San Francisco del Rincón.- José, de 44 años, había sido llevado a barandilla por una acusación de violencia doméstica. Policías municipales fueron por él a su casa la noche del jueves 28 de septiembre y se lo llevaron detenido, en lo que la persona afectada presentaba la denuncia correspondiente. Sin embargo, poco después fue encontrado muerto en uno de los separos.
Como los hechos ocurrieron mientras el ahora fallecido estaba bajo la custodia de la autoridad, se abrió una investigación para esclarecer la forma en que se dieron. José fue encontrado sentado en el suelo, pero suspendido de la reja. La Policía Municipal no informó que objeto utilizó para atárselo al cuello, o si hubo un descuido en caso de que le hubieran dejado las agujetas o el cinturón.
De acuerdo con el parte de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad municipal, a las 19:59 horas del jueves en el edificio de esa dependencia, en la calle Abril de la colonia Purísima Concepción, en el área de barandilla se reportó que uno de los detenidos estaba suspendido de los barrotes. Se solicitó una ambulancia y al llegar la unidad de Protección Civil los paramédicos continuaron las maniobras de RCP iniciadas por el médico de barandilla, para preservar y priorizar la vida de la persona.
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Posteriormente los paramédicos de una ambulancia del SUEG determinaron a las 20:20 horas que José ya no tenía signos vitales.
Por estos hechos, se implementó el protocolo de primer respondiente y se informó a la Fiscalía General del Estado.
Presuntas violaciones de derechos
Casos similares han sido investigados y sancionados por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, en los que se evidencia la culpabilidad de la autoridad a cargo. “Violación de los derechos de las personas privadas de la libertad, en la vertiente de insuficiente protección de las personas”, es la descripción de estos casos.
Ese señalamiento parte de la responsabilidad que adquiere el Estado al privar de la libertad a una persona, puesto que ya la Corte interamericana de Derechos Humanos ha establecido que en estos casos, correspondientes a la institución total que es la prisión, ya que los actos de autoridad relativos traen consigo la sustracción del sujeto del medio libre en el que se ha desenvuelto y su colocación en un medio totalmente distinto, en el que cada acto de la vida del interno se halla sujeto al control del poder público.
Al momento de la detención, el Estado asume un control total sobre el individuo (institución total), lo cual no solo incluye la privación de su libertad, sino que también se asumen todas las garantías de protección de sus derechos que no hayan sido restringidos, como el de salud, o en este caso, la vida.
En un hecho similar, como antecedente, ocurrido en Moroleón, la PRODHEG emitió una recomendación a la autoridad municipal en la que, entre otras cosas, indicaba que debería hacerse una revisión médica a los detenidos, además de habilitar servicio médico las 24 horas los 7 días de la semana. Además, establecer un protocolo para prever, atender y erradicar el suicidio en áreas de separos policiacos.
Otro evento semejante ocurrió en Salamanca en febrero de este año, tras lo cual la autoridad municipal debió presentar una disculpa pública e indemnizar a los familiares del fallecido.