Celaya.- El 26 de septiembre de 1999, en una abarrotera de la Central de Abastos de Celaya, estaban almacenados de manera ilegal 4 toneladas de pólvora y artículos de pirotecnia, que a las 9:50 de la mañana comenzaron a incendiarse. El local donde los guardaban explotó estrepitosamente.
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Sobrevino poco después una segunda explosión, en un local contiguo, que ocasionó la muerte incluso de bomberos y socorristas que habían acudido para atender la emergencia.
El siniestro voló una manzana completa, y las escenas eran sobrecogedoras: personas mutiladas pidiendo auxilio, cuerpos aplastados bajo los escombros, quemados...
Murieron, de acuerdo con las cifras oficiales, 72 personas y más de 350 sufrieron heridas terribles. El gimnasio de la deportiva Miguel Alemán se habilitó como morgue; ahí fueron llevados todos los cadáveres y, según el entonces obispo Humberto Velázquez Garay, había cuerpos de más de 100 personas.
Prohibición y persistencia
Esa fecha marcó hondamente la historia de Celaya. Desde entonces, la pirotecnia está prohibida en la ciudad, como una tajante medida de prevención, pero también en memoria de los cientos de víctimas que arrojó ese siniestro, y cuyos sobrevivientes en su mayoría aún siguen padeciendo las secuelas.
A 23 años del hecho, aún quedan cuentas pendientes. El cronista de Celaya, Fernando Amate Zúñiga, recuerda que no existe el involucramiento en serio de los tres niveles de gobierno en cuanto al tema.
Por ejemplo, y pese a la prohibición, aún se siguen escuchando cohetes en diferentes partes de la ciudad, más en la periferia, y sobresalen en fechas como las recientes del Día del Grito. Aunque “ya no se sabe si son cohetes o balazos”, de acuerdo con el cronista.
Sin reparación del daño
Lo material quedó arreglado un año después. Luego de la remoción de escombros, que duró semanas, el gobierno de Guanajuato apoyó en la reconstrucción de los locales.
Los lesionados, así como viudas y huérfanos que dejó la tragedia, se unieron para luchar por indemnizaciones, peticiones que no han sido del todo atendidas. Se les apoyó para prótesis y medicamentos, pero no para intervenciones quirúrgicas que muchos siguen necesitando.
Hubo una sola persona detenida: Angélica Vargas Bocanegra, dueña de Abarrotera de Celaya, el lugar que almacenaba los explosivos.
El esposo, Ignacio Ojeda, era uno de los muertos en el siniestro.
La justicia condenó a la mujer a 10 años de cárcel, y ya está libre. Sin embargo, no hubo sentencia de reparación del daño, pues Angélica no tenía propiedades a su nombre; se agotaron las instancias penales y civiles y los afectados no obtuvieron indemnización.
CV