León.- La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PRODHEG) emitió una recomendación en la que resuelve que las policías municipales de Irapuato que participaron durante la marcha feminista del pasado primero de mayo sí incurrieron en la coartación de la libertad de expresión de las manifestantes, por lo que la alcaldesa Lorena Alfaro y la Secretaría de Seguridad Pública de Irapuato deben pedir una disculpa pública a las mujeres que fueron agredidas por policías.
Fue las primeras horas de este sábado cuando la PRODHEG emitió la recomendación derivada de los hechos registrados durante la marcha feminista que inició de manera pacífica pero terminó en un enfrentamiento con elementos de la Policía Municipal dejando como saldo varias mujeres lesionadas, al menos 28 detenidas y tres policías heridas.
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Alrededor de 300 integrantes de grupos de colectivos feministas como Irapuato Feminista, Brujas de Irapuato y familiares de víctimas de asesinato, feminicidio y desaparición forzada se reunieron para realizar una marcha por las calles principales de la ciudad para exigir justicia y seguridad, se congregaron afuera del Parque Irekua.
La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato inició el día de los hechos una carpeta de investigación de oficio bajo el numero de expediente 450/2022 y se llegó a la resolución de este caso y fueron agentes de la Policía quienes incurrieron en el
delito de la limitación de la libertad de expresión.
“Con su actuar, la autoridad señalada como responsable vulneró el derecho a la seguridad jurídica de las personas manifestantes, en la modalidad de restricción arbitraria de la libertad personal; pues sin que se actualizara la existencia de alguno de los supuestos convencionales, constitucionales y legales que deben aplicarse para restringir la libertad de forma justificada, detuvieron a las personas quejosas, privándolas de su libertad con motivo de su participación en una manifestación pública, de forma generalizada, y sin la individualización pertinente”, señala el comunicado.
Resaltaron que al no haber pruebas que avalen que no fueron realizados estos actos por parte de las uniformadas se llegó a dicha conclusión.
“En el caso concreto, la autoridad señalada como responsable no aportó evidencias para dejar constancia de que sus acciones se efectuaran de acuerdo a esos mandamientos; ya que en principio, la inspección derivó -como se dijo previamente- de una detención arbitraria de las personas quejosas; y por lo tanto, el efecto de esa violación primaria a los derechos humanos se traduce en la necesaria ilegalidad de la inspección practicada”.
Tras lo señalado, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PRODHEG) emitió una recomendación en se destacan que “se realice un acto en el que se ofrezca una disculpa pública a las personas víctimas, por parte de las personas titulares de la Presidencia Municipal y de la Dirección General de Policía Municipal de Irapuato, Guanajuato; donde se reconozcan los hechos y se acepte la responsabilidad de lo sucedido”.
Asimismo, se informó que se deben dar las instrucciones conducentes para que se otorgue a las personas víctimas atención médica, y se brinde atención psicosocial, de conformidad con los términos señalados en esta resolución.
Se pide también que se ordene el pago de una compensación a las personas víctimas por el daño causado, los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la violación de derechos humanos, de acuerdo a los términos señalados.
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Además, que se instruya a quien resulte competente, iniciar y/o continuar las investigaciones y procedimientos administrativos correspondientes, tomando en cuenta las pruebas y argumentos de la presente resolución, por las acciones y omisiones atribuidas
a las personas integrantes de la Secretaria de Seguridad Ciudadana Municipal.
Otra de las recomendaciones es que con el objetivo de garantizar que este tipo de hechos vuelvan a ocurrir, “se giren las instrucciones que resulten procedentes para que en un periodo máximo de noventa días naturales, se emita la normatividad derivada de la Propuesta General PDHEG/01/2021, emitida el 20 veinte de abril de 2021 dos mil veintiuno por la persona
titular de la PRODHEG; toda vez que dicha propuesta fue aceptada, pero a la fecha no ha sido cumplida”.
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Finalmente, que se impartan cursos integrales dirigidos a los elementos de la SSC, en los que se deberán considerar los estándares internacionales en materia de derechos humanos aplicables a manifestaciones públicas, y enfocarse en la erradicación de conductas que transgredan el derecho a la integridad personal de quienes participan en manifestaciones
públicas, y de las personas que se encuentran detenidas.
JP