León.- En julio pasado, María, una joven mamá, acudió a una agencia automotriz en el parque Hidalgo con la intención de estrenar vehículo. Le gustó una camioneta seminueva a un precio que le pareció accesible, así que vendió su auto anterior, de la misma marca, y pidió que le dieran opciones de financiamiento.
En la propia agencia le recomendaron una empresa que le daría financiamiento por los 176,000 pesos. Había que dar enganche del 20 % y una comisión por apertura, en total 59,000 pesos. Lo doloroso vino después, cuando le fueron poniendo una serie de costosos requisitos, con amenazas y engaños, que la han hecho gastar mucho más de lo acordado.
La financiera es “SAC Soluciones alternativas para tu crecimiento. Auto Progressive México”. Así se anuncian en su página de internet.
“Me otorgaron el financiamiento por 176,000 pesos, para la compra de una unidad usada, con un año de seguro incluido, con un enganche del 20 por ciento más comisión por apertura, dando un total de 58,750 pesos”, relata María.
“Ya que les deposité, me dicen que al día siguiente pagan la unidad y que a las 3 de la tarde me la entregan, es ahí donde empieza el infierno”.
Así comenzó... y no ha acabado
Llegando la hora pactada para la entrega de la unidad, a María le dicen que falta el pago del seguro, pero ella les responde que al contratar le ofrecieron que ellos pagarían la póliza por un año. Lo que no le habían dicho “porque se equivocaron”, fue que el que la empresa cubriría sería hasta el cuarto año del contrato.
Admitieron su error al no haber aclarado, pero no lo enmendaron. Por el contrario, le advierten que pueden demandarla si no cumple con lo que dice el contrato, y en este no especifica cuál sería el año que ellos paguen el seguro. De forma verbal, asegura María, le dijeron que sería el primero.
En fin, para no demorar la entrega del vehículo, ya que por su trabajo le es indispensable la unidad, María consigue los 8,000 pesos que cuesta la póliza por dos años. Le reciben el pago pero no le presentan la póliza, le dicen que “ya está todo bien” y la citan en la agencia automotriz para entregarle su camioneta el día siguiente.
Cuando María acudió ya lista para recibir su nuevo vehículo, una traba más: ahora le exigían el pago de un GPS por cinco años, a un costo de 13,000 pesos, y vuelve le amenaza: “Si no lo paga, la demandamos por incumplimiento”.
Este rastreador GPS no viene especificado en el contrato previo.
María desembolsa los otros 13,000 pesos y recibe, una vez más, la confirmación de que todo está finalmente en orden y listo para la entrega de la tan anhelada camioneta.
Sin embargo, faltaba una nueva sorpresa por parte de los representantes de “SAC Soluciones alternativas para tu crecimiento”: ahora la obligaban a pagar un seguro de vida por 5,000 pesos, tampoco especificado en el contrato. Otra vez, la amenaza: “Si no lo paga, la demandamos”.
Presionada e intimidada, María optó por dar por cancelado el contrato. Todos los hechos se habían desarrollado en cuatro días, y hay una cláusula que especifica que puede cancelar sin penalización dentro de cinco días naturales. Hizo ese trámite por escrito, pero no se lo recibieron. La amenazaron, una vez más, con que la penalización sería del 50 por ciento del monto a financiar, es decir, casi lo que ya les había dado.
María recurrió a la Procuraduría Federal del Consumidor, pero la canalizaron a la Condusef, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros , en espera de una solución. Ese organismo ya citó a comparecer a la empresa financiera, y a esta fecha María sigue esperando que le respondan, que le regresen su dinero o que le entreguen su vehículo.
CV