León, Guanajuato.- ¿Se acaba la transparencia en Guanajuato?
La pregunta no es exagerada ni retórica. En los hechos, el organismo que durante más de dos décadas fungió como árbitro autónomo entre la ciudadanía y el poder público está siendo apagado. Se trata del IACIP, cuya desaparición ya fue decretada y cuya agonía legislativa se ha extendido durante todo 2025.
Aunque el instituto no ha desalojado oficinas ni ha cerrado formalmente sus puertas, su extinción ya está consumada en el plano constitucional. Lo que resta es un proceso de armonización legal que, de no cumplirse en tiempo, dejaría a Guanajuato en una zona gris respecto a quién garantiza, revisa y obliga a cumplir la transparencia.
Te podría interesar
Una extinción anunciada desde el Congreso
El principio del fin comenzó el 3 de abril de 2025, cuando el Congreso de Guanajuato aprobó la minuta de reforma constitucional federal conocida como de “simplificación administrativa”. Dicha reforma abrió la puerta para extinguir organismos constitucionales autónomos, entre ellos el IACIP, bajo el argumento de reducir estructuras y concentrar funciones.
Días después, el 10 de abril, Morena presentó formalmente una iniciativa para extinguir al IACIP y transferir sus facultades a la Secretaría de la Honestidad, replicando el modelo federal que desapareció al INAI. El 8 de mayo, el mismo grupo parlamentario insistió con otra reforma constitucional bajo el mismo discurso de “simplificación”.
En contraste, el 22 de mayo, PAN y PRD propusieron una vía distinta: aceptar la extinción del IACIP, pero sin concentrar la transparencia en el Poder Ejecutivo, planteando que cada sujeto obligado asumiera directamente sus responsabilidades a través de las unidades de transparencia ya existentes. La propuesta no prosperó en sus términos originales.
El decreto que sentenció al instituto
El 26 de junio de 2025, el Congreso aprobó la extinción del IACIP. El decreto entró en vigor al día siguiente y otorgó 180 días para armonizar la legislación local, plazo que concluye el 15 de febrero de 2026. Todos los bienes del instituto pasarían a la Secretaría de la Honestidad.
LEA TAMBIÉN: IACIP rinde su último informe tras 22 años de servicio a los guanajuatenses
El 15 de agosto, la reforma fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, confirmando que el reloj ya estaba corriendo. A partir de ese momento, el IACIP quedó formalmente condenado a desaparecer como órgano constitucional autónomo.
Renuncias, salidas y señales de cierre
Con el proceso avanzado, comenzaron las renuncias. El 30 de octubre, el comisionado Francisco Antonio Alejandro Rocha Pedraza presentó su renuncia con efectos a partir del 1 de diciembre. El 27 de noviembre, también se presentó la renuncia de la contralora interna del instituto.
Mientras tanto, el Congreso recibió dos iniciativas para crear una nueva Ley de Transparencia: una de Morena (4 de diciembre) y otra de PAN/PRD (18 de diciembre). Ambas reconocen la extinción del IACIP y plantean la creación de una nueva “autoridad garante”, aunque sin claridad plena sobre su naturaleza, autonomía ni capacidad real de sanción.
Transparencia sin árbitro claro
En este escenario, el IACIP sigue vivo de manera transitoria, pero ya sin horizonte. No se irá hoy ni mañana, pero su desaparición es inevitable una vez que se apruebe la nueva ley. Paradójicamente, para 2026 el Congreso todavía le asignó 64.7 millones de pesos, de los cuales más de 11 millones son para difusión institucional.
El problema no es solo administrativo. La preocupación central es política y democrática: la desaparición de un árbitro autónomo en materia de transparencia implica que las resoluciones, revisiones y sanciones dependerán de un modelo aún no probado, con menor independencia frente al poder que debe vigilar.
LEA TAMBIÉN: Analizan el futuro de la transparencia en Guanajuato; IACIP desaparece en diciembre
En el papel, el derecho de acceso a la información no desaparece. En la práctica, la pregunta sigue abierta:
¿quién obligará al poder a transparentarse cuando el poder sea juez y parte?
La transparencia en Guanajuato no muere de golpe, pero sí entra en una etapa inédita, sin el contrapeso que durante años incomodó a gobiernos, municipios y dependencias. El IACIP ya se está apagando.