Guanajuato.- Sobre el proceso de investigación que se les sigue a 7 universitarios, tras la denuncia interpuesta por la Universidad de Guanajuato (UG), la Máxima Casa de Estudios informó, a través de un comunicado, que respeta las derechos humanos y la libertad de expresión de sus estudiantes, aunque determinó demandar los hechos ante las autoridades por los daños que sufrió su patrimonio para que se deslinden responsabilidades.
Así lo hace saber en su comunicado oficial:
“En los últimos días, ha circulado información relacionada con el desarrollo de un proceso de investigación por el probable delito de daños a edificios públicos y bienes con valor artístico de la Institución. Al respecto, la Universidad de Guanajuato expresa su respeto a los derechos humanos de todas las personas, especialmente, al derecho a la libre expresión y a la manifestación, particularmente, de quienes conforman nuestra comunidad”.
Y agregó: “Como institución educativa, nos corresponde fomentar el pensamiento crítico y constituir un espacio para el diálogo y la construcción de acuerdos en un contexto de libertad, justicia, objetividad, tolerancia, empatía, respeto y corresponsabilidad”.
Señala que la UG es depositaria de un patrimonio histórico y cultural cuya riqueza constituye un valioso legado de gran relevancia para las actuales y futuras generaciones por su valor histórico, cultural y arquitectónico, pero además “en virtud de que muchos de sus bienes constituyen un referente de identidad para la comunidad universitaria y para la sociedad. Por esa razón, como institución pública de educación, tenemos el deber de preservarlo y difundirlo”.
Recordó que entre septiembre y octubre del año pasado, las instalaciones de la Rectoría General, y de otras áreas de la administración general de la Institución, fueron retenidas por un grupo de estudiantes para que se atendieran demandas que se concretaron en un pliego petitorio que fue suscrito por las autoridades universitarias el 2 de octubre de 2023, al cual se ha dado puntual seguimiento apegado a la legalidad.
Reconoce la UG que las instalaciones fueron entregadas a las instancias universitarias correspondientes bajo la exigencia del grupo de estudiantes de que la Institución no tomara ningún tipo de represalias en su contra, lo cual, se afirma, que no ha ocurrido, ya que “la Universidad de Guanajuato no ha realizado ninguna acción encaminada a reprimir o inhibir el ejercicio de derecho alguno”.
Al considerar que una vez recibidos los espacios universitarios retenidos se encontró que existian múltiples daños al inmueble, así como a diversos bienes muebles de la Institución con importante valor institucional y social:
“La Universidad tiene el deber legal de hacer del conocimiento de las autoridades competentes dichos daños con la finalidad de deslindar las responsabilidades correspondientes. Por ese motivo y tomando en consideración que algunos de los probables delitos cometidos son de persecución oficiosa, se iniciaron diversas carpetas de averiguación que actualmente se encuentran en conformación y sobre las cuales, en apego a los principios del debido proceso, no es posible brindar más información sino hasta que concluyan las investigaciones”.
.Enfatiza la Casa de Estudios que se mantendrá pendiente del desahogo de los procesos respectivos con la finalidad de contribuir a garantizar que se desarrollen en irrestricto respeto a los derechos humanos de las personas involucradas, así como en el marco de la legalidad.
Y agrega finalmente:
“Expresamos de manera categórica que estas acciones de ninguna manera están motivadas por un ánimo represivo, sino por el cumplimiento de un deber legal de la Institución que no debe soslayarse en consideración a la misión universitaria de contribuir a la construcción de una sociedad más libre, justa y democrática”.
Las investigaciones
.Al respecto, el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre denunció por daños al patrimonio artístico e histórico de la Universidad de Guanajuato (UG) y aseguróque “no se está criminalizando, se está investigando”, sobre la querella contra 7 universitarios que participaron en la toma de la Rectoría en 2023.
“Se denunciaron los daños que eran evidentes en varios recintos y se inició la carpeta correspondiente”, explicó.
Y agregó que la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto investiga la denuncia.
Los hechos
Del 11 de septiembre al 3 de octubre del 2023, alrededor de un centenar de estudiantes tomaron la Rectoría el 11 de septiembre de 2023, para exigir transparencia en el proceso de designación del nuevo rector.
Al ser liberadas las instalaciones, la nueva rectora Claudia Susana Gómez López firmó un acuerdo con los universitarios donde se comprometió a que no habría represalias contra los estudiantes.
Por lo anterior y luego de la querella que se investiga contra los estudiantes involucrados en los daños al inmueble, el 15 de febrero, el Poder Judicial notificó a 7 universitarios que habrá una audiencia el 30 de abril porque están imputados por el delito de daños.
Del centenar de universitarios que participaron en la toma de la Rectoría sólo están imputando a Valeria López, Armando Herrera, Ignacio Morales, Alonso Díaz, Rodrigo Rivera, Desiree Vázquez y Frida Trejo.
Interviene el Congreso del Estado
En el Congreso del Estado de Guanajuato se presentaron dos puntos de acuerdo en los que se exhortó a la rectora Claudia Susana Gómez a que deje de criminalizar a sus universitarios.
Ante el pleno del Congreso, los estudiantes investigados realizaron una protesta por las acciones legales en su contra.
Señalaron que el estado de derecho que pregona la UG no reconoce la libertad de expresión “porque censura y pretende encarcelar a quienes piensan distinto”.
Por todo lo anterior, es por lo que la UG envió el comunicado aclaratorio que mencionamos al principio de esta información.