Temis se quita la venda, porque imparcialidad no significa indiferencia. La justicia no puede limitarse a repetir fórmulas legales mientras el pueblo vive desigualdades profundas. No basta con decir que tenemos una Constitución garantista si en la práctica millones de personas no sienten su protección.
Este 1 de septiembre, nuevas ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación toman protesta. Su llegada no es solo un relevo institucional: es la oportunidad de inaugurar una nueva era de constitucionalismo en México.
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El país necesita una Corte que deje de ser percibida como distante y elitista, y que se convierta en un verdadero contrapeso democrático al servicio del pueblo. Una Corte que, con sensibilidad social, haga de la Constitución un documento vivo que defienda la dignidad de quienes nunca han sentido cercana la justicia.
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El reto es mayúsculo: transformar la impartición de justicia constitucional para que no se limite a expedientes y resoluciones técnicas, sino que atienda el dolor real de las víctimas, las demandas de comunidades históricamente marginadas y las luchas de millones de personas por la igualdad sustantiva. Esa es la verdadera oportunidad que representa el nuevo constitucionalismo: volver a poner a las personas al centro, y no solo a las élites del poder.
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La Corte frente a un momento histórico
En los últimos días se ha escuchado con fuerza una frase que condensa la magnitud del momento histórico: “la nueva Corte no tiene derecho a fallarle al pueblo de México”. Y es verdad. Porque el futuro del país también se define en los tribunales, más ahora que el Poder Judicial surge de un proceso de legitimidad democrática sin precedentes: por primera vez, jueces, magistrados y ministras fueron electos por voto popular.
El simbolismo de este momento no se agota ahí. Por primera vez en la historia, la presidencia de la Suprema Corte recae en una persona indígena: el ministro Hugo Aguilar. Este hecho marca un cambio profundo, pues rompe con siglos de exclusión y envía un mensaje poderoso: la justicia constitucional también debe reconocer las raíces y la diversidad de nuestro país. La memoria histórica se abre paso en el corazón mismo del máximo tribunal de la nación.
El reto del nuevo constitucionalismo
El desafío, sin embargo, es tan grande como la esperanza. El nuevo constitucionalismo no puede ser un eslogan, debe ser una práctica transformadora. La imparcialidad no significa neutralidad pasiva; significa actuar con firmeza para reparar desigualdades cuando el terreno no está parejo. Significa que los jueces no pueden convalidar injusticias disfrazadas de legalidad. Significa que la justicia debe ser pronta, completa e imparcial, como lo ordena la Constitución.
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Si el Poder Judicial logra asumir este compromiso, podremos decir, con esperanza, que la justicia tiene futuro. Porque una Constitución que protege al pueblo es la mayor garantía de libertad y dignidad. Y porque una Corte que escucha al pueblo es la piedra angular de un México más justo, igualitario y democrático.
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