Guanajuato.- Tras casi 6 meses de su captura, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el hijo de José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”, fundador y líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, fue liberado este martes.
Luis Antonio Yépez alias “El Monedas” salió de prisión este martes luego de que un juez anulará la prisión preventiva oficiosa que se le había impuesto, fue liberado junto a 2 miembros del cártel.
La Fiscalía General de la República (FGR) buscaba más cargos a los 3 presuntos delincuentes, sin embargo, no lograron encontrar más en su contra. El Mandatario señaló que se hizo una consulta en los 32 estados, pero no encontraron nada en contra del detenido y sus cómplices.
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Cabe mencionar que el pasado 7 de enero, “El Monedas” y sus 2 cómplices fueron detenidos por la Fiscalía de Guanajuato en coordinación con la FGR después de repeler una agresión, ya que estaban siendo investigados por portación de armas de fuego y posesión de droga.
El 17 de junio, los magistrados del tribunal colegiado en materia penal y administrativa en Querétaro les concedieron una suspensión provisional para dejar sin efecto la prisión preventiva, ya que la consideraron inconvencional.
Al día siguiente, la jueza María del Refugio Castañeda impuso medidas cautelares a los implicados, es decir que, tendrán que presentarse periódicamente a firmar al juzgado, pagarán una fianza, no podrán acercarse a los policías que los detuvieron, ni podrán salir del país.
Cereso 12 es multado por no liberar a tiempo al hijo de “El Marro” y sus cómplices
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) primero arremetió en contra de los jueces y magistrados y después reveló que la directora del Cereso 12 de Guanajuato, lugar en donde estaban recluidos los 3 presuntos delincuentes, incumplió la orden de liberarlos en un plazo de 24 horas.
De esta forma, la directora recibirá 3 multas de 200, 400 y 600 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
El titular de la SSPC, Luis Rodríguez Bucio aclaró que la orden no había sido ejecutada porque el Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social consultó a la FGR y los 32 estados si contaban con otros procesos o sentencias pendientes por cumplir por parte de los detenidos, esto tardó 24 horas más de las que estaban autorizadas.
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