado). La corrupción está en todas partes. Por supuesto, que la iniciativa privada, no está exenta de estas prácticas.
Y uno de los ámbitos privados más oscuros y corruptos, es el ejercicio profesional del Derecho. Yo soy abogado y por ello, tengo el conocimiento de lo que digo. Aunque no lo fuera, la sociedad sabe que lo citado, es verdad. Tristemente, nos persigue a todos los abogados, la percepción social, de que todos somos corruptos. Y no es así, lo aseguro. Si bien es cierto, que un gran número de litigantes son asiduos practicantes de malas conductas, no todos lo somos. Dentro del mundo profesional de los licenciados en Derecho, se encuentra un selecto grupo de abogados, que son Notarios Públicos.
Las malas prácticas de los Notarios Públicos en Guanajuato, no son nuevas. La corrupción de los Notarios siempre ha existido y todos o casi todos, sabemos quién o quiénes, realizan prácticas indebidas en el ejercicio de su profesión. En los 46 municipios del estado, hay fedatarios dispuestos a complacer a sus clientes, a cambio de una jugosa cantidad de dinero, para quebrar la ley. Cuando estás conductas corruptas de parte de los Notarios Públicos se multiplican, la autoridad estatal intervine y cancela o revoca el permiso que tienen los notarios para actuar. Le corresponde a la Secretaría de Gobierno del estado de Guanajuato, a través de la Subsecretaria del Ramo y está por medio de la Dirección General de Notarias, intervenir y sancionar a los corruptos Notarios Públicos.
Es de aplaudir al actual gobierno del estado, concretamente a la Titular de la Secretaría de Gobierno, su participación atinada y permanente en los casos, cada día, mayores de actuaciones jurídicas indebidas de los titulares de Notarías Públicas, que lesionan el interés privado de sus clientes. En todos los casos de los Notarios Públicos sancionados, es conocida su actividad ilícita, del ejercicio de su profesión. Son verdaderos delincuentes de cuello blanco.
Pero los Notarios Públicos, no actúan solos. Siempre o casi siempre, sus actuaciones vienen acompañadas de solicitudes indebidas de corruptos abogados, que solicitan sus servicios para que “todos ganen”. Por lo que, la iniciativa del legislador Miguel Ángel Salim Alle, para meter a la cárcel, aquellos notarios que simulen operaciones, tiene que abarcar la complicidad (que también es delito), de los abogados o personas físicas o morales (sus representantes legales), en dichos trámites.
Es muy sencillo identificar las solicitudes indebidas que realizan los Notarios Públicos, ya que, siempre son solicitadas, por una persona determinada, sea su representante jurídico (abogado) o bien, por el interesado directo. Es cuestión de voluntad política, para ir al fondo del grave problema de la corrupción, que azota el gremio del ejercicio profesional del Derecho y es hora, de reivindicar a los buenos abogados.
¿No cree usted?
Dr. Carlos Díaz Abrego