Ya en otras ocasiones, en este privilegiado espacio de opinión, hemos tenido la oportunidad de tocar lo relativo a la importancia de los Sistemas Nacional y Estatales de Seguridad Pública y Justicia Penal, haciendo especial referencia a la necesidad de que las instituciones que los conforman funcionen de manera adecuada y sólida pero, aún más, que funcionen coordinadamente, de manera que se pueda hablar de la conformación de un sistema como tal y no únicamente de que cada instancia del mismo lleve a cabo sus funciones o tareas de manera aislada e individual. Hemos señalado que solo de esa forma es como vamos a poder aspirar a generar los resultados en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia y reinserción social, con esquemas virtuosos y eficientes de participación ciudadana.
En esta oportunidad quiero hacer especial referencia a las funciones que tienen las Fiscalías Generales – de la República y de los Estados – como parte indispensable del sistema de seguridad pública y justicia penal. Las Fiscalías tienen a su cargo la función del Estado denominada “procuración de justicia”, que no es otra cosa que la de iniciar y desarrollar las investigaciones por hechos que la ley penal considera punibles, es decir, investigar esas conductas exteriorizadas por parte de personas que se colocan en los supuestos de hecho que describen los Códigos Penales como delitos, con la finalidad de que no queden impunes – sin consecuencia jurídico penal (pena) – y de que las víctimas y ofendidos por esas conductas delictivas sean resarcidas de los daños que se les hubiesen ocasionado, lo que se conoce como reparación del daño.
Sin la actuación de las Fiscalías, que son las instituciones a cargo de la función del Ministerio Público, no sería posible aplicar a quienes han cometido un delito, las consecuencias de sus actos, de manera que todo sería impunidad y cualquier persona podría dañar a sus semejantes sin que se le llamara a cuentas por ello y sin que se le impusieran las penas o medidas de seguridad como consecuencia, pero también sin que se les obligara a reparar el daño causado por su conducta, de forma que, quien lo hubiese sufrido, se quedaría en la imposibilidad de obtener una reparación, lo cual evidentemente llevaría a la barbarie, al caos total, a la incivilidad absoluta y al regreso a la ley del talión, serían los particulares quienes tendrían que actuar por cuenta propia para recuperar lo perdido y en venganza por la agresión sufrida, algo muy parecido a lo que ahora ocurre entre los grupos de la delincuencia organizada que, al encontrarse completamente fuera de cualquier norma civilizada, actúan por cuenta propia y ejercen los actos más atroces en contra de quienes consideran sus enemigos.
El trabajo que desempeñan las Fiscalías, por conducto de los Agentes del Ministerio Público que dirigen las investigaciones de los posibles delitos que les son denunciados, con el apoyo de todo un contingente de personal administrativo de apoyo y con el respaldo en las labores de investigación científica, tecnológica y profesional, de la Policía de Investigación, los Servicios Periciales o Forenses y los Analistas de Información, permiten esclarecer los hechos que se hacen de su conocimiento por parte de los ciudadanos que presentan denuncias o querellas cuando consideran que han sido afectados en sus bienes jurídicos más preciados como la vida, la salud, la libertad, el patrimonio, la libertad sexual, la familia, la administración pública, la seguridad del estado, entre otros bienes jurídicos que la norma penal protege de las agresiones más graves perpetradas por personas físicas y jurídicas, para mantener el orden social y la armonía de la convivencia en comunidad como principios básicos.
Las Fiscalías – el Ministerio Público – tienen ante sí, justo en este momento histórico de la vida institucional del país, uno de los más grandes retos que jamás se le haya presentado a una institución pública, con una autonomía en ciernes que requiere de mucho esfuerzo y voluntad política y social para su fortalecimiento (para lo cual todos los poderes del Estado deben aportar y asumir la parte que a cada uno corresponde), pero además, ante la monumental encomienda de hacer funcionar un sistema procesal penal de corte acusatorio y oral, diseñado para las sociedades más avanzadas del planeta, en medio de una crisis sin precedentes en materia de seguridad y violencia, con los índices más altos nunca antes registrados en lo que se refiere a corrupción e impunidad, la tarea es de dimensiones descomunales, lo que pone al desnudo la apremiante e ineludible responsabilidad de visibilizar el tamaño del problema y actuar en consecuencia, sin sesgos ni miramientos, sin aplazamientos ni demora, con determinación y firmeza, en coordinación plena y sumando todos los esfuerzos habidos, no se puede permitir en estos momentos que nadie reme a otro ritmo o en otra dirección, todos debemos hacerlo juntos y la participación ciudadana juega en ello un papel determinante y contundente, la exigencia en la rendición de cuentas no puede seguir haciéndose esperar.
Hoy más que nunca se le debe tomar la palabra a los gobiernos que están tomando el toro por los cuernos, que más allá de cualquier circunstancia política o coyuntural, afrontan la problemática y la enfrentan con valentía, dispuestos a impulsar y fortalecer a las instituciones sin limitaciones de fuero o de cualquiera otra índole, hoy necesitamos un verdadero blindaje de seguridad con estrategia y a toda costa, entendiendo el valor de la coordinación y de la suma de voluntades, no podemos dejar de aprovechar las oportunidades, sino acudir al llamado y actuar con decisión y coraje.