A finales del año pasado, la diputada de Morena, Magadalena Rosales, presentó ante el pleno del Congreso del Estado una iniciativa para que se castigue hasta con tres años de cárcel a quien cometa conductas de discriminación en Guanajuato.
Este martes la Comisión de Justicia del Poder Legislativo le dio recepción a dicha propuesta para ser estudiada. Durante este análisis, la legisladora Magdalena Rosales enfatizó que Guanajuato, Nayarit y Baja California, son las únicas entidades que no incluyen en sus códigos penales la tipificación de discriminación como delito, aunque Nayarit y Baja California sí consideran la discriminación como agravante.
En el Congreso del Estado se debatió el tema. Pues Guanajuato, Nayarit y Baja California son los únicos estados en los que la discriminación no es un delito
Durante el desarrollo de esta sesión de la Comisión de Justicia, las diversas representaciones provenientes de la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado y del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, coincidieron en sus argumentos e indicaron que ya existen los mecanismos, así como la estructura gubernamental y jurídica para atender los actos de discriminación, por lo que con esta reforma al código penal del estado se estaría sobre regulando.
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Por su parte, la parlamentaria Magdalena señaló que aunque existen dichos instrumentos jurídicos, no se ha logrado detener este fenómeno de la discriminación, “y las estadísticas lo demuestran”, enfatizó.
“Del 2016 a la fecha ha conocido un total de 13 casos, de los cuales 10 fueron remitidos a la PDHEG por ser competencia de esta y el resto sí fueron atendidos por dicho consejo”, comentó la diputada de Morena.
Un reporte de la secretaría particular de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado, indica que del 2015 a la fecha se han registrado 44 casos y en solo 8 se ha emitido recomendaciones, 7 han sido remitidos al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y 5 a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el resto han sido desechados o no admitidos.
Finalmente, la Comisión de Justicia acordó establecer mesas de análisis de esta iniciativa con asesores de los diferentes grupos parlamentarios, así como representantes de las diferentes dependencias estatales y organismos autónomos.